Durante los últimos años, el Grupo Tabasco fue considerado la célula política más poderosa del país.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Desde la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador colocó a sus allegados en posiciones clave de la administración pública, bajo el supuesto de que la honestidad bastaba para transformar el gobierno. La experiencia se subordinó a la cercanía, y las consecuencias empiezan a aflorar.

El reciente anuncio de una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública en Tabasco de 2019 a 2024, abre una grieta en la narrativa de integridad que presumía el grupo. La acusación revela no sólo una gestión cuestionable, sino la fragilidad de un aparato construido sobre fidelidades personales y no sobre capacidades profesionales.

Adán Augusto López Hernández, ex gobernador de Tabasco y posteriormente secretario de Gobernación, hoy senador de la República, ha sido el rostro más visible del grupo. Su ascenso en la política nacional no puede explicarse sin su cercanía con el Presidente. La relación familiar e histórica entre ambos sirvió de palanca para abrir espacios a otros tabasqueños que, más allá de sus méritos, terminaron ocupando cargos clave.

El caso de Octavio Romero Oropeza, un ingeniero agrónomo al frente de Petróleos Mexicanos, generó críticas fundadas sobre su idoneidad para dirigir la empresa más endeudada del mundo. Hoy, el deterioro operativo de Pemex y su dependencia del presupuesto federal validan esas preocupaciones.

En el ámbito fiscal, Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto, fue colocada al frente de la Auditoría Fiscal Federal. Su vínculo con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, reforzó la idea de que el Grupo Tabasco funcionó como una red de poder político, donde las relaciones personales sustituyeron los procesos institucionales.

La falta de perfil técnico no se limitó a las cúpulas. Javier May Rodríguez, con estudios sólo de preparatoria y experiencia en gestión de programas sociales, fue puesto a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, responsable de obras de alta especialización como el Tren Maya. Su nombramiento expuso el desdén del gobierno federal por la preparación técnica cuando se trata de premiar la lealtad.

El propio presidente justificó estas decisiones al decir que el 90 por ciento del valor de un servidor público es la honestidad. Esa visión desprecia el conocimiento, la experiencia y la capacidad de gestión, y ha convertido al aparato público en un sistema vulnerable, donde errores graves se pagan con dinero público y con vidas.

Lo ocurrido con Hernán Bermúdez no es una anomalía, sino una consecuencia lógica de ese sistema. Su posible responsabilidad penal, más allá de lo que decidan los tribunales, exhibe que la honestidad no se garantiza con declaraciones ni con cargos de confianza, sino con controles eficaces y perfiles profesionales.

El problema no se agota en la esfera federal. Los gobiernos estatales y municipales reproducen esa lógica. En Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto, se consolidó una estructura de intereses bajo el escudo de la 4T. Hoy, esa estructura comienza a resquebrajarse, en parte por la presión judicial, pero también por el desgaste de una narrativa que ya no convence ni a sus propios seguidores.

A nivel local, el caso de Bermúdez pone en entredicho los controles internos de la administración pública estatal. ¿Nadie detectó las irregularidades en tiempo real? ¿El gobernador interino fue informado? ¿Qué papel jugaron los órganos de fiscalización y los congresos estatales en la supervisión del gasto y el ejercicio del poder?

El debilitamiento del Grupo Tabasco ilustra el límite de la política basada en el “me cae bien”. En algún momento, ese grupo funcionó como columna vertebral del proyecto presidencial. Hoy, su protagonismo se reduce a los expedientes judiciales, los cargos polémicos y las decisiones cuestionables en áreas estratégicas.

Es cierto que otros gobiernos también operaron con redes de compadrazgo. Sin embargo, la 4T ofreció ser diferente. La traición a esa promesa no solo decepciona, sino que pone en riesgo los avances reales que pudo haber logrado.

Los nombramientos deben responder al interés público, no a la lealtad personal. Cuando el mérito se subordina al afecto, el Estado se debilita, y la sociedad termina pagando los costos de una administración basada en vínculos afectivos y no en resultados verificables.

México merece un gobierno que no sólo predique la ética, sino que la practique con reglas, vigilancia y sanciones efectivas. El caso Bermúdez Requena, debe marcar un antes y un después en la evaluación del Grupo Tabasco y del modelo de gobierno basado en el “te conozco desde hace años”.

De lo contrario, más casos similares seguirán apareciendo, y con ellos, la erosión de un proyecto político que alguna vez prometió cambiar la historia del país. Por lo pronto, será que Adán Augusto López Hernández tiene sus días contados como líder del partido Morena en el Senado de la República? o, incluso, su vida política habrá concluido? Ya lo veremos.

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* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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