Ocho funcionarios de la Fiscalía Cuauhtémoc quedaron prófugos tras revelarse una red de corrupción y extorsión.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Ocho servidores públicos adscritos a la Fiscalía de Cuauhtémoc, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (Cdmx), se encontraban prófugos de la justicia tras girarse órdenes de aprehensión por los delitos de obstrucción de la justicia y extorsión. Las investigaciones revelaron que los funcionarios cobraban millonarios sobornos a cambio de liberar inmuebles asegurados.

De acuerdo con los informes de la Fiscalía de Asuntos Especiales, los funcionarios exigían entre dos y seis millones de pesos para devolver propiedades confiscadas por su presunta relación con delitos de alto impacto. Las autoridades capitalinas confirmaron que el caso involucró a personal de confianza de la entonces fiscal en Cuauhtémoc, Martha Reyes Gutiérrez.

Los reportes indicaron que Reyes Gutiérrez fue destituida de su cargo y su paradero era desconocido. La fiscal fue considerada prófuga, ya que desde el inicio de la investigación no respondió a los citatorios judiciales ni fue localizada en su domicilio registrado.

Red de extorsión en Cuauhtémoc

Entre los implicados identificados se encontraba Jesús Díaz, quien se desempeñó como secretario particular de la fiscal Reyes, así como Gabriela Camacho, agente del Ministerio Público adscrita a la misma fiscalía. Ambos fueron señalados por su presunta participación directa en los actos de corrupción detectados.

Las indagatorias apuntaron a que el grupo operaba desde la propia sede ministerial, donde controlaban el acceso a expedientes relacionados con decomisos de inmuebles. A cambio de sumas millonarias, gestionaban la “liberación” de propiedades aseguradas por delitos de fraude, despojo o lavado de dinero.

Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) recibieron órdenes de búsqueda y aprehensión contra los funcionarios implicados. Hasta el cierre del informe, no se reportaron detenciones, aunque las autoridades mantenían operativos activos en diversos puntos de la Cdmx.

Las carpetas judiciales integradas por la FGJ Cdmx contemplaron delitos de obstrucción de la justicia, cohecho y ejercicio abusivo de funciones. Los expedientes fueron turnados a jueces de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Investigación a fondo

Dos agentes adicionales del Ministerio Público también fueron incluidos en la lista de prófugos, luego de confirmarse su participación en la alteración de documentos oficiales para manipular aseguramientos. Se informó que ambos colaboraron estrechamente con el grupo principal encabezado por Reyes.

Fuentes internas señalaron que la investigación reveló una estructura de corrupción “a múltiples niveles”, con posibles implicaciones administrativas y penales dentro de otras fiscalías territoriales. Las autoridades no descartaron nuevas órdenes de captura en los próximos días.

Entre los posibles implicados adicionales figuraba Elizabeth Hernández, coordinadora general de coordinaciones territoriales, cuya actuación estaba bajo revisión. Los investigadores analizaban vínculos financieros y movimientos bancarios relacionados con los pagos ilícitos.

La fiscal general de justicia, Bertha Alcalde Luján, ordenó la apertura de una indagatoria integral para determinar el grado de responsabilidad de cada funcionario. La instrucción fue ampliar la revisión de expedientes y contratos internos de la fiscalía en Cuauhtémoc. –sn–

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