En Veracruz, la lucha por los derechos laborales se libra muchas veces lejos de las grandes luces mediáticas, pero con un peso moral imposible de ignorar. La gestión de Carlos David Jácome Macías, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (SUTSIEEEV), es un ejemplo de esa batalla silenciosa que busca justicia para quienes han dedicado su vida al servicio público.

Desde que asumió la representación sindical, Jácome Macías ha sostenido un diálogo directo con la administración estatal. Su demanda central no es menor: la incorporación de los agremiados al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE). Este paso, más que un trámite administrativo, significaría asegurar una jubilación digna y cobertura social para decenas de trabajadores que han entregado décadas a la educación pública.

El sindicato agrupa hoy a 84 trabajadores activos, con historias que reflejan la precariedad de un sistema que ha negado derechos básicos. Algunos tienen hasta 29 años de servicio; otros son adultos mayores que continúan laborando, incluso con enfermedades degenerativas. El caso de quienes han llegado a los 82 años y siguen cumpliendo jornadas es una muestra del abandono institucional.

La respuesta negativa a esta incorporación no es nueva. Se arrastra desde gobiernos anteriores con el argumento de una limitación presupuestal. Sin embargo, la dirigencia sindical ha planteado una salida: una ampliación anual de 4 millones 552 mil 687.93 pesos para incorporar no solo a los actuales 84 empleados, sino a un total de 160 trabajadores activos del Instituto de Espacios Educativos.

Esta propuesta no se apoya en improvisaciones. El propio decreto de creación del IEEV, como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Educación, respalda la legitimidad de esta exigencia.

La situación se vuelve más grave al considerar el papel que el Instituto desempeña en la infraestructura educativa estatal. Quienes laboran en él no solo cumplen funciones técnicas o administrativas, sino que garantizan que miles de estudiantes cuenten con espacios dignos para aprender. Negarles una pensión adecuada contradice el discurso de justicia social.

Jácome Macías lo ha resumido con claridad: “Detrás de cada jornada cumplida hay sueños, familias y una vida entregada al trabajo. Merecen respeto, justicia y mejores condiciones laborales”. Esta no es una frase para el archivo sindical, sino un recordatorio de que la seguridad social es un derecho humano consagrado en la Constitución mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El problema, como en muchos otros casos, no es la inexistencia de normas, sino la voluntad política para cumplirlas. La incorporación al IPE no debe verse como una concesión graciosa del gobierno, sino como el cumplimiento de una obligación pendiente.

La actual administración estatal, encabezada por Rocío Nahle García, tiene la oportunidad de cerrar una deuda histórica. Negarse a hacerlo no solo perpetuaría la injusticia, sino que enviaría un mensaje de insensibilidad hacia quienes sostienen la operación diaria de un organismo clave para la educación veracruzana.

En un contexto nacional donde se habla de dignificar el trabajo y proteger a los sectores más vulnerables, no hay espacio para postergar decisiones que afectan de manera directa la vida de los trabajadores y sus familias.

Este es un caso que trasciende lo laboral para insertarse en el ámbito de los derechos humanos. La edad avanzada de varios trabajadores, sus padecimientos y la precariedad en que se encuentran hacen urgente una resolución favorable.

Si el presupuesto es el obstáculo, el deber del gobierno es encontrar los mecanismos para superarlo. La justicia social no puede depender del margen contable de una administración.

En Veracruz, el respeto a los trabajadores del IEEV es también una prueba del compromiso gubernamental con los valores que dice defender. Cumplir con ellos no es solo un acto de coherencia política, sino de humanidad.

La historia juzgará si este sexenio eligió atender a quienes han construido el sistema educativo o si permitió que continuaran laborando en condiciones que niegan su derecho a un retiro digno.

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