El municipio mexiquense de Valle de Bravo enfrenta corrupción institucional y saqueo hídrico en medio de desigualdad social.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

El municipio de Valle de Bravo, antes refugio natural del estado de México, cambió radicalmente. El destino se transformó en zona de élite política y empresarial con alto impacto ambiental. Escándalos recientes lo colocaron en el centro de la atención nacional.

En 2024, la presidente municipal Michelle Núñez Ponce, surgida del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tomó decisiones arbitrarias. Ordenó suspender pagos y funciones a cinco integrantes del Cabildo local. Entre los afectados estuvieron el síndico Pastor Nava Montoro y regidores de distintos partidos.

La medida se aplicó sin proceso legal ni justificación administrativa oficial. En 2025, el Poder Judicial Federal resolvió que la suspensión fue inconstitucional. El fallo ordenó restituir los derechos de los funcionarios municipales afectados.

Autoritarismo y desigualdad

El caso expuso un patrón de autoritarismo y opacidad institucional en el ayuntamiento. Las denuncias públicas señalaron un manejo discrecional del poder municipal. La alcaldesa enfrentó críticas por el contraste entre lujo personal y pobreza comunitaria.

Paralelamente, Valle de Bravo consolidó su imagen como destino de élite nacional. Se promovieron propiedades de lujo y turismo exclusivo con fuerte inversión inmobiliaria. La expansión desplazó a comunidades rurales y profundizó desigualdades sociales.

Imágenes mostraron a Núñez con prendas de diseñador valoradas en miles de pesos. Entre ellas se identificaron chamarras Moncler de hasta 32 mil pesos. Habitantes denunciaron el contraste con los niveles de precariedad y carencias locales.

El municipio se convirtió en símbolo de desconexión entre autoridades y población vulnerable. Reportes ciudadanos documentaron abandono de programas básicos de salud y servicios. La brecha social creció en paralelo con el auge inmobiliario y turístico.

Presas ilegales en 2025

El escándalo más grave estalló en mayo de 2025 tras investigaciones federales. La Fiscalía General de la República (FGR) reveló la existencia de presas ilegales. Se contabilizaron al menos diez construcciones en zonas naturales protegidas.

Las estructuras desviaban agua del sistema Cutzamala, fuente esencial para millones. La operación ilegal afectó directamente el abasto hídrico en la región centro del país. Habitantes señalaron daños severos a comunidades rurales y zonas forestales.

La construcción de presas implicó maquinaria pesada y obras sin permisos autorizados. Autoridades federales confirmaron que empresarios ligados a Grupo México encabezaron el proyecto. El nombre de Germán Larrea apareció en investigaciones oficiales.

Las pesquisas también señalaron la participación de funcionarios de la Semarnat. Reportes oficiales describieron un entramado de complicidad institucional a nivel federal y estatal. La operación ilegal mostró la vulnerabilidad de áreas estratégicas en la zona.

Comunidades en resistencia

La comunidad local fue la primera en denunciar movimientos sospechosos en el área. Desde 2024, habitantes de Mesa Rica y La Huerta alertaron sobre maquinaria. Sin embargo, las autoridades ignoraron los reportes comunitarios en repetidas ocasiones.

Vecinos documentaron con fotografías la construcción de bordos en áreas prohibidas. Sus denuncias fueron entregadas a autoridades municipales y estatales. Ninguna institución respondió de manera inmediata a las acusaciones de saqueo.

Los pobladores acusaron despojo político y saqueo ambiental en la zona. Señalaron que Valle de Bravo se convirtió en un territorio controlado por intereses privados. La inconformidad derivó en protestas pacíficas y bloqueos comunitarios.

El saqueo hídrico se sumó a la crisis política municipal. La población denunció que la riqueza turística contrastaba con la marginación local. Organizaciones civiles retomaron el caso como ejemplo de impunidad y abuso. –sn–

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