El Órgano de Administración Judicial admitió falta de recursos y solicitó apoyo a Hacienda. Pagos en espera de Hacienda.

Por Martín García | Reportero                                      

El órgano creado por el Estado para administrar la salida de jueces y magistrados reconoció que no contaba con presupuesto suficiente para cubrir las liquidaciones derivadas de la reforma judicial. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que debió solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Según su comunicado oficial, el organismo explicó a una comisión de juzgadores retirados que los pagos incluirían partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones del año en curso, pero solo después de que Hacienda autorice el recurso.

Durante una reunión con los afectados, representantes del OAJ aseguraron que se encontraban trabajando en conjunto con la SHCP para definir los montos y fechas de pago. La dependencia explicó que la solicitud presupuestal se mantenía en trámite y que su liberación dependía del calendario financiero de la federación. Sin embargo, no se ofreció un plazo concreto para el cumplimiento de las obligaciones laborales.

La falta de claridad provocó inconformidad entre los exfuncionarios judiciales que esperaban su compensación conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de la reforma. Dicho apartado ordenó indemnizar a quienes dejaron el cargo por mandato constitucional, pero la aplicación del proceso quedó sujeta a los recursos disponibles de Hacienda.

Ejecutan primero, pagan después

De acuerdo con los jueces cesados, la reforma se aplicó en sentido inverso: primero se ejecutó la salida de los funcionarios y después se buscó la manera de pagarles. “El órgano nos pidió dejar los cargos, pero no nos entregó fecha ni esquema de liquidación”, señalaron varios de los afectados consultados. Las quejas apuntaron a que se trataba de una transición improvisada.

El boletín del OAJ precisó que “se trabaja coordinadamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contar con la ampliación que cubra los pagos pendientes”, sin detallar los montos totales requeridos. El documento también informó que se acordó una reunión de seguimiento en dos semanas para revisar avances. La dependencia sostuvo que se mantiene el compromiso institucional de cumplir con lo dispuesto por la Constitución.

No obstante, los exjuzgadores remarcaron que cuando un pago está garantizado, no se condiciona a futuras reuniones. Afirmaron que su salida fue inmediata y oficial, pero su compensación quedó en un estado de indefinición. Algunos de ellos calificaron la situación como un incumplimiento administrativo derivado de la falta de previsión presupuestal.

Sin fecha de liquidación

Aunque el gobierno federal había asegurado que los recursos para la reforma judicial estaban disponibles, los afectados sostienen que aún no reciben los depósitos correspondientes. “Nos informaron que todo estaba listo, pero no hay transferencia ni documento que lo respalde”, indicaron los cesados. El OAJ insistió en que la demora obedecía a trámites financieros y no a una negativa de pago.

La dependencia reiteró que el proceso se encontraba en curso y que una vez aprobada la ampliación presupuestal por Hacienda, se procedería con los depósitos. Mientras tanto, los exjuzgadores permanecen sin liquidación y con la expectativa de una nueva reunión que, esperan, defina fechas concretas. El órgano administrativo defendió su actuación bajo los lineamientos del decreto de reforma.

Para los afectados, el panorama resulta incierto. De acuerdo con ellos, la reforma judicial, impulsada como un ejercicio de modernización, dejó en pausa los derechos laborales de quienes fueron separados de sus cargos. En tanto, el proceso de pago depende exclusivamente de la gestión que realice el OAJ ante la Secretaría de Hacienda. –sn–

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