El Consejo Nacional de Nueva Derecha acusó a Clara Brugada de habilitar zonas de consumo de mariguana. Acusaciones por centros 4:20.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El Consejo Nacional de Nueva Derecha acusó a la jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de utilizar recursos públicos para habilitar y supervisar zonas de consumo de mariguana en espacios públicos, conocidas como “centros 4:20”. La organización afirmó que estas áreas, impulsadas por la mandataria capitalina, fomentaron la drogadicción y el narcomenudeo. Según su postura, la medida provocó un deterioro del tejido social y generó preocupación en comunidades cercanas.

Mediante un comunicado, el Consejo manifestó su rechazo a la existencia de toda una zona dedicada al consumo de mariguana en espacios abiertos de la capital. Señaló que el fomento de estas áreas impactó negativamente en los valores familiares y en la seguridad ciudadana. La postura incluyó el señalamiento de que la estrategia careció de un análisis de impacto social.

Aunado a ello, indicaron que estas acciones representaron un riesgo para la seguridad y la salud pública. Expresaron que la apertura de nueve centros, tres de ellos reubicados, se realizó sin tomar en cuenta la voz de los habitantes afectados. Según su declaración, los recursos invertidos podrían haberse destinado a obras con mayor beneficio comunitario.

“Nos oponemos no solo a la reubicación de tres centros 4:20, sino a que el gobierno habilite con nuestros impuestos espacios que fomentan la dependencia a sustancias”, afirmó el comunicado. En él, advirtieron que la existencia de estas zonas alentó el vicio y la vagancia, afectando directamente a las familias capitalinas.

Preocupación por denuncias ciudadanas

La organización cuestionó que, pese a denuncias ciudadanas por presunta venta de drogas ilícitas, el gobierno capitalino continuara habilitando estos puntos. Señalaron que esta decisión fue tomada sin un proceso de consulta vecinal. Además, criticaron la presencia del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) en dichas zonas.

Para el Consejo, la intervención del IAPA en estos lugares resultó contradictoria. Argumentaron que, lejos de prevenir adicciones, la medida legitimó el consumo público de cannabis. El comunicado indicó que esta situación debilitó las políticas de prevención que deberían prevalecer.

En su análisis, el organismo sostuvo que la habilitación de centros cannábicos no resolvió problemáticas de fondo. Por el contrario, afirmaron que fortaleció redes ilegales de venta y distribución. Consideraron que esto incrementó riesgos en sectores vulnerables de la población.

Asimismo, el Consejo resaltó que la ubicación de estos puntos, en zonas de alta afluencia, incrementó la exposición de menores al consumo de drogas. Para ellos, esta situación vulneró derechos y generó un retroceso en las políticas de protección a la infancia.

Propuesta de cambio legal

En este contexto, el organismo pidió un cambio a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esta normativa eliminó la prohibición absoluta del consumo lúdico de mariguana en el país. El Consejo propuso restablecer límites que eviten el consumo abierto en espacios públicos.

Citaron el “Estudio sobre las prácticas y preferencias de la regulación de Cannabis en México”, en el que se indica que más del 60% de la población rechazó el uso lúdico y la legalización del cannabis. Con base en esta estadística, argumentaron que la postura oficial contradijo la opinión mayoritaria.

Además, señalaron que la permisividad actual generó un marco legal ambiguo. Consideraron que esta situación provocó vacíos en la regulación, lo que a su vez complicó la actuación de autoridades locales y federales.

En su pronunciamiento, reiteraron que las zonas de consumo público afectaron la convivencia social. Para el Consejo, la medida debilitó las redes comunitarias que fomentaban actividades culturales y deportivas. –sn–

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