La FGR nombró a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo tras renuncia de Sara Irene Herrerías.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Fiscalía General de la República (FGR) designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, tras la renuncia de Sara Irene Herrerías Guerra, quien buscaba desarrollarse como ministra de la Suprema Corte.

La salida de Herrerías generó reacciones entre colectivos de la sociedad civil, que solicitaron un proceso de selección transparente. Organizaciones nacionales reclamaron que el nombramiento debía surgir de una convocatoria pública y con metodología verificable.

El nombramiento se formalizó el 4 de septiembre, a pesar de que días antes circuló una carta firmada por 62 colectivos. Dicho documento planteaba la importancia de incluir a la ciudadanía en la definición de perfiles para cargos clave de la FGR.

Carta de colectivos civiles

Los grupos firmantes incluyeron a TÉ BUSCO, Abogadas con glitter, Artículo 19, Impunidad Cero, Fundar, la Fundación para la Justicia y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Estos señalaron que el proceso debía cumplir estándares internacionales.

El texto advirtió que la fiscalía representaba un área fundamental en la reparación de violaciones a los derechos humanos. Los colectivos sostuvieron que la ley preveía la participación ciudadana para garantizar que la designación cumpliera con criterios objetivos.

Basaron su demanda en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la FGR, que contempla la aportación de información por parte de la sociedad civil. Argumentaron que la autoridad estaba obligada a establecer convocatorias abiertas y entrevistas públicas.

El escrito también recordó las Directrices sobre la Función de los Fiscales de Naciones Unidas, que promueven procesos abiertos e igualitarios. Además, citaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó difundir requisitos y plazos de manera transparente.

Perfil de Ricardo Sánchez

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo egresó de la Escuela Libre de Derecho. En 2008 colaboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ejerció la abogacía de manera independiente antes de incorporarse al sector público.

Entre 2009 y 2016 ocupó cargos en la Secretaría de Gobernación, donde se desempeñó como Director General Adjunto en derechos humanos y asesor en temas de comunicación.

Posteriormente, en 2017, asumió funciones dentro de la extinta PGR como coordinador de medidas cautelares. En ese cargo se vinculó a proyectos de protección a víctimas y testigos.

Ese mismo año fue designado titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), donde investigó ataques contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

Crisis de derechos humanos

La decisión del fiscal general Alejandro Gertz Manero de nombrarlo al frente de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ocurre en un contexto crítico. Diversos organismos internacionales han señalado graves violaciones en el país.

Entre las problemáticas resaltadas se encuentran desapariciones forzadas, tortura, ataques contra periodistas y agresiones a defensores de derechos humanos. También se identificaron riesgos para personas migrantes en tránsito por México.

Los colectivos insistieron en que la gravedad de la crisis exigía un perfil sólido y con experiencia comprobada. Señalaron que el área debía ser encabezada por alguien con legitimidad social y técnica.

Aunque se reconoció la trayectoria profesional de Sánchez, las organizaciones reiteraron que la metodología de nombramiento no cumplió con parámetros de transparencia.

Llamado a vigilancia ciudadana

El nombramiento de Sánchez reabrió el debate sobre la necesidad de mecanismos claros en designaciones estratégicas dentro de la FGR. Colectivos recordaron que sin procesos públicos se debilitaba la confianza ciudadana.

También remarcaron que la participación social constituía un derecho reconocido por leyes nacionales y estándares internacionales. La inclusión de organizaciones en estos procesos buscaba aportar legitimidad democrática.

En su carta, las agrupaciones exhortaron a la FGR a garantizar entrevistas públicas, difusión de criterios y apertura a todas las personas con perfil adecuado.

El mensaje central de los colectivos fue que la fiscalía debía mantenerse como una institución independiente, capaz de responder a la crisis de impunidad y a la protección de los derechos humanos. –sn–

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