Habitantes denuncian extorsiones y detenciones ilegales en vía federal

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Vecinos del municipio de La Paz acusaron detenciones arbitrarias, extorsiones y abuso policial en la carretera México‑Puebla. Los casos involucran a elementos de la Policía Municipal y de Tránsito sin que se observen sanciones o controles por parte del Ayuntamiento.

La administración encabezada por Martha Guerrero Sánchez, quien asumió funciones en enero de 2025, no aplicó medidas visibles para frenar las prácticas denunciadas. Desde su toma de protesta el 8 de diciembre de 2024, Guerrero prometió un gobierno honesto y cercano.

Siete meses después, no se percibieron avances sustantivos. Las quejas vecinales persisten, en particular contra patrullas de tránsito que operan en la carretera federal, donde exigen dinero a cambio de liberar a conductores.

Los afectados aseguraron que se les detuvo sin motivo legal aparente. Señalaron que los agentes solicitan pagos en efectivo por infracciones inexistentes, sin levantar reportes ni informar sobre sus derechos.

Falta de control institucional

Además, las detenciones ocurren sin registro en video ni canalización al Ministerio Público. Las víctimas relataron que no recibieron explicaciones sobre las razones de su arresto ni garantías de audiencia.

Organizaciones civiles documentaron estos hechos como parte de un patrón sistemático de impunidad. Apuntaron que existe una aparente permisividad institucional ante prácticas policiales contrarias al estado de derecho.

Según testimonios, los operativos se realizan de manera constante durante el día, incluso frente a testigos. Las patrullas interceptan vehículos particulares sin identificarse ni exhibir orden de revisión.

La falta de protocolos en las detenciones evidencia un vacío en la capacitación y supervisión interna. A pesar de las promesas de renovación, no se percibe una ruptura con los métodos del pasado.

Sin respuesta del Ayuntamiento

A la fecha, el Ayuntamiento de La Paz no emitió un pronunciamiento oficial sobre estas acusaciones. Tampoco anunció acciones para revisar el comportamiento de sus policías o aplicar medidas correctivas.

En su campaña de transición, Martha Guerrero Sánchez aseguró que su prioridad sería erradicar la corrupción y garantizar la seguridad ciudadana con apego a los derechos humanos.

El contexto actual pone en entredicho sus compromisos públicos. Los pobladores consultados aseguraron que no tienen acceso a mecanismos de denuncia efectivos ni protección ante represalias.

Los operativos suelen centrarse en zonas de alto tránsito, especialmente en entradas y salidas hacia la autopista. Esta situación incrementó el temor entre automovilistas y transportistas locales.

Urgen revisión de mandos

Colectivos ciudadanos exigieron que se revisen las órdenes de operación de la Policía Municipal y se transparente la cadena de mando. Solicitaron que se sancione a los mandos que toleran estas prácticas.

Entre los casos documentados se encuentran detenciones sin notificación formal a familiares y cobros de hasta mil pesos por permitir la circulación. Las víctimas dijeron que no recibieron comprobantes.

Tampoco se encuentra habilitado un mecanismo independiente de supervisión. Las denuncias internas no tienen seguimiento ni retroalimentación visible para los denunciantes.

La administración municipal mantiene una página oficial de contacto, pero vecinos señalaron que los reportes enviados por ese medio no reciben respuesta.

Compromisos en entredicho

Pese a su discurso inicial de transformación, la gestión de Guerrero Sánchez arrastra señalamientos por opacidad en el gasto público y ausencia de resultados visibles en materia de seguridad.

La auditoría municipal iniciada hace semanas incluye observaciones sobre recursos etiquetados para capacitación y equipamiento policial que no se ejercieron.

Vecinos expresaron que la situación con los policías es uno de los temas que más afecta su vida cotidiana, al generar miedo y desconfianza en las instituciones.

Organizaciones como Red Ciudadana Anticorrupción advirtieron que el patrón detectado en La Paz podría replicarse en otros municipios con estructuras de seguridad débiles.

Sin intervención estatal

Hasta el momento, la administración estatal no intervino para revisar el funcionamiento de la corporación local. Tampoco se conoce si la Fiscalía ha abierto investigaciones de oficio.

Juristas consultados indicaron que las detenciones ilegales y cobros sin registro constituyen delitos graves que deben sancionarse con separación del cargo e incluso prisión preventiva.

Las denuncias contra la policía municipal no son recientes, pero se intensificaron tras el arranque del nuevo gobierno. El hecho de que persistan sin control exhibe una falla estructural.

Algunos afectados declararon que han optado por evitar circular por la carretera para no exponerse a estas detenciones, lo que afecta su trabajo o actividades escolares.

Exigen atención urgente

Colectivos de vecinos planean movilizaciones y bloqueos pacíficos si no reciben respuesta en los próximos días. Solicitan la intervención de la Contraloría municipal y la Comisión de Derechos Humanos.

De no frenarse los abusos, aseguraron que acudirán a instancias federales y organismos internacionales. Consideran que las detenciones arbitrarias constituyen violaciones graves a sus garantías individuales. –sn–

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.