Expropiación en Campeche y acusaciones cruzadas marcaron la disputa política nacional.
Por Paola Ramírez | Reportera
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que denunciaría a la presidente Claudia Sheinbaum tras la expropiación de propiedades. La mandataria respondió desde Palacio Nacional que señaló posibles recursos ilícitos, pero negó haberlo asegurado.
“Parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos, pero en todo caso tiene derecho a lo que cualquier ciudadano tiene, a defenderse en el momento de un acto de autoridad”, declaró el presidente nacional en la mañanera de este jueves ante medios.
Este jueves e de octubre, también en conferencia matutina, Claudia Sheinbaum consideró que las propiedades expropiadas por el gobierno de Layda Sansores al priista habían sido adquiridas mediante lavado de dinero. “Entiendo que son propiedades adquiridas con lavado de dinero”, expuso la mandataria.
Expropiación en Campeche
En Campeche, el pasado 30 de septiembre, la gobernadora Layda Sansores anunció la expropiación legal de cuatro predios del fraccionamiento Miramar, propiedad del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para destinarlos a la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Los terrenos sumaron ocho hectáreas y estaban registrados a nombre de la madre de Alejandro Moreno, Yolanda Cárdenas Montero, y de su arquitecto Juan José Salazar Ferrer, de acuerdo con la ley de expropiación recién aprobada en la entidad. El gobierno campechano justificó el procedimiento en necesidades de educación pública.
En la misma línea, la mandataria nacional explicó que la extinción de dominio debía aplicarse en casos de corrupción. Indicó que aun cuando la sanción penal estuviera probada, el proceso para extinguir el dominio resultaba largo y complejo.
Ley de Extinción de Dominio
“Si se adquiere un predio, tiene que demostrarse, evidentemente, y cualquier cosa la tiene que determinar un juez. Pero si por corrupción o mal uso de recursos se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o mal habidos, sí debe aplicarse la figura”, dijo Sheinbaum.
La mandataria recordó que se trabajaba en el fortalecimiento de la Ley de Extinción de Dominio. Señaló que su aplicación debía facilitar la recuperación de bienes vinculados a corrupción o delincuencia organizada y destinarse a fines sociales.
El presidente explicó que los predios expropiados podrían entregarse a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la construcción de escuelas. De manera específica, se mencionó la posibilidad de levantar nuevas universidades en el estado de Campeche.
Disputa política nacional
El priista Alejandro Moreno respondió que emprendería acciones legales contra Claudia Sheinbaum por considerar que la expropiación violaba sus derechos. Calificó la medida como un ataque político directo contra su familia y patrimonio.
La mandataria, sin embargo, reiteró que no afirmó que las propiedades fueran ilícitas, sino que existía la sospecha. Subrayó que correspondía al Poder Judicial resolver la legalidad de los actos de autoridad y el uso de recursos para la compra de predios.
La controversia escaló en el escenario nacional por la confrontación entre el PRI y Morena. Analistas advirtieron que el caso se inscribía en un contexto de pugnas políticas en torno a la Reforma Electoral y la reconfiguración del Congreso.
Consecuencias legales
De acuerdo con la expropiación anunciada por Layda Sansores, el procedimiento cumplió las disposiciones legales locales. El gobierno estatal notificó que la medida respondía a un proyecto educativo de interés público, prioritario para la entidad.
El conflicto entre el dirigente priista y el presidente nacional abrió un nuevo frente de disputas jurídicas. La expropiación de bienes y la aplicación de la extinción de dominio generaron debates sobre el uso de estas figuras en casos de corrupción política.
La FGR no se pronunció sobre el caso, pero especialistas jurídicos previeron que el litigio llegaría a tribunales federales. El desenlace podría sentar precedentes en materia de propiedad privada, corrupción y facultades de gobiernos estatales para expropiar. –sn–


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