SN Redacción
El Pleno del Senado aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que permitirá ingresos por 10.1 billones de pesos y facultará a las organizaciones civiles y fideicomisos que de forma inmediata realicen labores de rescate en emergencias y contribuyan en la reconstrucción y restablecimiento de las actividades económicas en caso de desastres naturales, para recibir recursos de donatarias autorizadas que cuenten con buen historial de sus obligaciones fiscales ante el SAT.
En medio de críticas de la oposición por el aumento de impuestos y por el creciente endeudamiento del país, el oficialismo avaló con 79 votos a favor y 37 en contra liberar de cargas tributarias y administrativas a las personas físicas y morales que participen en la organización, desarrollo y realización de actividades vinculadas con el Mundial de Futbol 2026. Además, faculta al SAT para emitir reglas de carácter general, de acuerdo con la información que le proporcione BDP la FIFA México, que le permita identificar y clasificar a los beneficiarios, así como precisar impuestos.
Activistas y familiares de Sandra Karina García, víctima de feminicidio en 2020 en el Estado de México, se manifestaron frente a la SCJN para exigir que revoque la decisión de un Tribunal Colegiado que anuló la condena de 55 años de prisión impuesta a Luis Iván N. por el asesinato y ordenó reponer el juicio desde cero. Con una manta que decía «No a las reposiciones de procedimientos en casos de feminicidio», las familias colocaron pancartas y cruces rosas frente al Alto Tribunal.
Exigieron que la Corte frene criterios judiciales que, dicen, privilegian las formalidades procesales sobre la justicia para las víctimas. El expediente fue admitido por la Corte en mayo y originalmente turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dentro del amparo directo 2990/2025. Luego del cambio de integración del Pleno, pasó al ministro Giovanni Figueroa Mejía. De acuerdo con fuentes judiciales, la comitiva fue recibida por el ministro presidente Hugo Aguilar, quien se comprometió a que la Corte analizará cómo avanzar en la reparación del daño y en el acceso efectivo a la justicia para la familia de Sandra dentro del marco legal.
La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos obtuvo sentencia condenatoria de ocho años de prisión contra Ricardo L. por el delito de tráfico de personas agravado en perjuicio de 103 migrantes provenientes de Guatemala y Honduras. La Fiscalía General de la República informó que un juez federal avaló que el delito debía tipificarse como agravado, ya que 38 de los migrantes que transportaba eran menores de edad.
La alcaldía Cuauhtémoc informó que, mediante una orden de un juez de Distrito, logró el retiro de 24 puestos informales instalados afuera de escuelas ubicadas en la calle de Jalapa, en la colonia Roma Sur. Indicó que, de acuerdo con múltiples denuncias ciudadanas, estos puestos obstruían el libre tránsito al exterior de dos planteles escolares y representaban un riesgo para los menores durante la hora de salida de clases.
El fallo de la SCJN que permite a las escuelas ampararse contra la prohibición de vender productos chatarra en los planteles no implica que el Poder Judicial vaya a otorgar este beneficio de forma definitiva, aunque «sí podría complicar su aplicación», subrayó Liliana Bahena, coordinadora del proyecto Mi Escuela Saludable de El Poder del Consumidor.
En entrevista, señaló que si bien es un derecho interponer un amparo, esta medida no puede invalidar los Lineamientos para la Preparación, Distribución y Expendio de Alimentos y Bebidas dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional, en vigor desde marzo de 2025, porque «hay un blindaje desde la estructura jurídica de la Ley General de Educación«. Luego de que la SCJN determinó que las escuelas pueden solicitar, mediante juicios de amparo, suspensiones contra los citados lineamientos, siempre que demuestren perjuicio, Bahena resaltó que esto no significa que el PJ otorgue suspensiones definitivas contra la aplicación de la nueva norma, con la que se busca proteger el derecho de niños, adolescentes y la población en general a una alimentación saludable.
Desde agosto a la fecha, jueces federales han negado dos órdenes de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez Puga, ambas por el delito de defraudación fiscal equiparada, de acuerdo con información ministerial. Primero fue el juez de Control Juan Morales Nieves, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, quien el 29 de agosto negó el mandamiento de captura por un fraude al fisco de 8 millones 535 mil 396 pesos correspondientes a 2014, al concluir que el delito había prescrito. Después, el 4 de septiembre, Luis Benítez Alcántara, juez de Control del mismo centro, rechazó girar la otra orden de aprehensión por una supuesta defraudación de 1 millón 648 mil 813 pesos en 2016, porque estimó que la FGR no acreditó la necesidad de cautela.
Además de la acusación por delincuencia organizada y lavado de dinero, Víctor Manuel Álvarez Puga es prófugo de la justicia por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 577 mil 298 pesos por concepto de impuesto sobre la renta, que habría cometido en 2017. Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont se encuentran evadidos de la justicia mexicana desde el 12 de septiembre de 2021, cuando el entonces juez de control Iván Zeferín, del Centro de Justicia de Almoloya de Juárez, ordenó sus capturas.
En ese primer mandato judicial, librado por los delitos de delincuencia organizada y lavado, la Fiscalía General de la República los implicó en una trama de desvíos de casi 3 mil millones de pesos de contratos del sistema penitenciario que se dispersaron en «factureras». El 20 de octubre de 2023, el juez de control Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, giró una segunda orden de aprehensión contra Álvarez Puga por el delito de defraudación fiscal equiparada.
El Pleno de la SCJN aprobó la solicitud de la ministra María Estela Ríos González para excusarse de ser ponente y participar en la resolución de un recurso promovido por Grupo Elektra contra la ministra Lenia Batres, al reconocer que la «cercanía» entre ambas –por haber trabajado juntas en la Consejería Jurídica de la Presidencia– podría comprometer su imparcialidad. El impedimento fue avalado con siete votos a favor y uno en contra, el de la propia Batres, quien rechazó la validez de la causa. «La cercanía no constituye una causal de impedimento, y las relaciones laborales tampoco generan impedimento», argumentó.
Ríos González se declaró impedida para conocer del impedimento 33/2024, promovido por Elektra en 2024 contra las ministras Batres, Yasmín Esquivel Mossa y el ahora ministro en retiro Alberto Pérez Dayán, con el propósito de que no participen en la revisión de un amparo promovido por la empresa en contra de un crédito fiscal de 33 mil 306 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2013.
El Tribunal de Disciplina Judicial instaló la Comisión de Investigación, la cual estará presidida por el magistrado Bernardo Bátiz e integrada por los magistrados Eva Verónica de Gyvés Zárate y Rufino H. León Tovar. Al evento asistieron también las magistradas Celia Maya García e Indira García Pérez; los integrantes del Órgano de Administración Judicial, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez; y el director de la ENFJ, Sergio Javier Molina Martínez.
La presidente Claudia Sheinbaum rechazó ayer la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de cancelar 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia ese país, así como de limitar las operaciones combinadas de pasajeros y carga, al considerar que se trata de una medida unilateral e injustificada. En tanto, especialistas y organismos empresariales llamaron al diálogo entre ambas naciones y a respetar el convenio bilateral aéreo. En conferencia, la mandataria aseguró que el gobierno federal no está de acuerdo y anunció que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente solicitar una reunión urgente con autoridades de EU.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) advirtió que empresas nacionales y extranjeras considerarían cerrar o reubicar sus operaciones fuera de México, ante el aumento de costos operativos y fiscales, cambios regulatorios sin aviso y falta de condiciones de seguridad. De acuerdo con la encuesta Movimientos y Ajustes en las Cadenas Productivas 2025, realizada en 19 estados y con motivo de los XV años del Buen Fin, 86.2 por ciento de las empresas reconoció que entre sus planes está cerrar o ajustar sus cadenas productivas. El presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, explicó que estas salidas responden a un entorno que combina presiones fiscales, incertidumbre regulatoria e inseguridad, lo que eleva los costos logísticos y desincentiva nuevas inversiones.
Hidalgo se posicionó como la economía de mayor crecimiento a tasa trimestral en el segundo trimestre de 2025, con un incremento de 3.14% en su actividad económica, de acuerdo con los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A este comportamiento le siguieron Michoacán con 3.04% de crecimiento trimestral, Guanajuato con 2.86% y Nuevo León con 2.56%. De las 32 entidades federativas, 13 registraron disminuciones en su ITAEE, con ajuste estacional.
Entre sollozos y el olor de cadáveres, vecinos de una favela del norte de Río de Janeiro recuperaron decenas de cuerpos un día después de la megaoperación policial más mortal de Brasil, que dejó al menos 119 fallecidos, según cifras oficiales; sin embargo, la Defensoría Pública los tasó en 132. El gobernador del estado, Claudio Castro, aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, comentó que el operativo “fue un éxito”, al subrayar que las únicas víctimas fueron los cuatro uniformados. El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pidió explicaciones sobre la actuación policial al gobernador y lo convocó a una audiencia el lunes.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el ejército de su país realizó otro ataque contra un bote que navegaba en el Pacífico oriental que, según él, transportaba drogas, por lo cual mataron a los cuatro tripulantes. Poco después, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó de más detenciones de mercenarios vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que pretendían atacar un buque estadounidense atracado en Trinidad y Tobago para responsabilizar a la república bolivariana y provocar una acción bélica de Washington.
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