Red de comunicadores alerta por omisiones institucionales

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

A casi un año del inicio de la disputa armada entre facciones del Cártel de Sinaloa, integrantes de la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos exigieron a las autoridades asumir su responsabilidad constitucional para proteger a quienes ejercen el periodismo en contextos de violencia. Además, solicitaron que no se transfiera a la prensa la obligación de cuidar su integridad durante coberturas en zonas de riesgo.

De acuerdo con el pronunciamiento del gremio, se han presentado “situaciones extremas” donde reporteros enfrentaron riesgos graves, incluso antes de que llegaran los cuerpos de seguridad pública. Este escenario, expusieron, ha evidenciado un patrón de omisión institucional que pone en peligro la vida de los comunicadores.

Los hechos documentados ocurrieron en medio de enfrentamientos vinculados con la lucha por el control de territorios entre dos grupos internos del cartel sinaloense. En ese contexto, los periodistas reiteraron que su labor se mantiene independiente de los conflictos armados que afectan a la región.

Afirmaron que no corresponde a los medios ni a sus trabajadores suplir el abandono de las autoridades, ni cargar con la responsabilidad de hacer valer las normas jurídicas. El objetivo del gremio, precisaron, es garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.

Coberturas en riesgo

El gremio recordó que su trabajo resulta fundamental para la transparencia y la democracia, por lo que debe contar con garantías efectivas de libertad de expresión y acceso a la información. Además, reiteraron que el ejercicio periodístico cumple una función social insustituible.

Explicaron que la cobertura de los hechos violentos implica altos riesgos, sobre todo cuando las autoridades llegan tarde o se mantienen al margen de las zonas afectadas. En esos momentos, los comunicadores quedan expuestos a daños irreparables.

Frente a esa realidad, hicieron un llamado urgente para establecer mecanismos de protección que involucren a medios de comunicación, instituciones públicas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

También pidieron que las redacciones cuenten con políticas específicas de prevención y protocolos de seguridad para sus equipos, particularmente en los municipios con mayor presencia criminal.

Llamado a las autoridades

Los comunicadores insistieron en que las autoridades deben asumir la crisis de seguridad que vive Sinaloa y atender las demandas del gremio con prontitud y sin evasivas. Exigieron respuestas institucionales claras, no comunicados que sólo simulan atención al problema.

Propusieron que se activen mesas de trabajo entre los tres niveles de gobierno, medios de comunicación, fiscalías, fuerzas armadas y organismos civiles, con el propósito de generar rutas de acción y coordinación real durante operativos o coberturas de hechos violentos.

La red de periodistas lamentó que, en múltiples ocasiones, se haya ignorado su papel como observadores sociales y se les haya tratado como parte del conflicto. Recalcaron que su objetivo es informar, no intervenir en la violencia.

Además, expresaron su preocupación por el ambiente de hostilidad y criminalización que enfrentan quienes ejercen el periodismo en el estado. Denunciaron que esto vulnera derechos y afecta directamente a la ciudadanía que depende de la información.

Compromiso con la sociedad

En su mensaje, refrendaron su convicción de seguir ejerciendo un periodismo libre, responsable y comprometido con los derechos humanos. Subrayaron que la información confiable permite a la población tomar decisiones en contextos de emergencia y violencia.

La red también pidió a las instituciones educativas y sociales promover una cultura de respeto hacia los comunicadores, con el fin de disminuir el riesgo de agresiones o represalias. Señalaron que la desinformación y el silencio sólo fortalecen al crimen.

Finalmente, exhortaron a los poderes públicos a responder con hechos concretos y no con simulaciones políticas. Señalaron que se requiere voluntad real para frenar la violencia y crear condiciones seguras para informar desde el terreno.

Advirtieron que el tiempo se agota y que las consecuencias de la inacción institucional pueden ser irreversibles para quienes ejercen el periodismo. –sn–

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