• Se privilegió la ecología al cancelar un proyecto valuado en más de dos mil millones de pesos. La resolución fue respaldada por la gobernadora Mara Lezama y la SEMARNAT

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El gobierno de México tomó una decisión histórica al dejar sin efecto la autorización en materia de impacto ambiental para la construcción del cuarto muelle de cruceros en Cozumel, un proyecto privado estimado en más de dos mil millones de pesos. La medida sienta un precedente en la política ambiental del país y envía un mensaje contundente: la vida y la naturaleza están por encima de los intereses económicos.

La resolución fue impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Alicia Bárcena, y respaldada por la subsecretaria Ileana Villalobos, la gobernadora Mara Lezama y el senador Gino Segura.

Coincidieron en que esta acción representa una victoria no solo para Quintana Roo, sino para México y el mundo, pues el proyecto amenazaba directamente al Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado el segundo más grande del planeta y esencial para la biodiversidad marina y el equilibrio ecológico.

Óscar Reborá, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, subrayó la trascendencia de este paso histórico al afirmar.

“Hoy se demuestra que la protección de la naturaleza y de nuestro patrimonio común está por encima de cualquier interés económico. El Sistema Arrecifal Mesoamericano es vital para nuestra biodiversidad, para las comunidades costeras y para el futuro del turismo sustentable en el Caribe mexicano”.

El funcionario destacó la participación ciudadana como clave en este logro.

“El pueblo de Cozumel alzó la voz y hoy su demanda es escuchada. Esta victoria pertenece a la gente que defiende con firmeza el mar, la biodiversidad y el legado natural de Quintana Roo”.

La decisión marca un parteaguas en la política ambiental. A diferencia de administraciones pasadas, en las que el poder económico solía imponerse al interés social, este precedente confirma que el poder político puede y debe alinearse con la defensa de la naturaleza.

El mensaje es claro: no más megaproyectos al margen de la ecología, no más privilegios por encima de la vida. Con esta determinación, México avanza hacia la justicia ambiental y hacia un modelo de desarrollo que mira al futuro con responsabilidad y respeto por las próximas generaciones. –sn–

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