Siete detenidos en Edomex; manipulaban precios y comercio local. Secuestro exprés y extorsión, los delitos

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Siete personas fueron detenidas en el Estado de México durante el Operativo Libertad por su presunta participación en delitos de secuestro exprés con fines de extorsión. La acción, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se desplegó el lunes 21 de julio en coordinación con autoridades estatales.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que el grupo detenido manipulaba precios de productos básicos y materiales de construcción. Además, forzaban a los habitantes de varios municipios a consumir en comercios designados bajo amenaza.

Operativo Libertad: 14 municipios

Los aprehendidos fueron identificados como Eli «N», Jorge «N», Antonio «N», Alicia «N», Yareli «N», José Fernando «N» y Gonzalo «N». Entre ellos se encuentra una funcionaria municipal.

De acuerdo con José Luis Cervantes, fiscal general de justicia del Estado de México, la banda controlaba sectores económicos locales, limitaba la competencia y coaccionaba a comerciantes. Operaban de forma organizada con métodos intimidatorios.

Red criminal estructurada

El fiscal detalló que Yareli «N», regidora municipal, tiene vínculos con una organización criminal originaria de Michoacán. Su función consistía en operar desde el aparato público en beneficio del grupo delictivo.

Los detenidos imponían precios excesivos en productos esenciales, impidiendo que los consumidores recurrieran a otros puntos de venta. “Se trataba de un sistema cerrado que beneficiaba a ciertos comercios”, expuso Cervantes.

Control sobre alimentos y paqueterías

También controlaban la distribución de alimentos y materiales de construcción. En los municipios intervenidos, impusieron restricciones a empresas de paquetería y amenazaban a quienes intentaban introducir mercancía sin su consentimiento.

Los cateos se realizaron de forma simultánea en 14 municipios. Las autoridades inspeccionaron 52 establecimientos relacionados con la red criminal, donde también se detectaron indicios de delitos contra la salud.

Acciones contra la impunidad

García Harfuch subrayó que las detenciones forman parte de una estrategia nacional para desarticular estructuras de extorsión local. Afirmó que las investigaciones continúan para ubicar a más implicados.

El operativo fue resultado de labores de inteligencia desarrolladas en los últimos tres meses por la SSPC y la Fiscalía del Estado de México. Se contó con el apoyo de la Guardia Nacional y policías estatales.

Complicidad institucional detectada

Autoridades investigan si otros funcionarios locales participaron en la red criminal. La participación de una regidora ha motivado indagatorias adicionales para esclarecer el grado de colusión institucional.

De momento, los detenidos fueron trasladados a centros penitenciarios federales. Permanecen bajo investigación por delitos de secuestro, extorsión y asociación delictuosa, entre otros.

Investigación aún abierta

Las autoridades no descartan más detenciones en las próximas semanas. También evalúan las afectaciones económicas provocadas por la red en los municipios donde operaba.

Los operativos se desarrollaron sin incidentes. En algunos establecimientos intervenidos, se aseguraron documentos, equipos de comunicación y sustancias prohibidas.

Colaboración federal y estatal

El gobierno federal reiteró su compromiso con la seguridad de los municipios del Estado de México. Informó que continuará reforzando la presencia institucional en zonas vulnerables.

La SSPC confirmó que la red desmantelada tenía operaciones en al menos 14 municipios. El operativo forma parte de una segunda fase de intervenciones tras una primera etapa realizada en junio pasado.

Las autoridades consideran que los detenidos eran parte de una estructura más amplia con conexiones en otros estados. El uso de amenazas y control económico fueron los principales mecanismos de dominación.

Revisión de servidores públicos

Los órganos internos de control iniciaron procesos administrativos para revisar la actuación de funcionarios vinculados con los establecimientos asegurados durante la operación.

El fiscal Cervantes aseguró que las víctimas recibirán apoyo legal y protección. Reiteró que la Fiscalía mantiene abiertos canales de denuncia anónima para identificar a más implicados.

En los municipios intervenidos se instalaron puestos de vigilancia. La SSPC y policías estatales implementaron rondines y puntos de revisión para evitar el reagrupamiento del grupo delictivo.

Reacción de comerciantes

Representantes de cámaras locales señalaron que habían denunciado con anterioridad las prácticas coercitivas. Agradecieron la intervención y pidieron garantías para ejercer libre comercio.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas inició contacto con los afectados. Se ofrecieron servicios jurídicos, psicológicos y de acompañamiento en las denuncias.

Las autoridades adelantaron que en los próximos días se realizarán más acciones para localizar a posibles líderes del grupo. Las líneas de investigación incluyen vínculos financieros y nexos políticos. –sn–

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