Aspirante denuncia antecedentes penales y vínculos con criminales de candidata electa.

Por Martín García | Reportero                                      

Una impugnación llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La aspirante Luisa Amanda Rivero Espinosa solicitó anular el triunfo de Irlanda Pacheco Torres como juez de Distrito. Argumentó que su contrincante carecía de buena reputación y mantenía antecedentes que comprometían su elegibilidad.

Rivero Espinosa presentó un recurso legal en el que cuestionó la legalidad del nombramiento. Afirmó que Pacheco Torres enfrentó un proceso penal por fraude procesal y uso de documentos falsos. Aunque no fue condenada, reconoció los delitos y firmó un acuerdo reparatorio con la víctima.

En su petición, Rivero advirtió que la candidata electa se desempeñó como Directora General de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas. Durante ese cargo también actuó como abogada particular de Luis Erick Barajas García, supuesto miembro de La Unión Tepito. Alertó que permitir su designación establecería un precedente jurídico negativo en el sistema de justicia federal.

Relación con caso criminal

La decisión de la Sala Superior será votada este miércoles 30 de julio. La resolución se debatirá con base en un proyecto elaborado por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.

Implicaciones para la justicia
La aspirante sostuvo que esta situación vulnera la credibilidad del Poder Judicial. Criticó que se normalicen antecedentes que comprometen la integridad ética de quienes imparten justicia.

Recordó que la reforma al Poder Judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador busca eliminar la corrupción. Insistió en que la buena reputación es un principio fundamental, no un mero requisito formal.

“Sería un grave error permitir que una persona señalada por delitos graves llegue a un juzgado penal federal”, declaró. En entrevista, reiteró que el sistema de justicia debe priorizar la probidad, además del conocimiento técnico de los aspirantes.

Propuesta bajo análisis

Rivero Espinosa subrayó que la decisión que tome el TEPJF marcará la pauta para futuros nombramientos. Dijo que su impugnación busca preservar la legitimidad del sistema judicial y su función ética.

Explicó que permitir la llegada de personas con antecedentes oscuros a cargos clave afectaría la confianza ciudadana. “¿Qué certeza puede tener la sociedad si una persona así juzga delitos federales?”, cuestionó.

Expuso que, incluso si existió reparación del daño, los delitos no deben quedar sin consecuencias reputacionales. Argumentó que el acuerdo reparatorio no puede sustituir una evaluación ética profunda.
También advirtió que los vínculos con redes delictivas como La Unión Tepito requieren investigación, no normalización.

Exhorto a magistrados electorales

Por esa razón, Rivero Espinosa llamó a los magistrados del TEPJF a revisar con rigor el proyecto. Señaló que debe analizarse si la figura de buena reputación puede ignorarse en estos casos.

Explicó que esta no es una disputa personal ni un intento de desacreditar a un contrincante. Se trata, afirmó, de proteger la función constitucional de impartir justicia con integridad.

“Las juezas y jueces deben actuar con transparencia y ética incuestionables”, comentó la aspirante. También pidió revisar los antecedentes legales y administrativos de quienes aspiren al cargo.
Rivero cerró su postura indicando que el tribunal debe actuar con responsabilidad institucional y compromiso legal. –sn–

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