Entre ellos se encontraban Servando Gómez Martínez, alias La Tuta; Abigael González, alias El Cuini; y Juan Carlos Félix Gastélum, alias El Chavo Félix, yerno de Ismael Zambada.
Por Paola Ramírez | Reportera
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el traslado de 26 narcotraficantes a Estados Unidos. Entre ellos se encontraban Servando Gómez Martínez, alias La Tuta; Abigael González, alias El Cuini; y Juan Carlos Félix Gastélum, alias El Chavo Félix, yerno de Ismael Zambada.
En conferencia de prensa, el funcionario precisó que estos delincuentes permanecían en cárceles de baja seguridad. A pesar de su reclusión, continuaban con actividades ilícitas a través de vínculos externos, lo que representaba un riesgo para la seguridad nacional.
García Harfuch explicó que las visitas autorizadas por ley fueron utilizadas para mantener operaciones criminales. Respetar los derechos humanos de los internos impedía prohibir estos encuentros, pero las interacciones eran aprovechadas para coordinar delitos.
El titular de la SSPC advirtió que varios reos obtuvieron amparos para evitar su traslado a penales de mayor seguridad. Esto facilitó su permanencia en centros estatales con menos vigilancia y un riesgo latente de fuga o continuidad delictiva.
Capos con redes de corrupción
El funcionario señaló que las visitas también sirvieron para amenazar a funcionarios y ampliar redes de corrupción. La permanencia de capos en penales de baja seguridad dificultó la contención de sus estructuras criminales.
Añadió que existían antecedentes de reos con resoluciones judiciales similares que les permitieron regresar a cárceles estatales. El riesgo de que estos individuos mantuvieran control de sus organizaciones era un motivo de preocupación para las autoridades.
La estrategia de seguridad incluyó un análisis detallado por parte del Consejo Nacional de Seguridad. Con base en estos estudios, se definió que el traslado de los 26 capos era necesario para salvaguardar la estabilidad del país.
La decisión fue respaldada por el Sistema Nacional de Inteligencia y el Sistema Nacional de Investigación de Seguridad. Ambos organismos confirmaron que los internos representaban un riesgo de operaciones ilícitas y corrupción.
Sheinbaum niega solicitud de Trump
Durante su conferencia matutina, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo negó que la medida respondiera a una petición del exmandatario estadounidense Donald Trump. Afirmó que se trató de una decisión soberana.
Indicó que, si bien muchos de los capos extraditados tenían solicitudes de Estados Unidos, la determinación obedeció únicamente a razones de seguridad interna. Enfatizó que se actuó con base en criterios nacionales.
Desde Palacio Nacional, la presidente reiteró que el Consejo Nacional de Seguridad fue el órgano que tomó la decisión final. El objetivo principal fue contribuir a la construcción de paz en México.
Resaltó que cada caso fue revisado con información proporcionada por el Sistema Nacional de Inteligencia. Se evaluó la peligrosidad de cada interno y su capacidad para seguir delinquiendo desde prisión.
Acción coordinada y preventiva
La medida formó parte de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales. El traslado incluyó protocolos de seguridad reforzados para evitar fugas y garantizar la entrega de los reos a las autoridades estadounidenses.
Entre los trasladados figuraban líderes y operadores de cárteles con amplio historial delictivo. Las acusaciones incluían tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidios y delitos de delincuencia organizada.
El secretario Omar García Harfuch recalcó que la cooperación internacional en materia de seguridad se mantiene bajo criterios de respeto a la soberanía. Las extradiciones se ejecutaron conforme a tratados vigentes.
En Estados Unidos, los detenidos enfrentarán cargos federales relacionados con narcotráfico y conspiración criminal. Varios de ellos tienen procesos abiertos en cortes de diferentes estados de la Unión Americana.
Seguridad como prioridad nacional
La presidente Claudia Sheinbaum subrayó que su administración continuará aplicando medidas para debilitar las estructuras del crimen organizado. La inteligencia y la investigación se mantendrán como ejes centrales de la estrategia.
El gobierno federal reiteró que el combate al narcotráfico y la protección de la población seguirán siendo prioritarios. Las extradiciones de alto perfil forman parte de un plan integral para reducir la violencia.
Finalmente, las autoridades aseguraron que el seguimiento a estos casos continuará de forma coordinada con agencias internacionales. El objetivo será cerrar espacios a las organizaciones criminales y reforzar la seguridad pública en todo el país. –sn–


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