El Poder Judicial planteó plazas con sueldos superiores a Sheinbaum y contradijo política de austeridad.

Por Martín García | Reportero                                      

El nuevo Poder Judicial de la Federación incluyó en su proyecto de gasto 2026 más de 2 mil plazas con salarios superiores a los de la presidente Claudia Sheinbaum, contraviniendo la política de austeridad y la ley que prohíbe rebasar la remuneración presidencial.

De acuerdo con el documento entregado a la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí ajustó los sueldos de ministros a un monto menor de 2.8 millones brutos anuales, límite fijado para la titular del Ejecutivo federal.

En contraste, otras áreas del Poder Judicial no aplicaron este ajuste salarial. El Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituyó al Consejo de la Judicatura, registró 25 niveles de plazas con remuneraciones por encima de dicho tope.

Entre ellas sobresalió la plaza de consejero de la Judicatura, con un salario de 5.5 millones de pesos brutos anuales. Aunque ese cargo desapareció, no se aclaró si la remuneración pasará a magistraturas del Tribunal de Disciplina o a integrantes del OAJ.

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Salarios por encima del tope

El cargo más bajo que superó el sueldo de la presidente fue el de secretario técnico A de tribunal o juzgado. En este nivel se incluyeron 202 plazas con salarios brutos anuales de 2.9 millones de pesos.

El proyecto contempló también sueldos de 4.4 millones brutos anuales para 951 magistraturas de Circuito, incluidos los cargos electos en junio pasado, así como para 773 jueces de Distrito en activo.

Además, decenas de puestos de directores generales, coordinadores y titulares de área fueron enlistados con salarios y prestaciones que superaron los 3 millones de pesos anuales brutos, sin ajustes al límite constitucional.

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las siete magistraturas de Sala Superior fueron inscritas con un salario de 4.1 millones brutos anuales, mientras que las 18 de salas regionales quedaron con 3.6 millones.

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Tribunales y plazas clave

Los funcionarios de menor nivel jerárquico en el Tribunal Electoral que excedieron el sueldo presidencial fueron los secretarios de Estudio y Cuenta. Se enlistaron 84 plazas con salarios de 3.2 millones de pesos anuales.

En todos los casos, las remuneraciones superaron el límite legal establecido para el Ejecutivo federal. El documento presupuestal no precisó ajustes inmediatos en estas categorías.

El contraste con la Suprema Corte fue evidente, pues en el Alto Tribunal sí se redujeron sueldos para cumplir con el límite fijado en la Constitución.

Sin embargo, en los órganos auxiliares y en el Tribunal Electoral se mantuvieron percepciones superiores a las de la presidencia de la República, según lo observado en el desglose presupuestal.

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Reforma y disposiciones transitorias

Un artículo transitorio de la reforma judicial estableció que los salarios de servidores públicos del Poder Judicial federal y de entidades, incluida la Cdmx, no podrían superar los del Ejecutivo.

Dicho transitorio también indicó que los ajustes debían realizarse conforme al artículo 127 de la Constitución. Con ello, se fijó un tope salarial de 2.8 millones brutos anuales.

La Cámara de Diputados, que revisará el Presupuesto 2026, tendrá la facultad de aplicar los ajustes a todas las plazas que sobrepasen dicho límite.

Esto incluiría incluso a los cargos de secretario técnico A, actualmente con 202 plazas que rebasan la remuneración establecida para la presidencia.

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Perspectiva institucional

El Órgano de Administración Judicial informó que los trabajadores con juicios de amparo en trámite conservarían sus percepciones mientras se resuelven los procesos.

De esta manera, las remuneraciones se mantendrían intactas en tanto los tribunales determinen la validez de sus reclamos.

El anuncio fue realizado en la sesión de instalación del nuevo OAJ, que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura.

El debate por los salarios se trasladará ahora al Congreso, en donde se discutirá si se aplican recortes inmediatos o si se mantienen hasta concluir los litigios en curso. –sn–

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