Solicitar un certificado conforme al Protocolo de Estambul implica acceso a una metodología internacionalmente reconocida para documentar tortura.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Esa herramienta puede fortalecer procesos legales y proteger derechos humanos. México cuenta con capacidades nacionales y estatales para aplicarlo, aunque su uso aún enfrenta desafíos estructurales. El ejercicio efectivo de este derecho depende, además, de una efectiva comprensión, apoyo institucional y capacitación continua.

El Protocolo de Estambul es el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1999. En México, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, de 2017, obliga a realizar cualquier dictamen médico-psicológico conforme a ese protocolo Codigo DH.

Instituciones responsables

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aplica el protocolo con equipos multidisciplinarios formados por médicos, psicólogos y juristas. A nivel local, comisiones estatales como la de Michoacán han certificado personal capaz de aplicarlo de forma oportuna. En Chihuahua, la Fiscalía estatal formó a cien servidores públicos mediante un Curso de Alta Formación en Protocolo de Estambul, siendo así el primer organismo en América Latina en certificar a su equipo en este enfoque.

Procedimiento para solicitar el certificado

Primero, la víctima o su representante presenta ante la CNDH, una comisión estatal o la Fiscalía correspondiente una denuncia por presunta tortura. La autoridad evalúa si el caso requiere un examen conforme al protocolo. Si se acepta, cita a la persona para una evaluación médica y psicológica integral guiada por los lineamientos del Protocolo de Estambul, los cuales incluyen examen físico, evaluación psicológica, registro cronológico de los hechos, antecedentes, consentimiento informado y cumplimiento de estándares éticos y técnicos.

Consentimiento y validez legal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que cualquier renuncia a ser examinada debe ser voluntaria e informada. La Corte vinculó este principio al derecho a una defensa adecuada, lo que exige que las personas procesadas comprendan los alcances de su decisión.

Importancia del certificado

El informe derivado del protocolo constituye evidencia sólida de tortura o malos tratos. Facilita el acceso a la justicia, la reparación del daño y evita que los responsables queden impunes. No obstante, organizaciones como Fair Trials han advertido que su aplicación limitada o como único medio probatorio puede revictimizar a las personas afectadas y debilitar el proceso. –sn–

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