SN Redacción
Ante la promesa incumplida de que en julio llegarían los medicamentos oncológicos a los hospitales, pacientes y sus familias marcharon ayer en Paseo de la Reforma, en laciudad de México, bajo la consigna de: «Queremos Medicinas». «Tuvimos una plática con el gobierno, nos hablaron de su plan de trabajo, esperando que en julio llegara el medicamento, pero no llegó. Decidimos marchar porque no hay garantías de la llegada del medicamento y eso no se vale», lamentó Alejandro Barbosa, vocero de Nariz Roja, organización de la sociedad civil que apoya a pacientes oncológicos.
Mientras la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, disfruta de unas vacaciones en Europa, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) ordenó a tres periodistas ofrecerle una disculpa pública a la mandataria por considerarlos responsables de violencia política en razón de género, específicamente en su vertiente de violencia digital y mediática. A pesar de que los comunicadores apelaron esta resolución, la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el fallo, lo que obligó a los periodistas a cumplir con la orden de disculpa.
La Suprema Corte emitió tres criterios de jurisprudencia que protegen a periodistas, columnistas y articulistas frente a demandas civiles por daño moral, y que a partir de hoy son de aplicación obligatoria para todos los jueces en el país. Estas tesis que entran en vigor hoy derivan del caso del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdez contra el periodista Sergio Aguayo Quezada.
La Primera Sala del Máximo Tribunal del país definió las tesis 126/2025, 128/2025 y 127/2025, que señalan que las opiniones puras, juicios de valor no susceptibles de verificación, merecen protección constitucional siempre que traten temas de interés público; no bastará con alegar daño, sino que el demandante deberá probar falsedad y mala fe o descuido grave en la publicación que reclame por la vía civil; y que cuando las opiniones se apoyen en hechos, la protección se mantiene si existe sustento fáctico suficiente y diligencia en la verificación.
Un juez de Distrito ordenó a una institución bancaria desbloquear y restituir los fondos de la tarjeta de débito de un adulto mayor, a quien le prohibió el acceso a sus ahorros desde septiembre de 2024. Además, el togado dispuso el pago de los intereses legales correspondientes al periodo durante el cual el afectado no pudo disponer de su dinero. El Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Colima determinó que el banco actuó de manera indebida al bloquear el acceso a los recursos de su cliente por una supuesta falta de actividad en la cuenta, de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, sin considerar las limitaciones físicas del quejoso debido a su avanzada edad.
Organizaciones de la sociedad civil, colectivos, académicos y defensores de derechos humanos exigieron que se garantice el debido proceso al defensor de derechos humanos de migrantes Luis García Villagrán en la audiencia que se llevará a cabo hoy, en la cual le imputarán el delito de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de personas. Asimismo, solicitaron el cese inmediato de su criminalización, respeto al principio de presunción de inocencia y evitar narrativas o declaraciones que lo condenen antes de cualquier fallo judicial. Pidieron que la FGR y el Poder Judicial actúen con independencia, profesionalismo y estricto apego a derecho.
Un juez federal vinculó a proceso a Jareth Roberto Hernández Rojas por el asesinato del fiscal federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, atacado el pasado 4 de agosto en esa entidad fronteriza con una granada contra su vehículo y, posteriormente, con arma de fuego. La FGR informó que, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Tamaulipas, presentó las pruebas suficientes para que el juez procesara a Jareth Roberto, dictara la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 Altiplano y fijara un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
Tras un enfrentamiento contra criminales, la Secretaría de Seguridad de Jalisco localizó un narcorracho el pasado sábado en Teocaltiche que podría ser cateado este lunes. Luego del enfrentamiento, elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional se dedicaron a la búsqueda de los sospechosos en la zona y, aunque no los encontraron, aseguraron dos armas de fuego calibre 223, una con un cargador con 13 cartuchos y la otra con 17 tiros. El hecho fue notificado a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Federal en el estado de Jalisco, quien ordenó el aseguramiento del domicilio mientras un juez concede una orden de cateo.
A tres lunes de que entre en funciones la nueva estructura del Poder Judicial, los trabajos de transición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanzan «sin contratiempos», según lo declaró hace unos días el presidente entrante de la misma, el maestro Hugo Aguilar Ortiz; sin embargo, fuentes indican que en el Consejo de la Judicatura Federal avanzan muy lento, casi paralizados, y que el tema podría incluso estar incurriendo en desacato. Todo indica que para estas fechas debería estar corriendo un plan de trabajo en el todavía existente Consejo de la Judicatura Federal que encabeza la ministra Norma Piña, para transferir sus recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al Tribunal de Disciplina Judicial; así lo dice a la letra el Artículo Sexto Transitorio de reforma judicial incluido en la Constitución.
Los registros señalan que esa comisión fue efectivamente constituida el pasado 10 de enero de este 2025, presidida por Norma Piña; a finales de febrero la presidió la magistrada Mónica Soto y a mediados de mayo el consejero de la Judicatura, Sergio Molina.
A tres semanas del inicio de funciones de los juzgadores electos en las urnas, el órgano creado por la reforma constitucional para administrar al Poder Judicial Federal aún no existe. La Suprema Corte, la presidente Claudia Sheinbaum y el Senado, no han designado todavía a los cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que asumirá las funciones administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
El sexto transitorio de la reforma constitucional de septiembre de 2024 estableció que este organismo tiene que iniciar funciones el 1 de septiembre de 2025, y que la actual Corte debe nombrar a tres de los cinco integrantes. Además, la Constitución le da al organismo hasta el 15 de septiembre para adscribir a los 801 jueces y magistrados electos el 1 de junio al Juzgado o Tribunal que les corresponde. «Las personas que integren el pleno del Órgano de Administración Judicial deberán ser designadas para iniciar sus funciones el mismo día en que tomen protesta las magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
Los juzgadores preparan sus maletas para dejar sus plazas a los nuevos funcionarios judiciales que fueron elegidos en la primera elección de este tipo en el país. Todos ellos comparten algo en común: se van con un sabor agridulce, después de años de trabajo en el PJF y en acatamiento de la reforma judicial que plantea la renovación de la mitad de los juzgadores en 2025.
Felipe V. Consuelo Soto, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Amparo y Juicios Federales con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es uno de los jueces que se prepara para dejar su plaza el próximo 31 de agosto en lo que llama un retiro obligatorio. El juzgador comparte en entrevista, que estos cambios que vive el PJ fueron un «golpe de Estado técnico» que transformó por completo la estructura del Estado mexicano.
En esta metamorfosis judicial ha surgido otro problema que también ha impactado a los juzgadores que se van: la falta de indemnizaciones económicas por los años de servicio prestados. A pocos días de que cientos de juzgadores se retiren de forma permanente de los circuitos judiciales, el gobierno federal no ha aclarado cuáles serán los recursos que deberán destinarse para las liquidaciones del personal del PJF. «Hasta el momento no nos han dicho nada. Sé de compañeros que ya presentaron su solicitud de indemnización y les respondieron que no hay recursos», afirmó el juez Noel.
Después de la elección del 1 de junio, jueces y magistrados que dejarán sus funciones en las próximas semanas, manifestaron su preocupación por el veto que les impuso la reforma judicial, es decir, no podrán ejercer profesionalmente durante dos años dentro de su mismo circuito. De acuerdo con los testimonios, esta medida los impactará de inmediato, pues varios de los funcionarios judiciales que decidieron no participar en la reforma judicial buscarán empleo en busca de un ingreso que les permita subsistir, por lo que tendrán que desplazarse y buscar clientes en zonas ajenas a su residencia.
Los nuevos juzgadores tendrán la tarea de cumplir con las altas expectativas que la ciudadanía ha depositado en el PJF; aunque muchos de ellos hayan llegado en «fast-track» y con la ayuda de acordeones, tal como lo confirmó el INE recientemente. Y es que la narrativa oficial insistió en todo momento en la necesidad de «depurar» al PJ debido a los sesgos de los funcionarios judiciales y actos de corrupción que presuntamente se han presentado en los últimos años.
El Senado se prepara para el reto que representa la histórica toma de protesta de 881 juzgadores federales, con equipos de trabajo coordinados, ensayos constantes y la rehabilitación del salón de plenos, que permanecerá cerrado tres semanas. Debido a las reglas de protección civil, que no permiten la saturación de espacios, solo se autorizará un familiar por cada juzgador, sumando un total de mil 762 personas.
El 1 de septiembre, el funcionamiento de todo el operativo logístico será a partir de las 17:30 horas. Los juzgadores deberán registrarse previamente; se les entregará un boleto vía correo electrónico y tendrán que llegar a la sede del Senado dos horas antes de la hora de su toma de protesta. Los nueve integrantes de la Suprema Corte, los dos magistrados de la Sala Superior y los 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, así como los cinco del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, serán los primeros en asumir formalmente el cargo a las 19:30 horas.
Una juez federal vinculó a proceso a un exalto funcionario de la JFCA y siete de sus colaboradores por presuntamente dictar un laudo fraudulento que tuvo como consecuencia un daño de 16.7 millones de pesos al ISSSTE. Patricia Sánchez Nava, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a José Cruz Franco Mendoza, hasta el año pasado presidente de la Junta Número 4 de la JFCA, y a sus exsubordinados por delitos contra la administración de justicia, sin imponerles medidas cautelares. La juzgadora consideró que los imputados fueron parte de un “plan delictivo” para validar una demanda laboral fraudulenta que obligó al ISSSTE a pagar a dos de sus trabajadores las prestaciones de nivelación salarial y la incapacidad permanente por un accidente automovilístico que no ocurrió.
Bajo argucias legales, el exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, busca eludir su responsabilidad por vender una planta chatarra a Pemex en medio de presuntos actos de corrupción. La venta de la planta Agronitrogenados, que llevaba 14 años sin operar, provocó un daño al erario por 216 millones de dólares.
Se documentó las condiciones en que se encontraba dicha planta. En solicitudes por escrito, presentadas por su apoderado legal Gabriel Reyes Orona y dirigidas al juez de la causa del Reclusorio Norte, señala que Proagroindustria, la empresa que le compró en 2013 la planta de Agronitrogenados, no era en aquel momento una entidad pública ni subsidiaria de Pemex. A dos meses de que dejó de pagar, en enero de 2024, la FGR pidió al juez de Control girar su reaprehensión por incumplir con el pago.
Después de tres legislaturas, más de un año en falta y al menos seis amparos que la reclaman, el Congreso de la Ciudad de México analizará por fin la Ley del Sistema de Cuidados. Se trata de un proyecto que preparó la Jefatura de Gobierno y que hoy presentará la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada, en una conferencia de prensa. Ayer, la mandataria hizo el anuncio durante el Foro de Gobiernos Subnacionales: Ciudades Cuidadoras y Transformadoras, un evento que incluyó mesas de análisis sobre las tareas de cuidados.
Termina una era de 30 años en la SCJN y empezará a escribirse otra el primero de septiembre. Ministro hasta el último día de este mes, Javier Laynez Potisek defiende el legado del máximo tribunal de justicia del país y afirma que “cumplió su rol como tribunal constitucional” gracias a la reforma de 1994 del expresidente Ernesto Zedillo, que —asegura— la fortaleció. En contraste, a la enmienda de 2024 promovida por Andrés Manuel López Obrador la considera una regresión y un “error histórico” por “destruir” la carrera judicial e imponer una Corte a modo que, de no ser así, deberá probar su independencia.
“Yo no soy opositor al gobierno, ni éste ni ninguno. Lo que sí es que creo que en esta reforma se equivocaron y nos va a costar mucho como país”, advierte. Además, está convencido de que “un día condenarán a México” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por la reforma judicial y, en consecuencia, el Estado deberá reparar el daño e indemnizar a cientos de jueces y magistrados removidos.
Del legado que deja la Corte, el ministro resalta sentencias con perspectiva de género, pero también reconoce que deja grandes pendientes, como tres juicios de Grupo Salinas, recibidos el año pasado y que no fueron prioridad, pese a que impugnan créditos fiscales por casi 35 mil millones de pesos de 2008, 2012 y 2013. Justifica ese retraso por las tácticas legales de la defensa de Ricardo Salinas Pliego, estrategia que —acusa— replicaron otras empresas y el propio gobierno federal.
El martes 12 se llevará a cabo la última sesión de discusión y votación de asuntos de la SCJN, con lo que se cierra un periodo de 30 años. La Corte concluye su gestión con un saldo de tensiones políticas, cuestionamientos públicos y un relevo que hereda pendientes en temas de operación interna, legitimidad y comunicación.
Para Héctor Díaz Santana, exfiscal y especialista en derecho, el primer desafío de la nueva administración será definir si funcionará bajo un esquema vertical de liderazgo o como un órgano colegiado capaz de fijar una ruta común en un momento de alta visibilidad pública. Uno de los puntos críticos, advierte, es la preparación de los más de 800 jueces y magistrados nuevos que se integran al PJF tras el proceso de elección ciudadana.
Por su parte, Abraham Solís, constitucionalista y exfuncionario de la SCJN, señala que el cierre deja hacia dentro un sentimiento de desolación entre funcionarios que se sintieron poco defendidos frente a la presión política y social. Ambos coinciden en que la próxima administración de la Corte tendrá que comunicar mejor el sentido y el impacto de sus resoluciones para recuperar la confianza ciudadana y evitar que se consolide la percepción de un PJF alineado al Ejecutivo.
Ahora sí, el pleno de la SCJN se despedirá con las últimas sesiones del pleno y la Primera Sala esta semana, con lo que solo restará que entreguen sus informes finales de labores y pasen la estafeta a los nuevos ministros, que tomarán posesión el 1 de septiembre y de inmediato se harán cargo del máximo órgano del Poder Judicial. En el orden del día del pleno está contemplado un paquete con 86 juicios de inconformidad presentados por candidatos a jueces y magistrados contra la elección de dos magistrados del TEPJF, entre ellos varios casos de aspirantes que fueron apoyados por organizaciones civiles.
De los 64 viajes que ministros de la SCJN realizaron en los últimos 18 meses, 23 correspondieron a Lenia Batres, autodenominada “Ministra del pueblo”. No solo fue la más viajera, sino también quien más recursos públicos de la SCJN utilizó, con 191 mil 491 pesos, sin incluir el gasto del personal que la acompañó.
De acuerdo con datos oficiales de La Corte, entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio pasado, ministras y ministros efectuaron 64 viajes que costaron un millón 89 mil pesos, siendo 44 nacionales y 20 internacionales; solo nueve de los 11 ministros en funciones en ese lapso viajaron, y quienes no lo hicieron fueron la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Luis María Aguilar, que concluyó su encargo el 30 de noviembre de 2024.
La ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó que se requiere una reforma legislativa para que los juzgadores puedan ser sometidos a revocación de mandato y que a los ministros se les retire el fuero. Consideró que no puede mantenerse un régimen de privilegio y que, si el presidente ya no cuenta con fuero, los ministros tampoco deberían tenerlo; además, si el presidente está sujeto a revocación de mandato, ellos también deberían estarlo, más aún cuando su periodo es de 12 años. Indicó que corresponde al Congreso revisar los casos de fuero que persisten y la figura de la revocación de mandato, así como cualquier otro trato de excepción.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó que el proceso electoral marcó un parteaguas en la función judicial, acercando a los juzgadores a la realidad de las personas, sus necesidades y su búsqueda de justicia. Señaló que es un deber mantener cercanía con la gente y cumplir con el compromiso adquirido, declaración realizada tras reunirse con integrantes de la Judicatura de San Luis Potosí para dialogar sobre los retos del nuevo Poder Judicial. Reiteró que el objetivo principal de la reforma constitucional es contar con una justicia humanista y cercana a la ciudadanía.
San Lázaro destinará 29 millones 148 mil 500 pesos para que los legisladores federales realicen su primer informe legislativo, equivalente a 58 mil 297 pesos por diputado federal. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, notificará la próxima semana a los coordinadores parlamentarios sobre la entrega de este apoyo a cada uno de los 500 legisladores. Estos informes suelen presentarse en eventos públicos para dar cuenta a los habitantes del distrito de las actividades realizadas; además, Monreal pedirá a los integrantes de Morena que sus informes se efectúen después del 1 de septiembre, tras el Primer Informe de Gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum.
Con la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que queda instalada formalmente hoy, México inicia una nueva etapa normativa orientada a eliminar senadores y diputados plurinominales, reducir el gasto de partidos, suprimir organismos electorales estatales y sustituir al INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reduciendo el número de consejeros electorales de 11 a 7, electos por voto popular.
En el 105 aniversario de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformar 18 artículos para crear un nuevo órgano electoral que evitara fraudes, pero su plan A fue rechazado por falta de mayoría calificada; en respuesta, envió el plan B para modificar leyes reglamentarias y ampliar la intervención del Ejecutivo en elecciones, aprobado por el Congreso y posteriormente declarado inconstitucional por la Suprema Corte.
La ciudadana Karla Estrella concluyó ayer las 30 disculpas públicas dirigidas a “Dato Protegido”, nombre con el que se alude a la diputada petista Diana Karina Barreras, esposa del morenista Sergio Gutiérrez. Obligada por un fallo del TEPJF, pidió perdón durante un mes por un mensaje en X que la autoridad consideró discriminatorio y constitutivo de violencia política de género.
La magistrada presidente del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, asumió la presidencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), que agrupa a juzgadoras de 14 países y promueve democracias inclusivas y paritarias. En su mensaje, advirtió sobre la violencia política contra las mujeres, la resistencia al avance paritario y los retrocesos democráticos, exhortando a preparar una nueva generación de liderazgos que continúen el trabajo en favor de la igualdad y el ejercicio de derechos políticos libres de violencia.
Aunque falta mucho para alcanzar una justicia plena entre hombres y mujeres, México es un referente regional en paridad, afirmó Mónica Aralí Soto Fregoso. Durante el Encuentro Internacional para Juzgar con Perspectiva de Género, explicó que ningún país cuenta con una ley que garantice la paridad en todos los ámbitos como ocurre en México.
La diputada del PT Lilia Aguilar planteó que la reforma comicial debe eliminar los OPLE y los tribunales estatales, argumentando que representan una estructura duplicada y que han actuado de manera facciosa para favorecer a gobernadores. Recordó que antes defendía su existencia, pero hoy sostiene que no cumplen función y solo replican lo que dicta el INE y la Sala Superior del TEPJF.
Cuando una solicitud ciudadana busca verificar la elegibilidad de una candidatura, especialmente por incumplimiento de obligaciones alimentarias, las autoridades deben actuar con diligencia reforzada. Durante el proceso de elección de personas juzgadoras de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, una candidata solicitó información sobre si un magistrado que aspiraba al cargo tenía retenciones salariales por pensión alimenticia. El caso fue turnado a la Unidad de Transparencia, pero la solicitante pidió que el Pleno del tribunal respondiera directamente por la urgencia y relevancia del asunto.
El costo promedio de enviar 350 dólares en remesas de Estados Unidos a México descendió de 6.76 dólares en 2022, a 5.88 en 2023 y a 4.47 en 2024, según el Anuario de Migración y Remesas 2025 elaborado por BBVA México y Conapo. El año pasado, El Paso, Texas, registró el costo más alto con 4.54 dólares, mientras que Chicago y Miami tuvieron las tarifas más bajas con 4.39 dólares.
Las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural publicaron un acuerdo que fija precios mínimos de exportación para el jitomate fresco mexicano, con el objetivo de proteger la producción nacional y evitar distorsiones en el mercado internacional.
La cadena Al Jazeera informó que dos corresponsales y tres camarógrafos murieron tras un bombardeo de fuerzas israelíes en la Ciudad de Gaza. El ejército israelí reconoció que atacó al periodista Anas al-Sharif, a quien acusó de pertenecer a una célula de Hamas y de promover ataques contra civiles y tropas. Reporteros Sin Fronteras condenó la muerte de los comunicadores.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que expulsará de inmediato a toda la población sin hogar de Washington D.C., como parte de un plan para reducir la criminalidad en la ciudad, que podría incluir el control federal sobre la capital. En su mensaje, prometió hacer la ciudad más segura y afirmó que las personas sin hogar tendrán que marcharse inmediatamente.
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