El gobierno federal se desvincula de una propuesta legislativa polémica.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum se deslindó de la iniciativa presentada por el diputado federal de Morena, Arturo Ávila, que pretendió reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en materia de neutralidad digital y prevención de discursos de odio.
Durante su conferencia de prensa de este miércoles, la mandataria aclaró que el gobierno federal no participó en la elaboración del documento ni sostuvo reuniones previas para su análisis, subrayando que se trató de una propuesta exclusiva de un legislador.
Sheinbaum puntualizó que la administración federal no revisó la iniciativa y reiteró que su gobierno mantuvo una postura respetuosa de la división de poderes, evitando intervenir en temas que correspondieran al ámbito legislativo.
Origen de la propuesta
El diputado Arturo Ávila, integrante de la bancada de Morena, propuso adicionar un párrafo al artículo 16 de la citada ley para regular la actuación digital de ministros de culto y asociaciones religiosas con presencia en redes sociales y plataformas digitales.
El proyecto planteó que dichos actores se sujetaran a lineamientos emitidos por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de garantizar derechos digitales y prevenir discursos de odio.
No obstante, el texto generó controversia entre distintos sectores religiosos y defensores de derechos humanos, quienes consideraron que su aplicación podría vulnerar la libertad de expresión y el principio de autonomía de las comunidades religiosas.
Reacciones de la Iglesia
El obispo auxiliar Francisco Javier Acero Pérez, de la Arquidiócesis Primada de México, afirmó que la iniciativa era contraria a los principios constitucionales y advirtió que representaba un retroceso en materia de libertad religiosa y de expresión.
Organizaciones civiles lanzaron campañas digitales para reunir firmas contra la propuesta, señalando que su aprobación implicaría un retorno a restricciones similares a las impuestas durante el siglo pasado en México.
Ante la presión social y los cuestionamientos públicos, el legislador Arturo Ávila decidió retirar formalmente su propuesta y expresó su disposición al diálogo con distintos sectores para construir un marco jurídico incluyente. –sn–
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