Es prioridad garantizar la independencia judicial y erradicar el uso de pruebas obtenidas mediante tortura: GIDH

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-Magister” hizo un llamado a las autoridades judiciales del país para excluir de manera integral toda prueba obtenida mediante tortura u otras violaciones a los derechos humanos, en concordancia con los estándares internacionales de justicia

Su director, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández,  explicó que, “en un contexto de renovación profunda del sistema de justicia en México, es urgente que los jueces de control actúen como verdaderos garantes de los derechos fundamentales, desde las primeras etapas del proceso penal, verificando con rigurosidad la legalidad de las detenciones y garantizando que las personas procesadas accedan a procedimientos abreviados sin coacción, con pleno conocimiento de sus derechos”.

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, señaló que la tortura, además de estar absolutamente prohibida por el derecho nacional e internacional, “es una práctica aberrante que degrada la dignidad humana, destruye la integridad de las personas y contribuye a la fabricación de culpables, perpetuando la impunidad y el descrédito de las instituciones”.

Independencia judicial

Asimismo, recordó que el respeto a la independencia judicial es condición indispensable para controlar de forma efectiva a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, por lo que demandó que los jueces actúen libres de toda presión, amenaza o injerencia indebida, con la preparación técnica y ética que exige su función.

“El principio de exclusión de pruebas ilícitas debe ser un eje rector del actuar judicial, no una excepción”, subrayó Fierro Hernández, quien además celebró aquellas resoluciones judiciales que han protegido dicho principio y reconoció la adopción de políticas orientadas a erradicar la tortura del sistema de justicia penal.

En este sentido, el defensor del pueblo, hizo un exhorto a que los avances registrados en materia de derechos humanos y debido proceso no solo se preserven, sino que se profundicen y expandan. “El principio de progresividad exige que no haya retrocesos. La justicia no puede ser rehén del pragmatismo institucional ni de intereses políticos”, añadió el activista.

Prácticas inhumanas

El abogado postulante reiteró su solidaridad con quienes han sobrevivido a estas prácticas inhumanas, en especial aquellas personas históricamente vulneradas por motivos de apariencia física, nivel socioeconómico, género, origen étnico o nacional, entre otros factores de discriminación.

Finalmente, el GIDH “Lex-Magister” urgió a que cualquier reforma al sistema judicial y de seguridad en México contemple como prioridad la erradicación absoluta de la tortura, la profesionalización de las investigaciones y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas. –sn–

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