Suprema Corte decide casos clave en contratos y pensiones alimenticias.

Por Martín García | Reportero                                      

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer dos asuntos de gran relevancia que podrían establecer criterios importantes en materia de contratos públicos y protección del derecho a los alimentos, reafirmando su papel como garante del Estado de Derecho en México.

El primer asunto involucra a una institución financiera pública que otorgó un crédito bajo la figura de contrato revolvente, donde la Corte analizará si puede obligarse a cubrir deudas de terceros ajenos al contrato original.

El análisis permitirá definir alcances de responsabilidad de las instituciones públicas en contratos mercantiles, ofreciendo mayor certeza jurídica y evitando que alguien asuma deudas que no contrajo, fortaleciendo la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Contratos públicos en revisión

La Corte evaluará la forma en que los contratos financieros y mercantiles deben ejecutarse, considerando la responsabilidad de las instituciones públicas frente a terceros, así como los límites legales en la cobertura de créditos revolventes otorgados por entes estatales.

Este estudio permitirá establecer precedentes sobre cómo las instituciones públicas pueden participar en operaciones mercantiles, asegurando que la población y las empresas tengan claridad sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito financiero.

Los especialistas señalaron que el análisis de este caso podría generar criterios vinculantes, impactando la interpretación de contratos similares en todo el país y promoviendo transparencia y equidad en la actuación de entidades públicas.

Derecho alimentario y violencia vicaria

El segundo caso se centra en las obligaciones alimentarias en conflictos familiares, especialmente cuando existen actos de violencia vicaria, permitiendo a la Suprema Corte profundizar en el interés superior de la niñez y la perspectiva de género.

La Corte estudiará mecanismos que garanticen la protección efectiva de niñas y niños, asegurando que las pensiones alimenticias se determinen tomando en cuenta dinámicas familiares complejas y la seguridad de los menores involucrados.

Con esta revisión, la SCJN busca promover criterios que fortalezcan la justicia familiar y protejan a quienes más lo necesitan, estableciendo reglas claras para la asignación y cumplimiento de obligaciones alimentarias. –sn–

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