Claudia Sheinbaum afirmó que no existía un trasfondo político en el procedimiento contra Dania Ravel.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum aseguró que el proceso iniciado por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la consejera Dania Ravel no tenía relación política. Explicó que solicitó a la Secretaría de Gobernación información detallada antes de emitir un posicionamiento completo.
Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, precisó que la sanción se originó en el propio órgano electoral y no en instancias externas. Señaló que “mañana opinamos sobre este tema ya que tengamos toda la información”. Añadió que era un asunto interno del INE, sin interferencia del gobierno federal.
La mandataria subrayó que el caso se derivó de sanciones establecidas por el INE hacia sus consejeros. Reiteró que no existían elementos que lo vincularan con decisiones políticas o con la actuación del Ejecutivo federal en funciones.
Procedimiento del INE
La consejera Dania Ravel informó que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE le abrió un procedimiento administrativo. Esto se debió a su voto en 2021 a favor de suspender la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador por falta de recursos.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, explicó que el proceso fue iniciado casi cuatro años después de su voto. Consideró que la acción representaba un intento de persecución hacia integrantes del órgano colegiado de dirección electoral.
La consejera afirmó que perseguir a miembros de un cuerpo colegiado por sus votos inhibía la independencia de criterios. Subrayó que el procedimiento afectaba la autonomía de quienes formaban parte de la toma de decisiones en el instituto.
Señaló también que los acuerdos y resoluciones del INE eran revisados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por ello, indicó que la diferencia en criterios jurídicos nunca debía traducirse en procesos administrativos o sancionadores.
Antecedentes del caso
En diciembre de 2021, por seis votos contra cinco, el INE determinó suspender la organización de la consulta de revocación de mandato. La causa fue la falta de presupuesto para realizar el ejercicio solicitado en ese entonces.
La decisión fue impugnada y la Sala Superior del TEPJF revocó la suspensión. Posteriormente, el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que también intervino en el procedimiento legal.
La denuncia inicial contra los seis consejeros fue presentada por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. La querella fue interpuesta de forma penal y administrativa ante las instancias correspondientes.
Días después se informó que la denuncia penal quedaba sin efectos, sin embargo, el procedimiento administrativo en el OIC continuó abierto. Desde entonces, el expediente se mantuvo en revisión hasta su reciente activación en contra de Ravel.
Posición del Ejecutivo
La presidente Claudia Sheinbaum reiteró que la investigación era independiente del gobierno federal. Afirmó que no existía ninguna intención de intervenir en los asuntos internos del INE ni de presionar a sus consejeros.
Indicó que la Secretaría de Gobernación daría seguimiento al caso para conocer sus alcances. Con ello se establecería una opinión oficial por parte del Ejecutivo federal, en apego a la información que presentaran las autoridades competentes.
Finalmente, insistió en que el procedimiento debía resolverse en el ámbito institucional. Puntualizó que el respeto a la autonomía del INE se mantenía como un principio fundamental en la relación del Ejecutivo con el órgano electoral. –sn–
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