SN Redacción
Productores agrícolas reactivaron ayer los bloqueos en Guanajuato en demanda de precios justos para la tonelada de maíz. Las manifestaciones se realizaron pese a la mesa de diálogo que sostuvieron líderes campesinos con la Federación la semana pasada. La movilización, que inició con al menos nueve cierres simultáneos de circulación en carreteras federales y estatales del corredor industrial, afectó puntos clave del Bajío, lo que generó caos vial y complicaciones para residentes y visitantes.
Cuatro días después del asesinato de su esposo Carlos Manzo, Grecia Quiroz García rindió protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan, cargo que mantendrá hasta 2027. Con 38 votos en favor y cero en contra, el Congreso de Michoacán aprobó el nombramiento en una sesión extraordinaria que inició con un minuto de silencio y terminó con un minuto de aplausos para el alcalde asesinado durante un acto público el 6 de noviembre. “Qué triste y qué desafortunado que tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manzo para que, ahora sí, quieran mandar seguridad”, exclamó en tribuna, donde estuvo acompañada por integrantes del Movimiento del Sombrero, una organización política independiente fundada por Manzo, cuya bandera es la defensa de la ciudadanía frente a la violencia y el crimen organizado en Michoacán.
La SCJN condenó ayer los hechos ocurridos el miércoles en contra de la presidente Claudia Sheinbaum y reiteró su rechazo a toda forma de violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. En un pronunciamiento, el alto tribunal subrayó que ninguna mujer, sin importar su cargo, trayectoria o ámbito de actuación, debe ser objeto de conductas que vulneren su integridad y seguridad. La Corte señaló que el contacto físico no consentido constituye una forma de violencia que atenta contra la dignidad y los derechos de las personas, y subrayó que la denuncia de este tipo de agresiones envía un mensaje claro de repudio a su normalización. “Erradicar la violencia contra la mujer es una condición indispensable para garantizar la equidad de género, la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de los derechos humanos”, puntualizó la SCJN.
La senadora priista Claudia Anaya calificó como un “grave retroceso en materia de derechos humanos” la propuesta de la ministra de la SCJN Lenia Batres, para eliminar el criterio que permite invalidar leyes que no hayan sido consultadas con personas con discapacidad. Afirmó que la iniciativa parte de una visión “paternalista y autoritaria” que pretende decidir por el sector sin escucharlo y que vulnera un principio internacional adoptado por México. En entrevista, la legisladora explicó que el derecho a la consulta no es una simple formalidad, sino un principio rector establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, impulsada por el jurista, político y activista mexicano Gilberto Rincón Gallardo, fundador del PRD y candidato a la Presidencia de la República en el año 2000. Anaya Mota sostuvo que la Suprema Corte atraviesa un “proceso de deterioro”, con integrantes que “carecen de formación en derecho internacional y control de convencionalidad”.
La SCJN recibió su segunda solicitud de audiencia pública, ahora sobre prisión preventiva oficiosa y arraigo, en relación con dos asuntos pendientes ante el Alto Tribunal: el expediente sobre el acatamiento que debe realizar el PJF de la sentencia García Rodríguez y otro contra México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), así como un amparo directo vinculado con el mismo caso. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dio trámite ayer a la solicitud 2/2025, pero anunció que, por acuerdo del 13 de octubre pasado del pleno, aún no decidirán si abren audiencias sobre el tema, pues esperarán hasta que las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa presenten los proyectos que resuelvan ambos asuntos. La solicitud de audiencia fue presentada por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, los actores centrales del caso que motivó la sentencia de la Coridh, ya que pasaron 17 años en prisión preventiva oficiosa acusados del homicidio de la regidora de Atizapán, Estado de México, María de los Ángeles Tamés, perpetrado en 2001.
El sexenio del priista Ernesto Zedillo se caracterizó por muchas medidas antidemocráticas; la primera, con la que empezó su mandato, fue la desaparición de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación para imponer su propia Corte, acusó la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. En su conferencia matutina, recordó que, tras asumir el poder a fines de 1994, dicho político “presentó una propuesta para modificar la Constitución: quitó a todos los que estaban en la Corte, pero a diferencia de ahora, que quien los nombró fue el pueblo, él los decidió; él decidió uno a uno quién iba a formar parte de la Corte”.
Una juez federal acordó que el próximo miércoles 12 de noviembre resolverá si concede la libertad anticipada a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, que ya cumplió el 95 por ciento de su condena de nueve años de prisión impuesta por asociación delictuosa y lavado de dinero. Ángela Zamorano Herrera, jueza de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que su veredicto lo emitirá con base en el interrogatorio de 11 testigos y el desahogo de 23 documentales ofrecidos tanto por Duarte como por la FGR. El pasado lunes se celebró una primera audiencia de la solicitud presentada por el exmandatario, en la que sólo se debatieron y acordaron el número de pruebas y testimonios que serán considerados por la juzgadora al resolver si otorga el beneficio.
La audiencia de imputaciones en contra del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de formar parte de una red de corrupción dedicada al tráfico de combustibles —delito conocido como huachicol fiscal—, se pospuso por tercera ocasión. Citado a comparecer ayer al mediodía ante la jueza federal de Control Nancy Selene Hidalgo Pérez, la audiencia del sobrino de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pospuso nuevamente para el próximo sábado a petición de sus abogados.
La FGR, por medio de la Especializada de Control Regional en Nayarit, obtuvo del juez de Control sentencia condenatoria de hasta 12 años en contra de cinco integrantes del CJNG por portación de arma de fuego y posesión agravada de cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la FEMDO obtuvo vinculación a proceso en contra de Erick Meza García por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de transporte de metanfetamina líquida. Con datos de prueba, el juez de Distrito Especializado con sede en Tijuana, Baja California, decretó la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa en el centro penitenciario de Mexicali y tres meses para la investigación complementaria.
La orden de aprehensión contra Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca, deriva de un proceso plagado de irregularidades, iniciado por Grupo Lauman para generar un escándalo e intimidar al empresario. Así lo afirmó el abogado Alberto Román Palencia, quien representa a Martínez y a su empresa en la disputa por los derechos de transmisión de los partidos de los equipos de futbol Tuzos y León. En entrevista, Román aclaró que Martínez y Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del Club Pachuca, ya cuentan con suspensiones provisionales dictadas por un juez federal, no pueden ser detenidos y están en México, laborando normalmente.
Después de la polémica generada en su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Junior H rompió el silencio mediante un comunicado dirigido a sus fans y a las autoridades de Jalisco, tras la aplicación de la ley que prohíbe la interpretación de corridos que hagan apología del delito en el estado. Junior H tenía programado su concierto el 16 de noviembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, ubicada en Guadalajara. El fenómeno muestra que en México las autoridades estatales están tomando medidas crecientes para controlar la apología del delito en el ámbito musical —y los corridos en particular—, aunque el marco regulatorio es heterogéneo y está sujeto a recursos de amparo y debates sobre libertad de expresión.
La también ex consejera de la Judicatura Federal habló sobre su actual situación tras renunciar como magistrada de circuito. Explicó que, a la fecha, no se ha logrado el pago de las personas juzgadoras que renunciaron o fueron cesadas como consecuencia de la reforma judicial. Agregó que actualmente se encuentra estudiando Derecho Internacional y Derechos Humanos en Washington D.C.
El presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, defendió la legitimidad de los nuevos juzgadores del Poder Judicial. A esta nueva camada de jueces, argumentó, les corresponderá fortalecer derechos democráticos, pues, añadió, aún existen resistencias. “Aún se presentan resistencias, simulaciones e intentos por revertir el ejercicio de esos derechos”, dijo. “Hoy también hay una sana pluralidad y convivencia democrática en México, pero siempre sujeta a presiones y a la búsqueda de mantener viejos privilegios y de desplazar al pueblo del centro de la toma de decisiones”. Sin embargo, arengó, son más los que defienden llegar por la vía de la representación popular.
La nueva Ley General de Extorsión reducirá, en al menos 13 estados, las penas previstas para los casos más graves, al uniformar a nivel nacional un máximo de 25 años de prisión para este delito. Además, la ley beneficiará retroactivamente a extorsionadores ya sentenciados, que en algunos casos han recibido condenas de más de 40 años, pues les aplicará la figura conocida como “traslación del tipo penal”, de tal forma que su pena quedará en no más de 25 años.
La iniciativa del Ejecutivo, ya aprobada por la Cámara de Diputados y que se discutirá la próxima semana en el Senado, advierte que la tendencia a imponer penas de hasta 70 años de cárcel por casos agravados de extorsión no es sostenible, pues la SCJN ha determinado que se trata de un castigo desproporcionado. Lo anterior, debido a que las sanciones por extorsión agravada en varios estados ya son excesivamente más altas que por extorsión simple o por delitos similares.
Norma Piña Hernández, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que los poderes judiciales independientes son incómodos para el poder y calificó como una “tormenta perfecta” lo ocurrido con la Reforma Judicial. “Todo poder judicial independiente es un poder incómodo. El hecho de que los jueces sean responsables, cada uno de ellos —jueces, magistrados y ministros— de sus propias decisiones, con todo lo que eso puede implicar, somos incómodos para el Poder, y más el federal, porque nos enfrentamos con la autoridad. A quien estamos juzgando los juzgadores federales es a la autoridad. Somos incómodos”, enfatizó.
El gobierno federal aprovecha la lucha contra el contrabando de combustible en la frontera para perjudicar a firmas de Estados Unidos que compiten con Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque al hacerlo infringe el cumplimiento del T-MEC, denunció la industria refinadora estadounidense.
Para las empresas japonesas, la resolución final en 2026 sobre el T-MEC será fundamental para determinar el destino de sus inversiones, afirmó Honsei Kozo, embajador de Japón en México. “Por supuesto hay preocupación por el T-MEC, hay mucho cambio de contenido local; por supuesto las empresas japonesas tienen que considerar fábricas de piezas y de dónde vienen los suministros”, dijo el diplomático en entrevista.
Magistrados conservadores y liberales de la Corte Suprema de Estados Unidos cuestionaron este miércoles el uso del poder de emergencia por parte del presidente Donald Trump para imponer aranceles a las importaciones estadounidenses. Trump ha utilizado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como fundamento para órdenes arancelarias relacionadas con preocupaciones sobre fentanilo y migración contra México, Canadá y China, y como medida hacia casi todos los países del mundo para reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Si bien ningún presidente estadounidense ha utilizado jamás la IEEPA para imponer aranceles, asesores políticos cercanos a Trump han argumentado que las amplias facultades de la ley podrían permitirle implementar aranceles rápidamente con menor necesidad de investigaciones o supervisión.
El Máximo Tribunal de Justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la ex presidente Jeanine Áñez por dar un “golpe de Estado” en 2019, informó ayer el presidente de la Corte, y ordenó su excarcelación durante el día. Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019, cuando gobernaba Evo Morales. Aún se mantiene recluida en un penal de La Paz.
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