FGR cesó a contralor y nueve funcionarios por irregularidades graves. Remoción de mandos en el OIC.
Por Martín García | Reportero
La Fiscalía General de la República (FGR) removió de su cargo a Arturo Serrano Meneses, titular del Órgano Interno de Control (OIC), junto con nueve de sus colaboradores, por presuntos actos de corrupción. Las acusaciones incluyeron irregularidades graves en la administración de justicia y en el manejo de información sensible.
De acuerdo con el diario Reforma, los funcionarios fueron señalados por delitos contra la administración de justicia. También enfrentaron señalamientos por tráfico de influencias y omisiones consideradas de alto impacto en el ejercicio público.
Uno de los focos de la investigación recayó en la Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia. Esta área, bajo la responsabilidad de Serrano, habría incurrido en irregularidades en la gestión de información pública y en la protección de datos personales.
Versiones extraoficiales indicaron que Serrano avaló cambios en Guanajuato relacionados con la incineración de supuesta droga. Posteriormente se confirmó que la sustancia destruida era distinta, lo que aumentó las sospechas sobre su gestión.
Remoción de mandos en el OIC
Junto con Serrano, fueron cesados nueve altos mandos del Órgano Interno de Control. Entre ellos se encontraba Martín Javier Morales Ramírez, secretario particular, y José María Peña Domenech, secretario técnico de la dependencia.
También fueron removidos Carlos Enrique Rascón Yrizar, titular del Área de Responsabilidades, y Josué Roberto Crespi Galicia, responsable de Denuncias e Investigaciones. Las acciones se realizaron de manera simultánea en todas las áreas implicadas.
El cese incluyó a Sergio Agustín Taboada Cortina, jefe de la Unidad de Control y Evaluación, y José Alzati Cambrón, responsable de la Unidad de Verificación. Ambos formaban parte del círculo cercano del contralor.
La lista continuó con Héctor Manuel Montes Gaytán, encargado de la Unidad de Auditoría Interna; Alejandro Vélez Walter, titular de la Unidad Jurídica Contenciosa y de Evolución Patrimonial; y Javier Maldonado Pierrette, coordinador administrativo.
Reacción política inmediata
Tras conocerse la remoción, la presidente Claudia Sheinbaum solicitó públicamente una explicación al fiscal general Alejandro Gertz Manero. Exigió claridad sobre las causas y posibles sanciones contra los involucrados.
“Es el fiscal Alejandro Gertz Manero quien debe explicar la remoción del contralor Arturo Serrano y esclarecer si se impondrán sanciones administrativas o penales”, declaró Sheinbaum en conferencia.
En respuesta, fuentes cercanas a la FGR señalaron que las investigaciones internas continuaban. Indicaron que los expedientes estaban en revisión para determinar responsabilidades administrativas y penales.
El caso generó interés entre especialistas en materia de transparencia y combate a la corrupción. Señalaron que la magnitud del cese no tenía precedentes recientes en el OIC.
Contexto de la investigación
El Órgano Interno de Control tiene la función de supervisar la actuación de los servidores públicos de la FGR. Sus responsabilidades incluyen la vigilancia del uso correcto de recursos y el cumplimiento de obligaciones legales.
La Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia quedó bajo observación especial. Las acusaciones sobre manipulación de datos y destrucción de evidencias fueron consideradas graves por las instancias de control.
En el caso de Guanajuato, testigos señalaron que la sustancia destruida no correspondía a la incautación original. La discrepancia fortaleció las hipótesis sobre alteración de pruebas.
La remoción de Serrano y su equipo formó parte de una estrategia interna para depurar la institución. Autoridades confirmaron que seguirían las auditorías a todas las áreas relacionadas con los cesados. –sn–


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