Carlos Manzo

Coparmex exige justicia por asesinato de alcalde en Uruapan

Coparmex condenó el crimen de Carlos Manzo y exigió acciones inmediatas. Condena empresarial nacional.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) condenó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, al considerar el hecho una grave afrenta al Estado de Derecho y a la paz social que demanda la ciudadanía mexicana.

El organismo empresarial expresó su más sentido pésame a la familia del edil y a los habitantes de Uruapan, además de solidarizarse con todas las personas que viven con temor ante la creciente violencia en distintas regiones del país.

Coparmex exigió a las autoridades federales, estatales y municipales una investigación inmediata, profesional y transparente, para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, al afirmar que la impunidad no puede continuar en los crímenes contra funcionarios y ciudadanos.

Llamado al gobierno federal

La confederación recordó que garantizar la seguridad y el orden público era una responsabilidad indeclinable del Estado mexicano, indispensable para preservar la gobernabilidad y la confianza en las instituciones del país.

Durante el Foro de Seguridad 2025 organizado por Coparmex, el general Francisco Nieto, secretario de Seguridad de Uruapan, expuso las carencias en armamento, capacitación y vehículos que enfrentaba el municipio antes del crimen del edil.

De acuerdo con su testimonio, Carlos Manzo había emprendido un proceso de depuración y fortalecimiento policial, con la adquisición de equipo y mejores condiciones laborales para los elementos de seguridad pública del municipio.

Exigen coordinación nacional

Coparmex reiteró su llamado a construir una estrategia nacional de seguridad integral, coordinada y con enfoque preventivo, que permitiera recuperar los espacios públicos, fortalecer las policías locales y garantizar la protección de la vida y el patrimonio de los mexicanos.

Los hechos ocurridos en Michoacán evidenciaron, según la organización, la urgencia de redoblar esfuerzos en todos los niveles de gobierno para restablecer la paz y asegurar que ningún ciudadano viviera bajo amenaza de la violencia criminal.

La confederación enfatizó que tanto el gobierno federal como el del estado de Michoacán debían asumir su responsabilidad directa en la recuperación de la seguridad y evitar que se pusiera en riesgo la integridad de la población civil. –sn–

Carlos Manzo
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