El Ejército justificó su actuación y anunció nuevas medidas de seguridad. Revisión de protocolos federales.
Por Paola Ramírez | Reportera
Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó que “el protocolo de nosotros no falló” y dio sus razones por las cuales no existió una intervención inmediata del Ejército Mexicano, ni de la Guardia Nacional en el caso del asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido en Uruapan, Michoacán.
El hecho ocurrió el pasado 1 de noviembre de 2025, durante la celebración de Día de Muertos en la región, y generó críticas por la aparente falta de protección al funcionario municipal. Manzo había reportado previamente amenazas y solicitudes de resguardo oficial ante las autoridades competentes. Las denuncias formaban parte de expedientes abiertos en materia de seguridad pública.
Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional en el marco de la tradicional conferencia de prensa Presidencial, Trevilla Trejo afirmó que el protocolo operativo del Ejército no falló y que la responsabilidad recaía en otros niveles de seguridad. Explicó que la negativa inicial del edil para aceptar escoltas de la Guardia Nacional pudo reducir su nivel de protección personal en territorio michoacano.
“Plan Michoacán para la Paz”
El general detalló que la Guardia Nacional cuenta con elementos capacitados en protección de funcionarios y con entrenamiento especializado. Aclaró que, en este caso, la asignación de personal requería autorización expresa del funcionario solicitante. El objetivo del protocolo, dijo, es garantizar que las acciones de resguardo se realicen bajo consentimiento y coordinación civil.
Trevilla Trejo anunció el fortalecimiento de medidas mediante el “Plan Michoacán para la Paz y la Justicia”, implementado por el gobierno federal tras el incremento de agresiones contra servidores públicos. Este plan contempla patrullajes coordinados, inteligencia preventiva y presencia militar en zonas de riesgo político. Las acciones fueron aprobadas por la mesa de seguridad estatal.
El alto mando militar subrayó que se revisarán los mecanismos de protección a alcaldes, diputados locales y funcionarios municipales. Agregó que las nuevas disposiciones buscan unificar criterios entre la Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los gobiernos estatales. La instrucción presidencial, afirmó, fue reforzar la atención en zonas con alto nivel de violencia.
Investigación en curso
A pesar de los cuestionamientos sobre la participación de las fuerzas castrenses durante el ataque, el secretario señaló que las investigaciones correspondían a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Indicó que la dependencia federal no intervendría en el proceso judicial, salvo para apoyar con peritajes y análisis balísticos. El expediente permanece bajo reserva ministerial.
El general Trevilla confirmó que las indagatorias se concentran en determinar las rutas de los agresores y la posible relación con grupos criminales regionales. Hasta el momento, la FGE Michoacán no ha informado de detenciones vinculadas al homicidio. Las autoridades esperan resultados periciales en las próximas semanas.
Fuentes oficiales revelaron que el edil Carlos Manzo había solicitado apoyo logístico meses antes del ataque, sin obtener respuesta inmediata. La falta de acompañamiento generó críticas hacia los protocolos de reacción del Ejército y la Guardia Nacional. El caso será analizado en el Consejo Nacional de Seguridad. –sn–
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