SN Redacción
La presidente Claudia Sheinbaum subrayó que «la fuerza del Estado es la justicia», por lo que revivir la guerra contra el narco del sexenio de Felipe Calderón no es una opción. «Toda la fuerza del Estado, esa es la justicia. Hay quien pide la militarización, como ocurrió en la guerra contra el narco, pero eso no funcionó, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán que apenas estamos disminuyendo», afirmó en su conferencia de prensa. «Fueron seis años (con Calderón) de fracaso y seis de (Enrique) Peña con autodefensas, y apenas cambió la estrategia, que es atención a las causas, cero impunidad, inteligencia, investigación y judicialización».
Al menos cuatro municipios registraron marchas, protestas, confrontaciones y hasta quema y destrozos del palacio municipal de Apatzingán. La capital michoacana fue escenario de una intensa jornada de protesta y confrontación ayer, cuando más de mil estudiantes de diversas universidades salieron a las calles para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado sábado durante un acto público, a quien identificaban como un líder social.
Es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenga un Protocolo de Prevención y Atención de la Violencia de Género Laboral y Discriminación para tener una justicia real y verdadera, aseguró el secretario del máximo tribunal, José Hernández. Cristina Solano, directora de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de la SCJN, también señaló la importancia de que se elabore este protocolo y que sea un referente. “Nos hemos propuesto construir un protocolo de prevención y atención a la violencia”.
Ante el alza de la tarifa en transporte concesionado en la ciudad de México, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla, anunció que los ciudadanos «no están solos», por lo que empezarán a gestionar amparos para quienes quieran ampararse ante el aumento a las tarifas. Frente a la sede principal de la Secretaría de Movilidad (Semovi), ubicada en la avenida Álvaro Obregón, la legisladora dijo que los ciudadanos de la capital del país, del Estado de México y de Hidalgo que quieran ampararse contra ese «atropello en las tarifas» podrán hacerlo a través de ella, pues se estima que en el sitio en la Ciudad de México se realizan 30 millones de viajes al día.
El exdelantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara y exseleccionado nacional Omar Bravo solicitó un amparo contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el delito de abuso sexual infantil agravado, como medida para intentar salir de prisión. La defensa del exfutbolista presentó el recurso ante un juez de Distrito, impugnando tanto la vinculación a proceso emitida el pasado viernes 10 de octubre por un juez de Control, como la medida cautelar de prisión preventiva por seis meses impuesta en perjuicio de una menor de edad.
La intervención de liquidadoras con regularizaciones falsas de terrenos y la venta ilegal de lotes, aunada a la omisión de las autoridades locales y la inacción judicial, han derivado en una serie de despojos de viviendas a familias de la colonia Lomas del Chamizal, en la alcaldía Cuajimalpa, de acuerdo con las denuncias presentadas ante la Fiscalía capitalina por los afectados. Uno de estos casos es el de Jorge Granados y Miriam Pérez, quienes fueron desalojados de su predio ubicado en el número 576 de la avenida Secretaría de Marina, y obligados a vivir en municipios del estado de México, como parte de un éxodo silencioso provocado por el auge inmobiliario en la zona poniente de la ciudad de México.
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad de México catearon dos sedes de la fundación Casa de las Mercedes IAP, donde la semana pasada personal del Sistema para la Integración de la Niñez y la Familia (DIF) y de la propia dependencia rescataron a 80 niñas y adolescentes. El gobierno de la ciudad de México informó que se había iniciado un proceso de reubicación, que fue frenado por un amparo, por lo que se solicitaron medidas de protección, que fueron concedidas por un juez de Control y que permitieron rescatar y salvaguardar a las menores.
La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso para Ernesto Enrique Cazares Ramos, Jorge Luis Manjarrez Rodríguez y Julio César Mancera Dozal, alias Tortuga, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los sujetos fueron detenidos en Hermosillo, Sonora, cuando iban a bordo de un vehículo, luego de una persecución; en esa ocasión, les aseguraron dos armas cortas abastecidas, 17 cartuchos, dos cargadores, mil 415 tabletas de fentanilo y 50.2 gramos de clorhidrato de cocaína. El Ministerio Público de la Federación aportó los datos de prueba para que un juez de Distrito decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva y dos meses de plazo para la investigación complementaria.
El derecho mexicano vive una transformación profunda. Cambios ideológicos, tecnológicos y culturales están redefiniendo la forma en que los abogados, jueces y empresarios interpretan las normas. Para Horacio Villar, socio del despacho Zubieta & Villar, el principal reto no radica tanto en la ley, sino en su aplicación. Villar enfatiza que el papel del abogado y del empresario debe centrarse en la legalidad y la cooperación con las instituciones. La mejor forma de fortalecer la confianza es a través de la transparencia y del respeto a los procesos judiciales.
Según la Comisión de Investigación del TDJ, el juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, adscrito al CJPF en Colima, supuestamente actuó como parte activa al reducir penas acordadas en al menos cuatro casos que se resolvieron por procedimientos abreviados en los que los sentenciados se declararon culpables de portación y posesión de armas de fuego y de estupefacientes, por lo que determinó su suspensión a fin de evitar que continúe poniendo en riesgo la correcta administración.
En un nuevo caso de posible corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF), la presidente Claudia Sheinbaum denunció que el incremento de homicidios en Colima en los últimos días se debe a que un juez ordenó la liberación de un delincuente. Esa fue la explicación que le dio el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Morales. Esta dependencia del gabinete de seguridad es la que se encarga de las labores de vigilancia en esa entidad, en la cual se había logrado una disminución importante de ese delito. A petición del Poder Ejecutivo, el Tribunal de Disciplina Judicial ya investiga el caso y están por sancionar al juez, dijo la mandataria, quien reiteró la importancia que tiene la reforma al PJF para evitar que por corrupción, por dinero o colusión, presuntos delincuentes queden en libertad.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf provocó polémica en el Pleno de la SCJN al acusar que en las ponencias de algunos ministros laboran secretarios de estudio y cuenta de anteriores togados, con posibles conflictos de intereses que buscan influir en la nueva integración, lo que generó el rechazo y deslinde de sus colegas. Durante el debate de ayer sobre cobros por licencias de construcción de subestaciones eléctricas en municipios de Chihuahua, Ortiz Ahlf cuestionó el criterio de los ministros, quienes sostuvieron que la autoridad local sí puede expedir y cobrar los citados derechos, sin invadir atribuciones de la Federación.
Principalmente criticó los dichos de Giovanni Figueroa Mejía. El asunto se originó por dos proyectos de Arístides Guerrero García sobre las controversias 25/2025 y 38/2025, en las que propuso invalidar artículos de las leyes de ingresos de las ciudades de Chihuahua y Cuauhtémoc, que autorizan dichos cobros, al estimar que invaden facultades federales. Sin embargo, no se alcanzaron los seis votos necesarios para su aprobación.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, expresó su rechazo y defendió a su equipo: “yo también tengo mi ponencia, muchos secretarios de estudio y cuenta que son personas que llevan años aquí, y reconozco el trabajo profesional que están haciendo… los errores y aciertos son de su servidor, y así lo quiero dejar asentado”. La ministra Sara Irene Herrerías apuntó que sus secretarios “hacen un estudio técnico y, en mi caso, la decisión es totalmente mía”. Giovanni Figueroa añadió: “las opiniones que expresamos en este pleno son nuestras propias ideas y criterios”. Ortiz no reculó: “agradezco la aclaración, qué bueno que ustedes sean los que finalmente decidan y no sean presionados o se convenzan en primera instancia por las determinaciones de su ponencia”.
La ministra Lenia Batres Guadarrama será la responsable de elaborar el proyecto con el que la SCJN definirá si debe mantenerse vigente la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al ser acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Pleno de la Corte atrajo el asunto desde el pasado 8 de octubre, con una votación dividida de cinco a cuatro. Sin embargo, en ese momento no se asignó de inmediato a un ministro para que llevara el asunto. En este caso, el Máximo Tribunal del país analizará el recurso promovido por la FGR contra el amparo que una jueza federal de Reynosa concedió al exmandatario en noviembre de 2023, mediante el cual se dejó sin efecto una orden de captura en su contra. Bajo la carpeta de amparo en revisión 435/2025, Batres deberá elaborar el proyecto que será sometido a votación del Pleno.
La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) hizo un llamado “respetuoso pero enérgico” al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “a preservar con firmeza el principio de cosa juzgada, piedra angular del sistema de justicia mexicano y garantía esencial para todos los ciudadanos”. Mediante un comunicado de prensa, la organización expresó “su profunda preocupación por la posible afectación al principio de cosa juzgada, tras la apertura de un proceso de consulta entre los nuevos integrantes del Pleno de la SCJN, convocado por su presidente para analizar la revisión de fallos de las Salas de este Tribunal, desaparecidas con la reciente reforma judicial”.
En respuesta a la decisión de Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, de consultar a los ministros que integran el Máximo Tribunal sobre la posibilidad de revisar sentencias dictadas en amparos directos, la BMA manifestó “su muy grave preocupación ante la reciente intención atribuida al Máximo Tribunal del país de revisar casos y sentencias firmes ya dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes”.
Un grupo de ex trabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se manifestó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar a los ministros que revisen el fallo del segundo tribunal colegiado de distrito en materia laboral que reconoce la existencia del patrón sustituto para ex empleados de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro. Los ex trabajadores miembros del Frente Amplio de Unidad (FAU) llevaron a cabo un mitin donde entregaron la petición formal y reiteraron que desconocen a la actual dirigencia sindical del SME.
Gracias a factores como el clima migratorio adverso en Estados Unidos y el estado actual de su economía, el envío de remesas hacia México continúa perdiendo dinamismo. Según datos del Banco de México (Banxico), el monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero-septiembre de este año registró una caída anual de 5.5 por ciento. De tal forma que las remesas que enviaron los migrantes a suelo mexicano tuvieron un valor de 45 mil 681 millones de dólares en dicho periodo.
La industria del petróleo y gas de Estados Unidos acusó al gobierno federal de violar impunemente el tratado comercial de América del Norte (T-MEC) y urgió a la Administración Trump insertar un Mecanismo de Respuesta Rápida que evite la discriminación a favor de la paraestatal Pemex.
República Dominicana pospuso para 2026 la Cumbre de las Américas, prevista para este diciembre, tras un «cuidadoso análisis de la situación en la región», sacudida por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico. Subrayó que «la medida ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos«, mientras su secretario de Estado, Marco Rubio, apoyó la decisión.
Jerusalén.– La propuesta estrella del ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, está más cerca de convertirse en realidad con el apoyo del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Se trata de la pena de muerte para los palestinos que asesinen a ciudadanos israelíes, y la aprobó ayer la comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, por lo que pasa al pleno. Su intención es votarla en primera lectura mañana.
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