Morena impulsará la primera Ley de Rentas Justas y concretará una Defensoría de Derechos Inquilinarios .

Por Luis Muñoz  

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) definió esta mañana cuáles serán las actividades que podrán realizar las personas acreditadas para observar el desarrollo de la jornada anticipada de opinión de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, especialmente lo relativo a personas en estado de postración y en prisión preventiva.

Este año, la jornada anticipada de opinión se realizará del 4 al 14 de agosto y en ella podrá participar la ciudadanía en general, la que reside en el extranjero, en estado de postración y prisión preventiva.

En un comunicado el IECM explicó que recabar la opinión de estos sectores de la población implica características específicas de operación, logística y supervisión, en tanto se realiza en domicilios particulares y centros penitenciarios. 

En ese contexto, el Instituto emitió el siguiente documento: 

“Personas observadoras electorales. Consideraciones para las Modalidades de Opinión Anticipada de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025”.

En el escrito se establecen los lineamientos que regirán la actuación de las personas observadoras, las cuales tendrán permitido presenciar el desarrollo de las actividades relacionadas con la emisión de la opinión anticipada en los centros penitenciarios, previa autorización expresa de la autoridad competente en materia de seguridad ciudadana y/o penitenciaria de la ciudad de México. Para ello deberán respetar los protocolos de seguridad y confidencialidad establecidos por el IECM. 

El documento añade que además de verificar que se cumplan los principios de legalidad, imparcialidad, equidad y certeza en las actividades de organización, desarrollo y recepción de las opiniones, podrán observar el uso correcto de los materiales electorales, la instalación de las Mesas Receptoras de Opinión (MRO) o su equivalente y la interacción del personal electoral con la ciudadanía. También podrán tomar notas, registrar observaciones y recabar información para elaborar informes de observación. 

Igualmente estarán facultadas para solicitar ante los órganos desconcentrados del IECM la información que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades, siempre que ésta no sea reservada o tenga carácter confidencial en los términos de la ley. 

En todo momento, según explica el IECM, deberán acatar las indicaciones del personal electoral y, en el caso de las actividades para recabar las opiniones de la ciudadanía en prisión preventiva, las restricciones que emitan las autoridades penitenciarias en materia de seguridad. Finalmente, las personas observadoras presentarán un informe de sus actividades ante el Instituto, en los términos y tiempos que determine el Consejo General. 

Por otro lado, destaca también que con el fin de salvaguardar el orden, la seguridad y los derechos de la ciudadanía participante, las personas observadoras no podrán interferir, intervenir, dirigir o realizar actividades propias del funcionariado electoral, como la entrega o recepción de formatos, orientación sobre la emisión de la opinión o manipulación de equipos. Entre los impedimentos también se encuentran externar ofensa, difamación o calumnia en contra de las autoridades electorales o penitenciarias. 

Tampoco podrán portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, posturas políticas o cualquiera de los proyectos específicos participantes en la Consulta 2025. Para ingresar a los espacios asignados para la observación deberán contar con la acreditación correspondiente, así como la autorización previa del IECM y de las autoridades penitenciarias o de seguridad. 

Subraya que también estará restringido para las personas observadoras realizar entrevistas o tomar fotografías, grabaciones de audio o video de las personas en estado de postración, en prisión preventiva, o del funcionariado, salvo que exista consentimiento expreso, siempre conforme a la normativa de protección de datos personales y derechos humanos. 

Y finalmente, tampoco podrán emitir opiniones o juicios de valor sobre los proyectos, las personas proponentes, las personas participantes o las autoridades responsables del proceso durante el desarrollo de su función.

MORENA IMPULSARÁ LEY DE RENTAS JUSTAS 

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México exhortó a los titulares de las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo a que implementen el Bando 1 propuesto por la jefa de gobierno Clara Brugada, con el afán de de incluir a todos los sectores y escuchar la mayor cantidad de posturas sobre el tema de la gentrificación.

El diputado Emilio Guijosa destacó lo anterior durante su participación en la conferencia La Chilanguera en el marco de los Diálogos contra la Gentrificación, impulsados por el Grupo Parlamentario de Morena y que incluirán a la iniciativa privada. 

El objetivo es, dijo, enriquecer el diálogo circular entre la ciudadanía, las organizaciones civiles, expertos, autoridades y el sector privado involucrado en el desarrollo inmobiliario.

Durante la conferencia dominical La Chilanguera, la vicecoordinadora de la Bancada de Morena, Brenda Ruiz, informó que será durante la primera semana de agosto cuando se incorporen los representantes de la iniciativa privada “a este diálogo circular para construir un consenso de manera conjunta” en torno a la vivienda asequible y adecuada, así como el desarrollo urbano de la Ciudad de México.

“Todos los sectores y voces involucrados serán escuchados; ninguna voz será excluida, pues la gentrificación es un fenómeno que ya impacta y nos seguirá afectando a largo plazo”.

Brenda Ruiz señaló que se trata de armonizar las necesidades específicas de vivienda social con las propuestas de los particulares para ampliar la oferta en la materia, al alcance de las personas trabajadoras”.

La legisladora recordó que el próximo foro se llevará a cabo este martes 22 de julio en la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, en la colonia Hipódromo Condesa.

El objetivo es hacer frente a la gentrificación y ofrecer una política pública de vivienda social con identidad y arraigo local a los capitalinos. El gobierno de la ciudad de México implementará el Bando 1.

El diputado César Guijosa explicó en qué consiste esta política pública de gran envergadura.

“Se trata de estabilizar rentas (que no aumenten por encima de la inflación), crear un Índice de Precios de Alquiler Razonable, regular las rentas temporales (Airbnb, entre otras); impulsar la primera Ley de Rentas Justas y concretar una Defensoría de Derechos Inquilinarios.

“Además, se fortalecerá la política social de vivienda, priorizando la producción de vivienda pública en la ciudad central y en las zonas de tensión inmobiliaria; se ampliará el programa de Mejoramiento de Vivienda, con énfasis en la línea denominada Vivienda Nueva Progresiva, que propiciará la ampliación de los espacios habitacionales existentes en los barrios populares y la creación de condominios familiares”, apuntó el legislador.

Por su parte, Paulo García exhortó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a sumarse a las acciones del Bando 1.

“Estas dos alcaldías concentran la mayor tensión inmobiliaria. En lugar de defender a capa y espada los intereses inmobiliarios, ambos deberían incorporarse a esta política pública de gran calado, a favor de las personas en necesidad de vivienda”.

Añadió que desde el Congreso capitalino la bancada de Morena impulsará una Ley de rentas justas, asequibles y razonables, lo que representará un paso significativo para la accesibilidad a la vivienda.

“Es un tema central y su discusión será histórica”, dijo.

*Periodista: lm0007tri@yahoo.com.mx

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