El gobierno federal y operadoras móviles iniciaron prueba piloto para registro obligatorio de usuarios.
Por Fausto Hernández | Reportero
Como parte de una estrategia contra la extorsión, fraudes y delitos telefónicos, comenzó en septiembre una prueba piloto de registro de usuarios de telefonía móvil. El ejercicio estuvo a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) junto con Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.
El acuerdo fue firmado por Jorge Luis Pérez Hernández, titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, y representantes de las compañías. El acto se realizó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con presencia de funcionarios federales.
En la ceremonia participaron José Luis Rodríguez, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, y José Antonio Montero, director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Ambos avalaron la formalización del convenio.
Prueba para registro de usuarios
Durante la firma, Pérez Hernández explicó que la prueba definió acciones y áreas de mejora. El objetivo fue preparar a concesionarios y comercializadores para la operación obligatoria del registro que estableció la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El funcionario indicó que la identificación de usuarios se realizó mediante documentos oficiales con CURP. Estos datos se vincularon a la línea adquirida en centros de atención a clientes y quedaron bajo resguardo exclusivo de las compañías telefónicas.
De acuerdo con la ATDT, el gobierno federal no tendría acceso a la información personal. La medida se aplicó conforme a la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
El ejercicio piloto inició el 1 de septiembre y concluirá en octubre, cuando entren en vigor las disposiciones legales. A partir de esa fecha será obligatorio el registro de nuevas líneas en todos los puntos de venta.
Líneas nuevas y activas
Para las líneas ya activas se estableció un periodo específico de registro. Las compañías móviles habilitarán modalidades remotas que facilitaron el trámite a los usuarios en todo el país.
La SSPC informó que este esquema se diseñó para dar certeza jurídica y seguridad tecnológica. Además, planteó que la actualización del padrón mejoró la trazabilidad de llamadas asociadas a ilícitos.
La medida buscó reducir delitos de alto impacto como extorsión y fraude telefónico. Autoridades señalaron que el sistema ofreció herramientas a las instituciones de seguridad sin vulnerar la privacidad de los ciudadanos.
El registro piloto también probó los mecanismos de verificación de datos en tiempo real. Con ello se detectaron posibles ajustes antes de la entrada en vigor de la normativa obligatoria.
Representantes de la industria
En la firma participaron directivos de las principales operadoras del país. Entre ellos estuvieron David Boone, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SSPC, y Gabriel Contreras, vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Externos de AT&T.
Asimismo, acudieron Zaira Pérez, directora general de Altán Redes; Alejandro Cantú, director jurídico y secretario del Consejo de Administración de América Móvil; y Gabriel Cejudo, CEO de Bait.
También asistió Camilo Aya Caro, presidente y CEO de Telefónica Movistar México. La presencia de los representantes refrendó el compromiso de la industria con la seguridad nacional.
De acuerdo con los asistentes, el convenio marcó un precedente en la colaboración público-privada. La implementación del registro posicionó a México en la ruta hacia una mayor regulación en telecomunicaciones.
Transición hacia obligatoriedad
La ATDT subrayó que el piloto funcionó como modelo de referencia para otras etapas. Los resultados servirán para ajustar protocolos antes de la obligatoriedad en todos los puntos de venta.
La dependencia señaló que la medida fortaleció la protección de usuarios frente a delitos digitales. Al mismo tiempo, buscó otorgar confianza en el uso de servicios de telefonía móvil en México.
Funcionarios de la SSPC añadieron que el registro complementó políticas nacionales de seguridad pública. Destacaron que las telecomunicaciones jugaron un papel central en la prevención del crimen.
El piloto concluyó en octubre y dio paso a la implementación definitiva. A partir de entonces, los registros quedaron como requisito para contratar cualquier línea móvil en el país. –sn–


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