SN Redacción
La presidente Claudia Sheinbaum descartó que el gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), esté sobrevolando drones sobre territorio mexicano, como aseguró Jesse Watters, presentador de la cadena Fox News, y afirmó que jamás permitiría que el Ejército norteamericano pise suelo nacional.
En conferencia, la mandataria señaló que el sobrevuelo de drones estadounidenses sobre territorio nacional se puede dar en el marco de cooperación entre ambas naciones, no en los términos que informó el presentador de la cadena norteamericana.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga de ofrecer sobornos a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021. En un comunicado, la instancia informó que los empresarios, ambos mexicanos residentes permanentes legales en EU, pagaron para conseguir una licitación. “Sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas”, afirmó el secretario de Justicia auxiliar interino, Matthew R. Galeotti.
La SCJN publicó nuevas tesis que reforzaron la protección constitucional del derecho a la libertad de expresión, especialmente en casos que involucraron a periodistas, columnas de opinión y manifestaciones ciudadanas sobre asuntos de interés público.
Las resoluciones fueron incluidas en la edición del Semanario Judicial de la Federación del 8 de agosto y derivaron de dos amparos discutidos por la Primera Sala del Máximo Tribunal. Uno de los casos más relevantes fue el amparo directo 30/2020, promovido por el periodista Sergio Aguayo, quien había sido condenado a pagar una indemnización al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por una columna publicada en 2016.
Fernandito tenía apenas 5 años. Su vida terminó de forma brutal: secuestrado, torturado y asesinado, su cuerpo fue encontrado en un costal, maniatado, con signos de violencia inimaginable. El motivo —según la narrativa de los propios agresores— fue una deuda de mil pesos. Una cifra irrisoria frente al costo de cualquier mínima esperanza de justicia en este país; una cifra microscópica frente a los millones que algunos funcionarios gastan en viajes, escoltas, vehículos blindados o relojes de lujo.
La madre de Fernandito, mujer en situación de pobreza, con problemas de habla, acudió a la policía, al DIF, a la Fiscalía y con los vecinos. Nadie la escuchó. El tiempo que pudo haber salvado a su hijo se perdió en trámites, omisiones y excusas… Una mujer sola que exige justicia se enfrenta a la revictimización y al cuestionamiento constante de su credibilidad. Las carencias materiales se convierten en una barrera adicional para acceder a un sistema judicial diseñado para quien puede pagar abogados y peritos.
Tras permanecer detenido seis días, ayer fue puesto en libertad Luis Rey García Villagrán, capturado el pasado 5 de agosto por delincuencia organizada y tráfico de migrantes en la frontera con Guatemala. Su abogado, José Antonio Martínez Sánchez, explicó que durante la continuación de la audiencia que se llevó a cabo en Tapachula, Chiapas, el juez de Distrito del ramo penal federal, Jonathan Francisco Izquierdo Prieto, ordenó su liberación al no encontrar datos contundentes para acreditar la responsabilidad del delito que se le imputaba. Acompañado de un guardia de seguridad, vestido con camisa blanca y pantalón beige, García Villagrán abandonó el Centro de Reinserción Social 3 para reunirse con su familia, que ya lo esperaba.
El TEPJF ha recibido 76 impugnaciones de ganadores de la elección judicial que fueron multados por aparecer en acordeones físicos y digitales, al considerarse una propaganda ilegal. Entre los recursos presentados están los nueve integrantes de la SCJN: Hugo Aguilar, Lenia Batres, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Irene Herrerías, María Estela Ríos, Irving Espinoza, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero, quienes recibieron doble multa por aparecer en acordeones de ambas modalidades.
Sus multas van desde los 255 mil 17 pesos, en el caso de la ministra Ortiz, hasta los 79 mil 424 pesos para Aguilar, quien presidirá la Corte a partir del 1 de septiembre. Hasta el 11 de agosto, sólo dos de las cinco personas que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial han impugnado: Eva de Gyvés, con multa de 293 mil 258 pesos, e Indira García, con sanción de 53 mil 758 pesos.
Aunque sus problemas penales y cuestionada administración provocaron la quiebra de Altos Hornos y lo obligaron a renunciar a la presidencia de la acerera, Alonso Ancira busca recibir al menos 305 millones de pesos como liquidación por la venta de la planta. En la lista de los miles de empleados que el Síndico de Quiebra entregó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles aparecen en los “pasivos laborales”.
Ancira, con 305 millones de pesos; su hermano Jorge Alberto, con 273 millones, y Xavier Autrey Maza, con 324 millones de pesos. Los involucrados piden esa millonaria indemnización por integrar el Consejo de Administración de AHMSA, que llevó a la quiebra a la acerera y devastó la economía de Monclova, Coahuila.
El presidente Claudia Sheinbaum afirmó que no habrá impunidad en el caso de Alonso Ancira, expropietario de Altos Hornos de México, quien busca anular un acuerdo de reparación por 216 millones de dólares que firmó para salir de prisión en 2021, por el caso Agronitrogenados. En su conferencia mañanera, al referirse al caso Ancira, Sheinbaum recordó que “la corrupción que provocó el cierre de AHMSA es terrible y ha afectado a muchísimos trabajadores.
Apenas en noviembre del año pasado, AHMSA se declaró en bancarrota, con lo que dejó sin respaldo a más de 20 mil trabajadores… ‘Primero. Con esta fecha se declara de plano el estado de quiebra de la comerciante A.H. de M., sociedad anónima bursátil de capital variable. Segundo. Se declara abierta la etapa de quiebra’, dice el fallo de la jueza Ruth Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Concursos Mercantiles, publicado el pasado 6 de noviembre”.
Jareth Roberto Hernández Rojas, alias “La Machorra”, aún no ha sido procesado por el homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, y sólo fue vinculado por delitos relacionados con narcotráfico.
Carlos Andrés Miranda Verdugo, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, vinculó a proceso a Hernández por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina, cocaína y mariguana con fines de comercio, y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Pero en la misma determinación, dictada el domingo pasado, resolvió no procesarlo por posesión de cartuchos, señalan documentos judiciales.
El Laboratorio Electoral advirtió que, tras analizar el decreto que crea la Comisión para la Reforma Electoral, «el panorama no resulta promisorio» y comparó el proceso con la reciente reforma judicial, señalando premura, errores técnicos, omisiones, permisividad de malas prácticas, vínculos con grupos criminales o religiosos, ausencia de consenso y pluralismo.
La organización sostuvo que la reforma no respondió a una falla sistémica ni a una crisis electoral, sino a la validación popular de un proyecto político sin espacio para la oposición o la disidencia. Consideró que la integración de la comisión ofreció una «fachada de apertura» con una agenda blindada y control del debate político, estudios y decisiones.
Diputados morenistas aseguraron que los constituyentes dieron plazos muy cortos para diseñar las leyes secundarias de la Carta Magna, razón por la que se han demorado en cumplirlos. La bancada mayoritaria organizó ayer una conferencia para respaldar que avanzara la construcción de la Ley del Sistema de Cuidados, que tendría que estar lista desde el 31 de diciembre de 2023.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, aseguró que el tiempo suficiente para emitir las leyes constitucionales existió. «El problema es que no han sido prioridad y, en el tema de Cuidados, hasta se han tenido que interponer amparos para evidenciar la omisión», explicó.
Diputados del PAN exigieron a la presidente Claudia Sheinbaum separar del cargo al director de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, conocido como «Lord Relojes», a quien acusaron de tener nexos con Andrés Manuel López Beltrán en materia de huachicol fiscal.
En el caso de los autos chuecos, el director de Investigación Aduanera fue señalado por permitir el ingreso irregular de vehículos desde EU. Se denunció un esquema de importación que evadía el pago de impuestos. Agentes aduanales acusaron la existencia de una competencia ilegal. Los denunciantes señalaron que los vehículos entraban con precios menores. Una empresa ingresaba las unidades por medio de un amparo defendido por Márquez.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que, a pesar de los avances, en México debía haber más mujeres en el poder y en la toma de decisiones. Al inaugurar en la Cámara de Diputados el Foro Parlamentario de América Latina y El Caribe, en el marco de la XVI Conferencia Sobre la Mujer, celebró y reconoció la llegada de una mujer como presidente en México, la paridad en las Cámaras del Congreso de la Unión, en el gabinete presidencial y en el Poder Judicial. No obstante, remarcó que «hoy, 13 de las 32 entidades federativas mexicanas son gobernadas por mujeres y vamos por más», expresó.
La decisión de la SCJN de avalar que el gobierno de Quintana Roo tiene facultad de regular la distancia entre gasolinerías va contra la competencia y creará monopolios regionales, advirtió la consultora PetroIntelligence.
En la resolución del juicio de amparo 2400/2025, en mayo, la Segunda Sala de la SCJN declaró como constitucional el artículo 35, fracción VI, del Reglamento Urbano para Estaciones de Servicio para la Distribución de Gasolina de Quintana Roo, que estipula que entre una gasolinería y otra debía haber una distancia mínima de 500 metros debido a objetivos de protección civil y ordenamiento urbano. El juicio comenzó en 2021 con una demanda de la empresa Servicio Dos Mundos contra una licencia de construcción otorgada a Servicio 3, argumentando que una nueva gasolinera no respetaba la distancia establecida por el Reglamento.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que la colaboración y voluntad entre los Poderes de la Unión debía servir para subsanar la deuda histórica de justicia que se tiene con los pueblos indígenas y las mujeres en situación de vulnerabilidad, en vísperas de que la nueva integración de la SCJN tomara protesta.
La actual ministra fue invitada, junto con el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, a la sesión deliberativa de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, donde se votó un pronunciamiento de amnistía para una mujer mazahua, adulta mayor, que había sido víctima de violencia familiar y patrimonial por parte de quien fue su pareja, pero una sentencia la condenó por el delito de homicidio simple.
El asunto sirvió para subrayar la deuda histórica que el sistema de justicia mexicano mantiene con las comunidades indígenas y, particularmente, con sus mujeres. En su intervención, la ministra Esquivel señaló que los pueblos indígenas «siguen siendo víctimas de una profunda discriminación estructural, que ha privado a sus integrantes de los derechos más básicos, como la salud, la alimentación o el acceso a la justicia».
El abogado constitucionalista y defensor de derechos sociales y colectivos, Pablo Andrei Zamudio Díaz, calificó como un paso decisivo para la justicia ambiental en México los recientes criterios jurisprudenciales emitidos por la Primera Sala de la SCJN, que consolidan parámetros de gran alcance para la protección del medio ambiente.
Zamudio Díaz enfatizó que el Alto Tribunal, en la jurisprudencia 1a./J. 131/2025 (11a.), registro digital 2030809, determinó que, en casos de reclamación por daño ambiental, la carga de la prueba debe revertirse a la parte potencialmente responsable, con el fin de corregir las asimetrías procesales.
Este cambio es crucial, porque el agente presuntamente contaminante es quien cuenta con mayores capacidades técnicas, materiales y profesionales para acreditar que actuó con diligencia. Se reconoce así la importancia de la carga dinámica de la prueba, prevista en el artículo 8.3 del Acuerdo de Escazú y respaldada por el principio precautorio, para impedir que la incertidumbre científica se convierta en un beneficio para quien contamina.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este martes, en su última sesión con la actual integración, al menos 98 proyectos de juicios de inconformidad que impugnan la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. No obstante, se espera que la mayoría sean desechados por falta de legitimación de los promoventes.
Hasta la tarde del lunes, la Corte había notificado haber recibido 144 juicios de este tipo presentados por ciudadanos, ex candidatos, asociaciones civiles y los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). Todos deben resolverse antes del 31 de agosto. La ministra de la SCJN, Lenia Batres Guadarrama, aseguró que en la nueva etapa del PJF se terminará la impunidad para jueces corruptos, con la entrada en operación del Tribunal de Disciplina Judicial.
Durante un encuentro con líderes sociales y vecinos de la alcaldía Iztacalco, en la ciudad de México, la ministra criticó que hasta ahora el Poder Judicial se ha escudado en su autonomía para actuar con impunidad, permitiendo que quienes imparten justicia ignoren la ley y emitan sentencias ilógicas e injustas sin consecuencias.
“El año antepasado emitió 13 sanciones de un total de cerca de 10 mil quejas. Impunidad asegurada”, afirmó Batres, quien añadió que esta facultad debe reforzarse con la observación y vigilancia permanente del pueblo sobre la actuación de las personas juzgadoras.
En junio, la actividad industrial en México tuvo un retroceso marginal de 0.1% respecto de mayo, con lo que cerró la primera mitad del año con un descenso acumulado de 1.3%, su primer comparativo semestral negativo desde 2020, de acuerdo con cifras publicadas este lunes por el INEGI.
En el frente doméstico, también están por verse los efectos en el clima de negocios de importantes reformas como la judicial, que derivará en el reemplazo de la mitad de jueces y ministros del Poder Judicial y de la mayor parte de ministros de la SCJN durante la segunda mitad de este 2025.
El ex presidente del IFE, José Woldenberg, advirtió que en México una reforma electoral diseñada sin deliberación pública y sin consensos podría consolidar un modelo hecho a la medida del gobierno en turno y significar una regresión autoritaria. Woldenberg rechazó la elección por voto popular de consejeros electorales y magistrados, señalando que esta fórmula, ya probada en la designación de jueces y ministros, obliga a los aspirantes a buscar apoyo de partidos políticos, lo que mina su independencia.
“Yo creo que después de la experiencia de que acabamos de vivir con relación al Poder Judicial, sería realmente bochornoso, triste y muy preocupante que se insistiera en esa fórmula de elección de consejeros y magistrados que acabarían siendo correas de transmisión del poder público”, explicó. “La actual coalición gobernante llegó al poder gracias al modelo electoral vigente. Me preocupa que quieran destruir la escalera que usaron para que nadie más pueda competir con ellos”, dijo.
Como parte de la reparación integral del caso, la Secretaría de Gobernación publicó este lunes en el DOF el informe de fondo de la CIDH donde se reconocen las violaciones contra Alfonso Martín del Campo Dodd, detenido arbitrariamente y torturado en 1992 por agentes de la entonces policía judicial de la Cdmx.
En su informe 117/09, publicado en 2009, la CIDH recomendó que el Estado repare adecuadamente a Del Campo Dodd por violaciones de los derechos humanos que se plasmaron en el informe referido. Alfonso Martín del Campo Dodd fue sentenciado a 50 años de prisión por el asesinato de su hermana Juana Patricia y su cuñado Gerardo Zamudio en 1992.
El caso fue objeto de controversia debido a que se alegó que su confesión fue obtenida bajo tortura y que hubo irregularidades en el proceso judicial. Fue el primer caso de un mexicano en llegar a manos de la CIDH, que solicitó su liberación en 2009. Tras 23 años de prisión, la SCJN ordenó su liberación al comprobar tortura.
El dominio del morenismo en la administración del Senado no afectó a la llamada burocracia dorada, pues exdiputados federales como Hamlet García, Rubén Cayetano García o el exsenador Miguel Chico Herrera, así como colaboradores de Adán Augusto López Hernández forman parte de los 60 trabajadores cuyos sueldos llegan hasta los 178 mil 689 pesos brutos al mes.
De acuerdo con la nómina del Senado, actualizada para este año, existen 60 colaboradores que tienen los más altos salarios, entre ellos la exconsejera jurídica de Presidencia de la República y próxima ministra de la SCJN, Estela Ríos, quien gana 172 mil 152 pesos brutos, que después de impuestos y otros descuentos queda en 120 mil 556 pesos por ser la directora general de Derecho Parlamentario en el Instituto Belisario Domínguez.
La magistrada presidente del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, subrayó, ante magistradas electorales de América Latina, que en las recientes elecciones judiciales se alcanzó una paridad de género en los cargos del Poder Judicial Federal.
Durante los trabajos de la séptima conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEAS), reunión a la que asistió la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, la magistrada indicó que es importante la construcción de democracias paritarias inclusivas y libres de violencia.
En el ámbito electoral, reconoció que las personas indígenas siguen enfrentando barreras estructurales para ejercer su derecho a votar, a ser votadas o a participar en condiciones de igualdad en la toma de decisiones. Frente a esta realidad, el TEPJF creó en 2016 la Defensoría Pública Electoral, cuyo objetivo era inicialmente enfocarse en los pueblos y comunidades indígenas, para brindarles asesoría y representación jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación.
Esto representó un parteaguas en el reconocimiento y acceso efectivo a los derechos político-electorales de los pueblos originarios. La Defensoría Pública Electoral ha logrado avances importantes: ha promovido el acceso gratuito y especializado a la defensa jurídica en materia electoral, y ha acompañado litigios estratégicos para que las comunidades indígenas participen en la toma de decisiones que les afectan. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, señaló que solo con todas las voces contando se podrá decir que en México existe una democracia verdaderamente inclusiva.
Una vez que la ciudadana Karla Estrella cumplió con su condena de disculparse por 30 días con la diputada petista Diana Karina Barreras, la presidente CSP advirtió ayer que el poder no debe usarse para afectar a las personas. Insistió en que se debe gobernar con humildad y sostuvo que los ciudadanos no están de acuerdo con la parafernalia del poder.
Durante la conferencia presidencial, la mandataria federal fue cuestionada sobre el cumplimiento de la sentencia impuesta a Estrella por el TEPJF. “A los compañeros que son del movimiento, siempre lo he dicho, lo he pensado, no hay que hacer uso del poder para afectar a las personas, sino para ayudarlas siempre. Y hay que ser humilde, sencillo, modesto, cercano al pueblo de todas las formas”, dijo.
Más de 150 candidatos locales a magistrados y jueces recibieron un procedimiento especial sancionador del Instituto Electoral de la Cdmx (IECM) por aparecer en acordeones irregulares durante la elección judicial. Las conductas en las que habrían incurrido son inequidad en la propaganda electoral, así como uso indebido de recursos públicos.
La consejera Sonia Pérez expuso que será el Tribunal Electoral capitalino la instancia que haga su propia valoración y decida si aplica una sanción final para los presuntos infractores, que puede ir desde una amonestación pública hasta una multa económica.
En el primer semestre de 2025, la producción industrial en México registró su primera caída en cinco años, al disminuir 0.91% anual, según datos ajustados por estacionalidad del INEGI. El revés anterior se dio en el mismo periodo de 2020, cuando en plena pandemia de Covid-19, la actividad industrial se desplomó 13.78% anual. La caída de este año se derivó de contracciones en tres de los cuatro grandes grupos que conforman la industria, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial.
El costo de la canasta alimentaria urbana alcanzó los 2 mil 453.34 pesos mensuales por persona en julio de 2025, lo que representa un incremento anual de 4.3%, según el INEGI. Este aumento superó la inflación general, que se situó en 3.5%. Los productos que más contribuyeron fueron los alimentos fuera del hogar, que subieron 7.8%; el bistec de res, con un alza de 18%, y la leche pasteurizada, que aumentó 8.3%. El incremento mensual de la canasta alimentaria fue de 0.5%, también por encima de la inflación general, del 0.3%.
Por decreto, el presidente Donald Trump declaró un estado de emergencia en la seguridad pública de Washington, DC, anunció el despliegue de 800 soldados de la Guardia Nacional, así como agentes del FBI y designó al jefe de la Administración Federal Antidrogas (DEA), Terry Cole, como comisionado para asumir el control federal de la policía local.
Trump, quien comparó su misión con sus acciones para frenar la inmigración indocumentada en la frontera con México, sostuvo que la capital ha sido ocupada “por pandillas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar, y no vamos a permitir que esto vuelva a suceder. No lo vamos a tolerar”.
El asesinato del periodista de Al Jazeera, Anas al Sharif, junto con cuatro colegas en un ataque aéreo israelí el domingo, provocó la condena de la comunidad internacional. En el centro de la Franja de Gaza, cientos de dolientes participaron en sus funerales.
Wadi Abu Al Saud, periodista palestino que se encontraba cerca de la tienda de sus colegas asesinados de Al Jazeera, relató que la agresión ocurrió a las 23:22. “Entré en la tienda de campaña frente a la suya, levanté el teléfono para hacer una llamada y entonces se produjo la explosión”, narró Al Saud.
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