Legislador pidió juicio político y denunció irregularidades graves en procuración de justicia.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La Legislatura del Estado de México recibió un recurso constitucional promovido por el diputado Octavio Martínez Vargas para iniciar un juicio político contra José Luis Cervantes, fiscal general de justicia mexiquense. El legislador argumentó presunta incapacidad e incumplimiento de funciones en el desempeño del cargo.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, Martínez Vargas cuestionó la actuación de la Fiscalía en investigaciones relevantes. Sostuvo que las omisiones y errores afectan de manera directa la procuración de justicia en la entidad.

Entre los casos expuestos, mencionó el robo de 32 millones de pesos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM). El monto habría sido sustraído desde un dispositivo de seguridad electrónica del tribunal.

La Fiscalía catalogó el hecho como un “hackeo”, pero el legislador planteó la hipótesis de un posible auto-robo. Señaló que la investigación no había arrojado avances ni responsables identificados.

Casos y denuncias expuestos

Otro señalamiento apuntó a un centro clandestino de vigilancia en Ecatepec, con más de 600 cámaras. Los dispositivos registraban datos de ciudadanos, incluidos menores de edad, sin que se hayan formulado imputaciones.

En relación con el programa de restitución de inmuebles despojados, de 7,000 propiedades solo se aseguraron 500. La cifra de inmuebles devueltos a sus legítimos dueños fue de apenas 50.

El legislador también criticó la designación de Rubén Durán Miranda como oficial mayor. Recordó que el funcionario estuvo investigado por presunta evasión fiscal y actualmente administra alrededor de 7,000 millones de pesos anuales.

Otros puntos denunciados incluyeron la ausencia de acciones durante el décimo aniversario de la primera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 11 municipios. Según el diputado, la inacción reflejó falta de compromiso institucional.

Acusaciones sobre el sistema penitenciario

Martínez Vargas señaló irregularidades en el tratamiento de seis dirigentes de la Central de Abastos de Toluca, quienes permanecen presos bajo acusaciones cuestionadas. Dijo que existen indicios de fabricación de delitos.

Agregó que cerca del 40 % de la población penitenciaria, equivalente a unos 39,000 internos, enfrenta situaciones similares. Consideró que ello constituye un problema estructural en la administración de justicia.

Entre los casos más sensibles, mencionó la falta de resultados en la investigación por los homicidios de “Fernandito” y “Dulce”. Ambos eran menores y su muerte generó indignación en el Estado de México.

El legislador sostuvo que los familiares de las víctimas han enfrentado dilaciones injustificadas y escasa atención institucional. Recordó que se trató de hechos que conmovieron a la opinión pública estatal.

Contexto y antecedentes del fiscal

José Luis Cervantes asumió el cargo de fiscal en marzo de 2022, tras la propuesta del entonces gobernador Alfredo del Mazo. Su nombramiento fue por un periodo de nueve años.

De acuerdo con Martínez Vargas, a tres años y medio de su gestión los resultados han sido insuficientes. Aseguró que las investigaciones de alto impacto permanecieron sin resolver o con avances mínimos.

No es la primera vez que el legislador formula cuestionamientos al fiscal por omisiones. En otras ocasiones denunció falta de eficacia y de transparencia en el manejo de expedientes.

La solicitud de juicio político busca que la Legislatura evalúe la permanencia de Cervantes. En caso de destitución, la gobernadora tendría la facultad de proponer una terna para su reemplazo.

Posible desenlace legislativo

La Diputación Permanente turnó el recurso a las comisiones correspondientes para su análisis. El proceso implicará la recopilación de pruebas y testimonios que respalden o desvirtúen las acusaciones.

En tanto, la Fiscalía mexiquense no emitió una postura pública sobre el caso. Las autoridades judiciales no informaron sobre avances relacionados con los señalamientos presentados por el diputado.

El procedimiento legislativo podría extenderse varios meses. De confirmarse las irregularidades, el juicio político marcaría un precedente en la rendición de cuentas de altos funcionarios en la entidad. –sn–

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