El nuevo Código Nacional unificó procedimientos y colocó los derechos humanos en el centro.

Por Martín García | Reportero                                      

La directora del IIJ de la UNAM, Mónica González Contró, afirmó que el derecho familiar y civil se transformaron en temas constitucionales. Señaló que hoy se entienden bajo un enfoque de derechos humanos, distinto al criterio de décadas pasadas.

Explicó que la Constitución incorporó figuras impensables hace 50 años, como el derecho de niñas y niños. Añadió que también se reconoció la igualdad entre mujeres y hombres, la protección de la familia y garantías relacionadas con salud y alimentación.

Durante el Congreso “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: el impacto de su implementación”, la jurista expuso que el Estado cambió de visión. Precisó que en la actualidad su intervención asumió la función de garantizar derechos fundamentales.

En el auditorio Héctor Fix Zamudio del IIJ, González Contró recalcó la relevancia de generar insumos académicos. Destacó que el derecho civil y familiar inciden directamente en la vida cotidiana de las personas.

Unificación normativa nacional

La directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Sonia Venegas Álvarez, explicó que el Código representó un cambio histórico. Precisó que el nuevo ordenamiento abrió paso a un sistema jurídico coherente y respetuoso de los derechos humanos.

Venegas indicó que su implementación permitió la unificación normativa en todo el país en procedimientos civiles y familiares. Subrayó que el resultado apuntó hacia una justicia más ágil, clara y uniforme en los tribunales.

Durante siete mesas de trabajo, especialistas analizaron la centralidad de las garantías fundamentales en la práctica procesal. Examinaron además la teoría del caso, técnicas de litigación, capacidad jurídica plena y retos en la justicia familiar.

Las mesas abordaron también los desafíos de las pruebas digitales, el rol del notariado y cuestiones bioéticas. Señalaron la necesidad de armonizar los criterios entre entidades federativas para aplicar el nuevo ordenamiento en forma integral.

Compromiso con la dignidad

Venegas Álvarez advirtió que el Código no puede leerse solo como instrumento procedimental. Afirmó que debe entenderse como compromiso con la dignidad de las personas que acuden a los tribunales en vulnerabilidad.

La académica precisó que la universidad desempeñó un papel central en la implementación de este marco normativo. Aseguró que la academia acompañó con investigación crítica, formación de juristas y propuestas de mejora institucional.

Agregó que la colaboración se extendió a la capacitación de operadores jurídicos y al diseño de protocolos. Señaló también la importancia de sistematizar buenas prácticas y evaluar el impacto del Código en la sociedad.

Destacó que la perspectiva de género y derechos humanos se convirtió en guía transversal del nuevo marco. Subrayó que su aplicación dependerá de la preparación técnica y ética de quienes lo pongan en práctica. –sn–

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