SN Redacción
El Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidente Claudia Sheinbaum, en rechazo a su “reiterada injerencia” en asuntos internos del país andino. La medida responde al asilo político otorgado por México a la exministra peruana Betssy Chávez, acusada de rebelión por el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo hace tres años.
Azotado desde hace más de 20 años por la pugna de grupos criminales, Michoacán ha sido sometido a ensayos en materia de seguridad que no fructifican. Más militares y cuarteles, nuevas estrategias y promesas… y hasta ahora no se ha logrado pacificar a la entidad. En la administración de AMLO se enviaron a Michoacán 3 mil 372 militares en promedio al año; mientras que en lo que va de la gestión de Sheinbaum se han desplegado mil 310. El panista michoacano y presidente Felipe Calderón, quien en diciembre de 2006 inició en esa entidad la llamada “Guerra contra el Narco”, desplegó en promedio a mil 593 militares cada año; mientras Enrique Peña Nieto rompió récord al mandar a 5 mil 29 efectivos, para afrontar el levantamiento de grupos de autodefensas que presuntamente buscaban combatir a Los Caballeros Templarios y su líder Servando Gómez, “La Tuta”.
Las maquiladoras realizan una ola de despidos sin precedente por la incertidumbre, los aranceles, la automatización de procesos y los crecientes costos por el salario mínimo y los cambios en las regulaciones, indicaron empresarios. Los establecimientos manufactureros con el programa Immex tenían 2.8 millones de empleados en agosto, 4% o 119 mil plazas menos que en el mismo mes del año anterior. Es la mayor eliminación de personal en cinco años y el vigésimo mes consecutivo de recortes, la racha más larga de despidos desde que hay registro en el Inegi, a partir de 2007.
La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión por tiempo indefinido, y hasta en tanto se dicte una resolución definitiva, del actuario judicial Juan Carlos N., adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, quien presuntamente violó a una servidora pública del mismo órgano jurisdiccional.
Una juez federal dio por concluida la demanda de amparo que promovió el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contra nuevas órdenes de aprehensión que se hayan librado en su contra, debido a que no impugnó la sentencia que anuló el juicio, ya que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados. El exmandatario estatal perredista (2015-2021), prófugo de la justicia y quien dejó un desastre financiero y de violencia en la entidad, cuenta con una orden de captura por delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, relacionados con el desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la policía estatal.
Una jueza federal reactivó la orden de aprehensión que se libró contra Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Semar, debido a que no acudió a comparecer en las tres ocasiones que se le citó a audiencia inicial por el caso del huachicol fiscal. Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, declaró al sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, sustraído de la acción de la justicia.
Una jueza federal acordó que el próximo miércoles 12 de noviembre resolverá si concede la libertad anticipada a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, que ya cumplió el 95% de su condena de nueve años de prisión impuesta por asociación delictuosa y lavado de dinero. Ángela Zamorano Herrera, jueza de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que su veredicto lo emitirá con base en el interrogatorio de 11 testigos y el desahogo de 23 documentales ofrecidos tanto por Duarte como por la FGR.
Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales fueron citados para aprobar el próximo lunes la reforma que haría concurrente la revocación de mandato presidencial con las elecciones legislativas, de gobernadores y del Poder Judicial en 2027. El dictamen que ya circula entre los integrantes de esa instancia parlamentaria corresponde a la iniciativa que a inicios de octubre anunció el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, en un seminario convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El Invea suspendió de manera temporal el inmueble ubicado en la calle Lafontaine 110, en la colonia Polanco III Sección, donde según diputados de Morena, autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, que gobierna el panista Mauricio Tabe, han sido omisas en la demolición de un piso adicional, lo que viola el uso de suelo. En el sexenio anterior, la PAOT determinó diversas irregularidades en Lafontaine 110, por lo que en 2019 la demarcación inició la demolición de un piso extra, pero no pudo concluirla debido a la presentación de diversos amparos promovidos por la empresa inmobiliaria.
El Congreso de la Cdmx concluyó el proceso de no ratificación del magistrado Rubén Alberto García Cuevas, al determinar que no cumple con los criterios de honorabilidad e idoneidad exigidos para el cargo. La decisión responde a un accidente ocurrido en 2002, cuando García Cuevas atropelló a tres personas presuntamente en estado de ebriedad, hecho que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia consideró incompatible con el desempeño de una magistratura.
Por una mayoría de seis votos contra tres, el Pleno de la SCJN respetó el precepto de “cosa juzgada” y declaró improcedente un recurso de revisión promovido por el Poder Ejecutivo en contra de un voto de calidad que en 2024 otorgó el primer amparo en contra de la Ley de la Industria Eléctrica. La discusión del proyecto elaborado por el ministro presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar, atrajo atención y generó expectativas mediáticas, ante la posibilidad de que este asunto abriera la puerta a revisar y volver a votar temas ya resueltos en épocas anteriores del órgano autónomo.
El proyecto planteó que el recurso de la Presidencia era procedente, debido a que el voto de calidad que el entonces presidente de la Segunda Sala de la Corte, ministro Alberto Pérez Dayán, emitió el 31 de enero de 2024 era ilegal por realizarse sin respetar el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del PJF. “Lo que yo estoy poniendo sobre la mesa, lo que hago énfasis es que, en la anterior integración, en este caso de la Sala, de la Segunda Sala, se apartaron del mandato legal para emitir un voto de calidad que definió una ley de gran importancia en la vida pública de nuestro país y en el funcionamiento de la industria eléctrica”, planteó Hugo Aguilar.
La Suprema Corte de Justicia aceptó una petición de la FGR para aclarar si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) puede tramitar demandas de sus empleados, un tema que ya había sido resuelto por la anterior integración. Por ocho votos contra uno, la Corte ejerció su facultad de atracción sobre seis amparos directos promovidos por la FGR, contra sentencias en las que el TFJA ha asumido competencia para resolver juicios iniciados por fiscales, policías de investigación y peritos suspendidos, despedidos o sujetos a otros procesos de tipo laboral. Los ministros Arístides Guerrero, Irene Herrerías y Hugo Aguilar participaron ayer en un foro para la elaboración del Protocolo de Prevención y Atención de la Violencia de Género.
En 2024, la SCJN recibió 16 mil 370 asuntos jurisdiccionales, lo que representó una disminución de 4.9 por ciento frente a 2023, de los cuales 48.3 por ciento correspondieron al amparo directo en revisión, reveló el Inegi. Al presentar los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal, el Inegi precisó que el año pasado egresaron 13 mil 979 asuntos jurisdiccionales de la SCJN, 6.9 por ciento menos que el año previo. El amparo directo en revisión concentró 48.3 por ciento de los asuntos jurisdiccionales ingresados (turnos) y 61.7 por ciento de los egresados (fallados o resueltos por dictamen o acuerdo) en la Corte.
La titular de la Secretaría de las Mujeres local (Semujeres), Daptnhe Cuevas Ortiz, reconoció que, aunque el aborto está despenalizado en la Ciudad de México desde hace más de 18 años, la criminalización persiste, no sólo desde las instituciones y el personal de salud, sino también desde la sociedad. En entrevista con La Razón, la funcionaria advirtió que, pese a los avances legales, muchas mujeres enfrentan procesos judiciales o sociales derivados de abortos espontáneos o acompañados. La secretaria subrayó que la estigmatización social sigue siendo una de las principales barreras para que las mujeres accedan de manera segura y sin miedo a la interrupción del embarazo. Dato adicional: la SCJN declaró en 2021 que es inconstitucional la criminalización total del aborto y se pronunció por garantizar los derechos de las mujeres.
Los cambios al pago de IVA para las aseguradoras provocarán que se eleve el costo de las pólizas contratadas por parte de los usuarios. Además, erosionará las coberturas que éstos obtienen de sus seguros, advirtió la calificadora Fitch Ratings. La Ley de Ingresos 2026 establece que las compañías deberán pagar el IVA sobre los siniestros, pero no acreditarlo fiscalmente. Actualmente lo acreditan de los servicios contratados con distintos proveedores al momento de indemnizar o cubrir algún siniestro, pero con los cambios, ese acreditamiento desaparece y el impuesto se convierte en un gasto que se trasladará al consumidor final, con impactos en tres frentes: pólizas más caras, coberturas más limitadas y pago de deducibles o coaseguros más elevados al momento de usar el seguro.
España no violó los derechos políticos de los políticos independentistas por dictar prisión provisional para los líderes del proceso independentista catalán tras los hechos de 2017. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó ayer los argumentos de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez, que demandaron al Estado español ante el Tribunal de Estrasburgo por vulneración de sus derechos políticos y su libertad de expresión al mantenerlos en prisión preventiva, hecho que les impidió participar en procesos políticos en Cataluña tras el referéndum independentista de ese año, pese a haber sido elegidos para cargos institucionales.
El gobierno de Estados Unidos ha revocado al menos 80 mil visados desde que el presidente Donald Trump volvió al poder en enero pasado. De acuerdo con el Departamento de Estado, la penalización responde a diversos ilícitos y faltas. Alrededor de 16 mil de las revocaciones de visados estuvieron relacionadas con casos de conducción bajo los efectos del alcohol. Unas 12 mil fueron por agresión y otras ocho mil por robo.
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