La FGR logró auto de formal prisión y reveló vínculos con “Rápido y Furioso”.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), informó que un juez dictó auto de formal prisión contra Ricardo Humberto Hernández Coronado, el ex funcionario acusado de introducir armas y explosivos de uso militar.

El implicado fue detenido en Hermosillo, Sonora, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la captura ocurrió en coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal tras cumplimentar una orden de aprehensión.

Los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal (MPF) permitieron la resolución judicial. Con ello, Hernández Coronado quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS-Sonora”, donde permaneció bajo resguardo.

Relación con tráfico de armas

De acuerdo con la investigación, el ex funcionario estuvo vinculado con el caso denominado “Rápido y Furioso”. Este operativo permitió la entrada ilegal a México de armamento militar proveniente del estado de Arizona entre 2009 y 2010.

En su cargo como parte de la Central de Operación Aduanera de las Aduanas del Norte, autorizó el paso de armas; dicho armamento cruzó la frontera sin permisos oficiales, en violación directa de la normativa vigente para importaciones.

El material introducido incluyó rifles de asalto, cartuchos y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Según las autoridades, la acción generó un riesgo para la seguridad nacional al fortalecer la capacidad bélica de organizaciones criminales.

La FGR señaló que los registros oficiales acreditaron la actuación de Hernández Coronado en esas operaciones. La información formó parte del expediente que sustentó el auto de formal prisión emitido en su contra.

Procedimiento judicial en curso

El juez consideró suficientes las pruebas presentadas por el MPF en la audiencia respectiva. El proceso avanzó bajo estricto cumplimiento del marco legal y conforme a los procedimientos del sistema de justicia penal.

La FEMDO confirmó que la acusación incluyó la introducción clandestina de armas, municiones y explosivos. Estos elementos fueron clasificados como de uso exclusivo militar, lo que elevó la gravedad de la imputación.

Fuentes oficiales indicaron que el exfuncionario no presentó permisos de la autoridad competente. El hecho resultó determinante para acreditar la ilegalidad de las operaciones realizadas entre 2009 y 2010.

El caso fue integrado como parte de las indagatorias relacionadas con tráfico de armamento internacional. Las autoridades judiciales mantuvieron la revisión de pruebas documentales y testimoniales entregadas por la parte acusadora. –sn–

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