Las investigaciones penales por aborto crecieron en 2025 y se concentran en Cdmx y Nuevo León. Incremento de casos registrados.

Por Martín García | Reportero                                      

Durante los primeros siete meses de 2025 se iniciaron 522 carpetas de investigación por aborto. La cifra representó un incremento respecto a 2024, cuando se registraron 459 indagatorias en el mismo periodo.

El aumento fue documentado en los reportes del Secretariado Ejecutivo federal, con base en fiscalías estatales. Estos informes oficiales mostraron un crecimiento constante en la judicialización del tema en México.

Las entidades con más carpetas de investigación fueron Ciudad de México, con 146, y Nuevo León, con 144. Ambas entidades concentraron más de la mitad de los casos a nivel nacional en lo que va del año.

En el conteo también destacaron el Estado de México, con 66 casos; Baja California, con 34; y Tamaulipas, con 33. Estos números reflejaron que incluso en entidades con aborto legal, hubo procesos judiciales abiertos.

Estados con aborto legal

En abril de 2025, un total de 24 entidades habían despenalizado el aborto voluntario hasta 12 semanas. En el caso de Sinaloa, la interrupción legal del embarazo se permitía hasta las 13 semanas de gestación.

Los datos mostraron que en estados donde el aborto ya era legal, aún se iniciaron carpetas. Las investigaciones procedieron cuando el procedimiento se realizó fuera del plazo legal establecido en cada legislación.

Entidades como Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero y Jalisco registraron casos judiciales. La mayoría correspondió a abortos realizados más allá de las semanas permitidas por sus códigos penales.

A pesar de la despenalización, la apertura de carpetas de investigación evidenció obstáculos en el acceso. Los procesos legales continuaron afectando a personas gestantes en 24 de las 32 entidades federativas del país.

Entidades sin investigaciones abiertas

En contraste, estados como Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Querétaro, Nayarit, Durango y Campeche no reportaron casos. Según datos oficiales, en estas entidades no se registraron carpetas por aborto en 2025.

La información mostró que ocho entidades permanecían sin registros judiciales en los primeros siete meses del año. Estas cifras contrastaron con las tendencias nacionales que colocaron a la Cdmx y Nuevo León como líderes en casos.

En total, 24 entidades mantuvieron carpetas de investigación abiertas contra mujeres por interrumpir embarazos. Las razones incluyeron tanto la realización del procedimiento fuera del tiempo permitido como en lugares aún penalizados.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) detalló que las denuncias surgieron de reportes médicos y comunitarios. En algunos casos, los procesos fueron iniciados por familiares o terceros con conocimiento del hecho.

Avances en despenalización

Desde 2007, la Ciudad de México fue pionera en despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas. Su código penal marcó un precedente que después fue seguido por otras entidades federativas en la República.

A partir de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió fallos trascendentes sobre el tema. La Corte declaró inconstitucional penalizar el aborto, lo que estableció una protección legal nacional para personas gestantes.

No obstante, la falta de armonización legislativa mantuvo diferencias prácticas entre entidades, lo que originó barreras. En los estados que aún no modificaron su código penal, continuaron abiertas las carpetas de investigación.

El gobierno federal confirmó que la SCJN garantizó que ninguna persona podía ser procesada penalmente por abortar. Sin embargo, la aplicación en cada estado dependió de la interpretación de las fiscalías locales.

Obstáculos en el acceso

Los informes también resaltaron dificultades en la práctica clínica del aborto legal. Entre los principales problemas se encontró la objeción de conciencia del personal médico en hospitales públicos.

La ausencia de protocolos claros generó retrasos y complicaciones para quienes solicitaron el servicio de interrupción del embarazo. En muchos casos, las personas gestantes debieron trasladarse a otras entidades para acceder a la atención.

Los movimientos feministas señalaron que la apertura de carpetas de investigación reflejó la persistencia de criminalización. Colectivos documentaron que estas investigaciones provocaron temor en usuarias y limitaron su derecho a la salud.

Cabe señalar que para iniciar una carpeta de investigación fue necesaria una denuncia o querella. Una vez presentada, la autoridad determinó si existían indicios suficientes para judicializar el caso ante un juez. –sn–

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.