SN Redacción
A más de una semana del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, la presidente Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con una inversión de 57 mil millones de pesos y el despliegue de 12 mil elementos de seguridad. El programa cuenta con 12 ejes: seguridad; desarrollo económico con bienestar; infraestructura carretera caminos; infraestructura de agua potable, riego y saneamiento; programas de Bienestar; educación; salud; vivienda; cultura; mujeres; jóvenes y planes de justicia para pueblos indígenas.
La Ayudantía, el grupo de seguridad personal de la presidente, lo integran en su mayoría jóvenes con nula experiencia en protección. Creado por López Obrador, es usado como plataforma para obtener cargos públicos y salarios que superan los 90 mil pesos mensuales.
Como parte de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que en próximos días se tendrá una presencia territorial en el estado e incluso visitarán «casa por casa». En el Patio Central de Palacio Nacional y ante la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que se informará directamente a la población de las acciones del Plan que consta de 12 ejes, además de que se implementarán acciones para el rescate comunitario de espacios públicos.
Durante la administración de la exministra Norma Lucía Piña Hernández, el extinto CJF recibió 9 mil 871 denuncias entre 2023 y 2024; sin embargo, sólo sancionó a 4 por ciento, es decir, a 381 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Como parte de la reforma judicial, la semana pasada se instaló la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial. Este organismo es el encargado, entre otras cosas, de procesar y dar seguimiento a las quejas o denuncias presentadas contra servidores públicos del PJF por posibles faltas administrativas. Ahí, el magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión, se comprometió junto con sus compañeros Celia Maya García y Bernardo Bátiz Vázquez, «a velar por los intereses de México y a castigar con severidad y sin distingo a quienes en la impartición de justicia incumplan la ley».
El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México ha recibido aproximadamente 200 quejas contra juzgadores, actuarios, secretarios y oficiales judiciales en los dos meses que tiene de operación. En entrevista con El Heraldo de México, el magistrado Jesús Ángel Cadena, integrante de este Tribunal, detalló que recibieron también alrededor de mil 500 expedientes pendientes de resolver de la Contraloría y del Consejo de la Judicatura estatal. Sobre la propuesta de Bernardo Bátiz, integrante del TDJ a nivel federal, de revisar la fortuna de los jueces y magistrados, Cadena dijo que es mejor enfocarse en la prevención.
Jorge Antonio Sánchez Ortega es un exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) detenido por la FGR por su presunta participación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en las elecciones de 1994. Trabajó en el Cisen durante 22 años y se retiró en 2015. Durante tres décadas el único acusado y detenido por el homicidio de Colosio fue Mario Aburto, asesino confeso del político condenado a 45 años de cárcel. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió revisar un amparo concedido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México a favor de Aburto, que señala que fue juzgado y condenado a partir del Código Penal Federal que imponía una pena de 45 años, pese a que en Baja California la sanción era de 30 años de cárcel. Sin embargo, en octubre de 2024 el Máximo Tribunal del país determinó que Aburto permaneciera en prisión.
La Policía Federal Ministerial arrestó el sábado a Jorge Antonio «S», exagente del Cisen, señalado como segundo tirador en el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, en Tijuana, Baja California. Hasta anoche no se había informado el motivo de la detención, pero, de acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, fue puesto a disposición de un juez federal en las instalaciones de la Delegación Tijuana de la FGR.
Después de cumplir una condena de 40 años de prisión por el caso del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena, a sus 95 años de edad, el capo Ernesto Fonseca Carrillo («Don Neto») pidió que le devuelvan el dinero de las cuentas bancarias que le fueron aseguradas al momento de su captura. El líder histórico del narcotráfico, quien el 5 de abril pasado compurgó su condena, presentó una demanda de amparo para que la FGR levante el aseguramiento de sus cuentas, los bancos calculen los montos y le devuelvan los recursos. Gabriela Sandoval, juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal en la Cdmx, desechó la demanda, argumentando que antes Fonseca presentó una inconformidad ante un Tribunal Colegiado y que primero debe resolverse ese recurso antes de darle cause a su amparo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició un procedimiento de responsabilidad contra el consorcio de empresas que, en 2017, ganó el contrato de casi 85 mil millones de pesos para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cancelado en 2019. Se trata del consorcio Constructora Terminal Valle de México (CTVM), que fue integrado por CICSA, de Carlos Slim; Prodemex, de la familia Vázquez Raña; ICA; La Peninsular, de Carlos Hank Rohn; Acciona Infraestructuras y GIA+A. CTVM respondió con una demanda de amparo que fue desechada el 30 de septiembre por el juez federal Francisco Javier Rebolledo, quien la consideró notoriamente improcedente. El consorcio ya impugnó este fallo ante un Tribunal Colegiado. Si la ASF decide que CTVM incurrió en responsabilidad, tendrá que remitir el expediente al TFJA, que es el que impone las sanciones.
Más de 62 mil millones de pesos de fondos federales destinados a acciones de salud, educación, seguridad, obras, asistencia social y desastres naturales fueron malversados en Veracruz durante la gestión del exgobernador Javier Duarte. Se trata, según cifras de la ASF, del mayor caso de manejo irregular de recursos federales del que haya registro. Pese a ello, no se han presentado cargos por esos hechos en contra del exmandatario. En cambio, la FGR ha trabajado hasta en tres áreas distintas las decenas de denuncias presentadas contra los auditores y se han presentado acusaciones solo contra exsecretarios y exsubsecretarías de finanzas del estado, la mayoría enfrascadas entre apelaciones y amparos.
Un Juzgado Federal exhibió las fallas en que incurrió la FGR en el caso de la Estafa Maestra contra el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez. Aunque Vera ya fue detenido el viernes pasado en Cuautla, Morelos, e internado en el Penal del Altiplano, fue con base en una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de 77.8 millones de pesos de la Sedesol. El Juzgado Federal negó dos veces a la FGR una nueva orden de aprehensión contra Vera y dos exfuncionarios de la extinta Sedesol, por una presunta contratación ilegal de más de 697 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.
Con la entrada del nuevo Poder Judicial de la Federación, el caso del polémico bar Adelitas, señalado por autoridades federales como uno de los principales centros de trata de personas a nivel internacional en Tijuana, Baja California, vuelve a moverse en los tribunales. Magistradas, juezas y jueces de Mexicali, Aguascalientes y Tijuana serán los responsables de revisar una serie de amparos clave y solicitudes de órdenes de captura contra el líder de la organización criminal, Juvenal Jiménez Loza, alias El Padrino, quien cuenta con ficha roja de Interpol y una orden de aprehensión pendiente de ejecución. se ha documentado cómo este centro nocturno y sus negocios asociados generaron hasta 100 millones de pesos mensuales.
Un Tribunal Federal desechó el amparo con el que el empresario René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz pretendían anular 15 pruebas, entre ellas una que es clave para acreditar que presuntamente captaron ilegalmente 800 millones de pesos de Segalmex. Se trata de la opinión de delito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un documento en el que se concluye que sí hay elementos para proceder contra los empresarios por ilícito de captación indirecta de recursos del público en territorio nacional. El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Cdmx negó el amparo a los Dávila y, por consecuencia, avaló mantener siete testimonios, siete documentales y un peritaje ofrecidos por la FGR y la SHCP, que los acusados buscaban que fueran eliminados.
Un juez federal vinculó a proceso a Armando Nava Gallegos «El Charro», presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por el gabinete de seguridad como el principal generador de violencia en Aguascalientes, donde se le relaciona con distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios. Junto a Nava Gallegos, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Aguascalientes también vinculó a proceso a José Manuel Nava López, a ambos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un Juez de Distrito emitió una sentencia que ordena al Gobierno del Estado de México y a Ecatepec garantizar el abasto de agua por la red pública para toda la población del municipio. La resolución se da en un contexto donde otros tribunales han otorgado amparos similares para algunas colonias, pero con ambigüedades, debido a que no explicaban la manera en que se debía de realizar la dotación. Cerca de 413 familias de colonias como Ciudad Oriente, Fuentes de Aragón o Chamizal iniciaron un juicio de amparo a causa de la escasez que padecen, situación que las ha orillado a comprar el líquido en pipas particulares.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se alista para resolver esta semana la mayoría de los juicios fiscales pendientes de las empresas del Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, por medio de proyectos de cinco ministros que proponen confirmar las sentencias de Tribunales Colegiados que validaron créditos fiscales por miles de millones de pesos. En la lista de asuntos del Pleno, el jueves está programada la discusión de siete de los nueve juicios de este tipo en la Corte que impugnan los créditos fiscales más cuantiosos que enfrentan Elektra y Tv Azteca, por 48 mil 326 millones 809 mil pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones, correspondientes a ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.
Al prever que la Corte fallará en su contra, Grupo Salinas amagó con interponer una demanda contra el Servicio de Administración Tributaria. “Informamos que estamos evaluando interponer una demanda contra el SAT y quienes resulten responsables por su doloso silencio administrativo al habernos negado el derecho constitucional de petición”, señaló el consorcio en un comunicado.
Los juicios serían resueltos mediante cinco proyectos de los ministros Hugo Aguilar Ortiz (presidente), Arístides Guerrero García, Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa, relativos a los amparos directos en revisión promovidos por las empresas, además de recursos de impedimentos y de reclamación que habían dilatado su fallo. Entre las propuestas se plantea al Pleno desechar amparos al dar la razón a recursos de reclamación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que pidieron revocar acuerdos de 2024 de la entonces ministro presidente Norma Piña Hernández, y de este año, del actual presidente Hugo Aguilar.
La Suprema Corte estableció que, si una persona fallecida con afore no tiene beneficiarios legales, sus descendientes mayores de edad pueden reclamar los recursos sin demostrar dependencia económica. La jurisprudencia aclara que la dependencia solo ordena la preferencia, no excluye a los familiares. La medida busca evitar trabas para que los ahorros regresen a la familia y protejan su patrimonio.
El Pleno de la SCJN resolverá esta semana que un Tribunal Colegiado dicte una nueva sentencia en contra de un extorsionador, porque la vigente por 40 años de prisión y 700 días multa se apartó del criterio establecido por la Corte. De acuerdo con el proyecto de sentencia del amparo directo en revisión 1412/2024, confeccionado por Loretta Ortiz Ahlf, el 2 de agosto de 2019, aproximadamente a las 11:45 horas, la víctima, de quien se omitió el nombre, se encontraba en su negocio cuando llegaron tres personas, entre ellas el quejoso o recurrente que promovió el recurso jurisdiccional estudiado y resuelto, quienes le dijeron que eran sicarios de una organización criminal y pidieron 6,000 pesos en efectivo a cambio de no prender fuego al inmueble, cantidad que debería darles mensualmente… En calidad de ponente, Ortiz Ahlf propone revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento para que dicte una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamientos de la Corte, resuelva lo que en Derecho corresponda.
A más de un año de que la despenalización del aborto en la Ciudad de México terminó en la congeladora legislativa, el presidente de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso capitalino, la morenista Cecilia Vadillo Obregón, explicó que la prioridad de la bancada mayoritaria local es el SPC por sobre esta iniciativa. Se publicó este viernes cómo mujeres capitalinas siguen enfrentando criminalización y procesos penales por interrumpir su embarazo, pese a ser un derecho reconocido por la SCJN.
El 4 de noviembre de 2024 se aprobó un dictamen para votar en el Pleno del Congreso capitalino una iniciativa para eliminar el delito de aborto del Código Penal local, el cual sanciona el aborto después de las 12 semanas de embarazo. Sin embargo, las y los legisladores de Morena decidieron pausar la discusión de la propuesta el 7 de noviembre. Esto pese a ser un proyecto de la diputada guinda Yuriri Ayala y a que la bancada mayoritaria presume ser progresista y de izquierda.
El jefe de la banda cumple 10 años. José Elías Romero Apis, autor de este libro —que se ha convertido en un texto de consulta política— afirmó que el agotamiento de la oferta política del PRI y del PAN allanó en 2018 el camino para que Morena llegara al poder presidencial, que es la temática de su obra… En noviembre de 2015 quedó editado. En diciembre vio la luz primera en la FIL Guadalajara; a principios de 2016 fue presentado en la Fundación Miguel Alemán, por Francisco Labastida, Diego Fernández de Cevallos, Miguel Alemán Velasco y Beltrán del Río, quien prologó el texto editado por Plaza Valdés.
Adelantó que “va a tener una actualización de información histórica”, contó un tema como ejemplo. Se trata de la expropiación petrolera de 1938, a cargo del general Lázaro Cárdenas del Río. “Por qué ocurrió la expropiación petrolera cobra importancia ahora, que en otros tiempos se pensó que era para rescatar la riqueza petrolera, pero hay algo más importante que el petróleo: los valores nuestros del orden constitucional, jurídicos. Cárdenas fue uno de los presidentes mexicanos que con más ahínco y valentía defendió y protegió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso no lo tenemos presente, ahí están los hechos, la defendió y protegió; y curiosamente, un partido que dice supuestamente que admira al general Cárdenas no se compadeció de la Corte”.
Lizeth Karina Villeda García, actual directora general del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha sido señalada por utilizar instalaciones del Poder Judicial para grabar videos de desarrollo personal en horario laboral y promoverse como “coach consciente”. De acuerdo con una investigación publicada en un medio de circulación nacional, Villeda —quien anteriormente se desempeñó como jueza de Distrito en Chiapas— habría grabado su contenido en las oficinas de la Corte, aprovechando su posición dentro del máximo tribunal del país.
La inflación en México se moderó a 3.57 por ciento anual en octubre, por debajo del 3.76 por ciento del mes previo, principalmente por la desaceleración en el índice no subyacente. En su desglose, la inflación subyacente se situó en 4.28 por ciento anual, cifra igual a la registrada en septiembre, siendo esta la variación más alta desde abril de 2024.
El auge bancario terminó este año debido a la caída de las tasas de interés y la debilidad de la economía mexicana, reconoce el gremio. El sector atravesó la separación de Citi de Banamex y perdió CIBanco, que no pudo reponerse del golpe reputacional que significó el señalamiento del gobierno de Estados Unidos por supuestas operaciones ligadas al lavado de dinero, cuyo negocio fiduciario quedó en manos de Multiva, mientras Intercam, también acusado por la Unión Americana, vendió gran parte de sus activos a Kapital Bank.
Tras 40 días de cierre de gobierno, los senadores estadounidenses lograron anoche un acuerdo provisional para poner fin a la situación, la cual ha paralizado servicios públicos, provocado la cancelación de miles de vuelos y dejado a empleados federales sin pago desde hace seis semanas. Republicanos y demócratas acordaron dotar de fondos al gobierno federal hasta enero, tras disputas sobre subsidios de atención médica y beneficios alimentarios, informaron CNN y Fox News.
Los ataques a presuntas lanchas de drogas por parte de Estados Unidos centraron ayer la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), que reclamó en su declaración final el «pleno cumplimiento del derecho internacional» en la lucha contra el narcotráfico.
¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.
Sociedad Noticias 