Académicos y activistas debatieron sobre ecocidio y su impacto ambiental en América Latina.

Por Martín García | Reportero                                      

El ecocidio fue planteado como un delito cercano al genocidio porque desplazaba poblaciones enteras y generaba crímenes contra defensores ambientales, además de asociarse con fenómenos globales como el cambio climático, señaló el director del CIALC de la UNAM, Gerardo Torres Salcido.

El académico indicó que el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe impulsaba nuevas visiones regionales. En este marco, investigadores nacionales e internacionales estudiaban fenómenos vinculados con desplazamientos, despojos y violencias ejercidas también contra comunidades.

En el Seminario Internacional El delito de ecocidio en América Latina, explicó que la defensa de derechos humanos debía relacionarse con la protección de ecosistemas. Añadió que el problema crecía de manera significativa en la región y requería atención inmediata.

Propuesta global

La organización Stop Ecocidio Internacional desarrollaba acciones intersectoriales para caracterizar el ilícito como crimen internacional. El objetivo consistía en que la Corte Penal Internacional lo incorporara dentro de su marco jurídico, iniciativa considerada esencial por los especialistas reunidos.

La investigadora del CIALC, Eva Leticia Orduña Trujillo, advirtió que la afectación climática y ambiental impactaba otros derechos fundamentales. El primero de ellos era la vida, que debía garantizarse frente a las consecuencias de daños irreversibles en ecosistemas.

La especialista señaló que América Latina registraba el mayor número de agresiones contra defensores ambientales. Entre las violaciones documentadas destacaban asesinatos y desapariciones forzadas, considerados los hechos más graves en la región.

Asimismo, añadió que la estigmatización representaba otro riesgo. Activistas eran catalogados como opositores al desarrollo o “terroristas”, lo que facilitaba procesos de criminalización con el encarcelamiento como principal recurso estatal.

Perspectiva regional

La académica Natalia Denise Alonso, del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, sostuvo que las condiciones estructurales del sistema-mundo debían considerarse al elaborar políticas ambientales. Resaltó la necesidad de articular demandas socioambientales y legislar de manera clara sobre ecocidio.

Alonso explicó que la movilización social en favor de la justicia ambiental se había apropiado del término. La construcción de esta noción se consolidaba como un riesgo percibido, aun sin contar con una definición técnica aplicada de manera uniforme.

Señaló la urgencia de trabajar en una definición de ecocidio adaptada a América Latina. Esta conceptualización debía responder a las necesidades regionales y al mismo tiempo resultar relevante para países del sur global con problemáticas similares.

En su análisis, reconoció que cada región poseía sus propias historias. Sin embargo, coincidían problemáticas comunes relacionadas con explotación ambiental, conflictos sociales y políticas insuficientes para garantizar una protección efectiva de los ecosistemas. –sn–

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