La Asociación de Abogados Cristianos impulsa amparos contra la CURP biométrica y cuestiona su constitucionalidad.

Por Martín García | Reportero                                      

La Asociación de Abogados Cristianos (AAC) informó que puso a disposición de la población tres modalidades de amparo contra la CURP biométrica, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la exigencia de entregar datos biométricos al gobierno federal sin una orden judicial.

La organización señaló que la recolección forzada de datos biométricos vulneraba garantías reconocidas en la Constitución Mexicana y en tratados internacionales suscritos por México, entre ellas el derecho a la privacidad, a la seguridad de los datos personales y a la protección de la familia.

Los amparos fueron diseñados para adultos, padres de familia interesados en proteger la identidad de sus hijos recién nacidos, así como de los que aún se encontraban en etapa prenatal. Con esta estrategia, la AAC planteó defender la dignidad humana frente a medidas estatales invasivas.

La institución adelantó que buscaría presentar más de mil recursos de amparo antes del 28 de agosto de 2025, fecha límite definida en el calendario de implementación de la CURP biométrica. De acuerdo con la asociación, ese número reflejaba un rechazo social amplio hacia la medida gubernamental.

Argumentos de inconstitucionalidad

El director jurídico de la AAC, Carlos Ramírez, explicó que la obligación de entregar datos biométricos sin orden judicial constituía una intromisión ilícita y desproporcionada en la vida privada de las personas. Subrayó que este requisito violaba principios básicos de proporcionalidad y legalidad.

En su posicionamiento, la asociación puntualizó que los tribunales debían pronunciarse en torno a la constitucionalidad de la medida y garantizar que la ciudadanía no quedara expuesta a abusos de poder. Según la AAC, el marco legal vigente no facultaba al gobierno federal a exigir información biométrica de manera indiscriminada.

El colectivo recordó que instrumentos internacionales de derechos humanos firmados por México reforzaban las obligaciones estatales de proteger la privacidad. En su interpretación, la exigencia de datos biométricos sin control judicial chocaba directamente con compromisos asumidos por el Estado mexicano.

De igual forma, la AAC alertó que la entrega de información personal sensible generaba riesgos adicionales en un contexto de vulnerabilidades cibernéticas, donde el robo de identidad y los fraudes digitales constituían amenazas constantes para la seguridad de la población.

Tres modalidades de amparo

El esquema planteado por la asociación contempló una primera modalidad dirigida a adultos que deseaban impedir el uso indebido de sus datos biométricos. Esta ruta buscaba resguardar el derecho individual a la privacidad.

La segunda modalidad de amparo fue diseñada para padres de familia que procuraban la protección de sus hijos menores de edad, garantizando que no fueran obligados a entregar información sensible sin las salvaguardas jurídicas correspondientes.

La tercera vía de defensa incluyó a padres que buscaban amparar la identidad de hijos por nacer, bajo la premisa de preservar derechos reconocidos en diversos tratados internacionales y en disposiciones de la propia legislación mexicana.

Con estas opciones, la AAC ofreció un marco integral de protección, con la intención de blindar a distintos sectores de la población frente a la imposición del nuevo esquema biométrico.

Calendario y reacciones sociales

El anuncio de la AAC coincidió con el calendario establecido por el gobierno federal para la implementación gradual de la CURP biométrica, cuyo plazo clave se fijó para el 28 de agosto de 2025.

De acuerdo con la asociación, la convocatoria a presentar amparos registró un número creciente de interesados en distintas entidades federativas. Juristas reportaron que decenas de familias acudieron a asesorías en los primeros días de apertura del programa.

El colectivo anticipó que los próximos meses serían decisivos para consolidar un frente jurídico contra la disposición gubernamental, lo cual podría marcar precedentes en materia de protección de datos personales.

Al mismo tiempo, académicos especializados en derecho constitucional señalaron que la discusión en tribunales contribuiría a delimitar el alcance de la privacidad digital y el papel de las instituciones en la defensa de derechos ciudadanos.

Expectativa judicial

La AAC manifestó confianza en que los jueces federales valoraran la desproporción de la medida y fallaran a favor de los promoventes de los amparos. La organización aseguró que los tribunales mexicanos contaban con criterios previos que fortalecían sus argumentos.

Los abogados resaltaron que la resolución de este caso podría convertirse en referencia para futuras decisiones sobre tecnologías aplicadas en procesos administrativos. Por ello, insistieron en que la discusión no debía limitarse a lo técnico, sino también a la protección integral de derechos humanos.

La asociación reiteró que los ciudadanos interesados podían acceder a las asesorías legales en sus oficinas y a través de plataformas digitales, con el propósito de preparar sus expedientes antes de la fecha límite establecida.

Finalmente, la AAC confirmó que continuaría informando a la sociedad mexicana sobre los avances de esta estrategia jurídica y el curso de las resoluciones emitidas por los tribunales competentes. –sn–

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