La Cdmx impulsa nuevo órgano judicial y Claudia Sheinbaum propone a Néstor Vargas.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum informó que Néstor Vargas fue su propuesta para integrar el nuevo Órgano de Administración Judicial, responsable de vigilar la actuación de este Poder. La iniciativa estableció que la integración se conformara con representantes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 100 constitucional, el nuevo órgano tendría independencia técnica y de gestión. Asimismo, quedaría encargado de la administración y de la carrera judicial de los integrantes del Poder Judicial federal.

La propuesta fue anunciada desde Palacio Nacional con la intención de iniciar un proceso de renovación en la vida interna del Poder Judicial. La decisión generó expectativa en los sectores políticos y legislativos que seguirían la conformación del nuevo organismo.

Nuevo órgano judicial

El artículo 100 estableció que el órgano tendría facultades sobre la determinación del número y división de los Tribunales Colegiados de Circuito. También abarcaría la competencia territorial y la especialización por materias de los tribunales de apelación y de los juzgados de distrito.

Entre las funciones señaladas en la Constitución figuraron el ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial. Se definió además la responsabilidad de atender la formación, promoción y evaluación de desempeño de dicho personal.

El nuevo organismo sería igualmente el encargado de la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial. La disposición contempló la capacidad de implementar otras facultades que le otorgara la legislación aplicable.

La designación de Néstor Vargas formó parte de los primeros nombres planteados por el Ejecutivo federal. El perfil del funcionario fue considerado con base en su experiencia y trayectoria en la administración pública.

Facultades y atribuciones

El Órgano de Administración Judicial tendría bajo su cargo la definición de la estructura territorial de los órganos jurisdiccionales. A ello se sumó la posibilidad de establecer circuitos judiciales y su división por materias.

El control de la carrera judicial quedó como uno de los elementos principales de sus atribuciones. De esta manera se buscó garantizar que el ingreso, permanencia y ascenso de funcionarios ocurriera bajo parámetros de evaluación definidos.

Con la propuesta, la vigilancia administrativa del Poder Judicial se trasladó a un órgano con independencia técnica. El objetivo fue dar certidumbre y credibilidad al manejo interno de los recursos y al cumplimiento de las normas.

El anuncio de la presidente coincidió con las discusiones en el Congreso sobre la necesidad de reformas en la justicia. Legisladores consideraron que la medida podría transformar la forma en que se administraba el aparato judicial.

Reacciones en el ámbito político

El planteamiento de Claudia Sheinbaum fue recibido con atención por representantes de diversos partidos. La propuesta de un nuevo esquema administrativo fue interpretada como un intento de modernizar la operación judicial.

El gobierno federal expuso que el nuevo organismo funcionaría como garante de imparcialidad en la administración de justicia. Según lo establecido, contaría con un marco legal suficiente para cumplir con sus responsabilidades.

En medios legislativos se subrayó que el artículo 100 de la Constitución ya había previsto el diseño de un órgano semejante. Sin embargo, su formal instalación dependió de la voluntad política y de la definición de perfiles adecuados.

El nombre de Néstor Vargas se incorporó en ese contexto como candidato propuesto por el Ejecutivo. Se planteó que su experiencia permitiría dar continuidad y credibilidad a la instalación del nuevo organismo.

Hacia la renovación judicial

La medida fue entendida como parte de los primeros pasos del nuevo sexenio en materia de justicia. La prioridad consistió en consolidar un Poder Judicial con mayor autonomía administrativa y con mejores mecanismos de control.

Sectores de la sociedad civil señalaron que el reto consistiría en garantizar que el órgano no se convirtiera en un espacio burocrático más. Subrayaron que la vigilancia del personal debía orientarse a la eficiencia y transparencia.

El gobierno federal insistió en que el propósito del nuevo ente fue asegurar la correcta operación interna de los tribunales. La apuesta se dirigió hacia una mayor confianza en los procesos judiciales de la nación.

La iniciativa abrió la discusión sobre la administración de justicia en México. Legisladores y especialistas reconocieron que el paso era relevante para actualizar el funcionamiento del Poder Judicial. –sn–

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