El Congreso mexiquense decretó su desaparición y reasignará sus funciones.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) fue oficialmente extinto mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de México, poniendo fin a más de una década de operación institucional en la entidad.

El decreto estableció en su artículo tercero transitorio un plazo de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor, para que el Congreso local emitiera las leyes secundarias que consolidarían el nuevo modelo de transparencia estatal.

Durante este periodo, los legisladores debieron definir los procedimientos, principios y bases que regularían el acceso a la información pública y la protección de datos personales bajo una nueva estructura administrativa.

Reasignación de funciones

Con la desaparición del organismo autónomo, las funciones en materia de transparencia pasaron a las autoridades de control interno y vigilancia de cada poder estatal, municipal y organismo autónomo.

Entre ellas, la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, el Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo y las contralorías internas de los ayuntamientos asumieron la responsabilidad directa en la materia.

El decreto constitucional reformado dispuso que dichas instancias conocerían los procedimientos de revisión, resolverían solicitudes de información y garantizarían el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en sus respectivos ámbitos.

Reubicación del personal

El artículo cuarto transitorio del decreto garantizó la conservación de los derechos laborales de los trabajadores adscritos al Infoem, incluyendo personal operativo y administrativo, quienes fueron transferidos a las dependencias que asumieron las nuevas facultades.

Según el documento, los recursos humanos, materiales, presupuestales y tecnológicos del extinto instituto fueron redistribuidos entre las instancias receptoras, sin despidos derivados directamente de la extinción.

No obstante, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Francisco Vásquez Rodríguez, informó que se requerirían aproximadamente 60 millones de pesos para cubrir liquidaciones de unos 200 trabajadores. –sn–

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