Un juez de Tlalnepantla vinculó a proceso a dos hombres por la desaparición de una adolescente
Por Mireya Estrada | Corresponsal
En audiencia celebrada en los Juzgados de Tlalnepantla, un juez determinó la vinculación a proceso de Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, de 36 años. Ambos fueron señalados por su probable participación como coautores funcionales en la desaparición de una menor.
La víctima, identificada como Kimberly Hilary “N”, tenía 16 años de edad al momento de los hechos. La desaparición fue registrada el 2 de octubre en el municipio de Naucalpan, Estado de México, que gobierna Isaac Montoya. La autoridad judicial resolvió mantener a los acusados bajo prisión preventiva.
El Ministerio Público presentó los datos de prueba en la continuación de la audiencia de imputación. Tras el análisis del expediente, la autoridad consideró suficientes los elementos para iniciar el proceso penal en contra de los dos señalados.
Detalles del caso en Naucalpan
De acuerdo con las investigaciones, la adolescente caminaba por la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, cuando fue interceptada por los implicados. Según la carpeta de investigación, los hombres actuaron de forma coordinada.
Presuntamente, Gabriel Rafael “N” corrió hacia la víctima y la condujo hasta un vehículo Volkswagen tipo sedán, color gris. En el interior del automóvil se encontraba Paulo Alberto “N”, quien aguardaba para facilitar la huida.
Los datos recabados indican que la menor fue privada de la libertad con el propósito de ocultar su paradero. Las autoridades presumen que ambos sujetos huyeron del sitio inmediatamente después de cometer el hecho.
Delitos imputados y marco legal
El caso fue clasificado bajo los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Ambos delitos se encuentran previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, conforme a los artículos 32, fracción II; 34 y 36.
El marco jurídico establece que incurre en dicho ilícito quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultarla o negar información sobre su paradero. La norma contempla sanciones de 25 a 50 años de prisión para quienes sean hallados culpables.
La pena puede aumentar cuando la víctima es una niña, niño, adolescente, mujer embarazada, persona con discapacidad o adulto mayor. En este caso, al tratarse de una menor de edad, la sanción aplicable podría incrementarse conforme a la ley. –sn–
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