Coparmex presentó un posicionamiento nacional y urgió respuestas ante la extorsión.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó en Tijuana un documento en el que expuso la gravedad de la extorsión en el país. El acto reunió a representantes empresariales de diversas ciudades y planteó datos que describieron un deterioro acelerado en seguridad. En su mensaje, Coparmex afirmó que “México enfrenta un gran desafío” y pidió acciones inmediatas del Estado.

El posicionamiento mencionó que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, marcó un punto crítico para comunidades afectadas por la violencia. La organización señaló que ese hecho generó movilizaciones diversas y despertó preocupaciones entre sectores productivos. Coparmex subrayó que “vivimos en un país donde la violencia cotidiana crece” y que se requieren respuestas coordinadas.

En el encuentro participaron 71 liderazgos empresariales que representan a más de cien ciudades del país y que compartieron diagnósticos de distintas regiones. Coparmex indicó que jóvenes, médicos, enfermeras, trabajadores judiciales, transportistas y agricultores enfrentaron riesgos crecientes. El documento afirmó que existen “voces distintas, que demuestran un país cansado de vivir con miedo”.

Extorsión en México

El posicionamiento señaló que la extorsión dejó de ser un fenómeno marginal y se convirtió en una estructura que condicionó la vida económica. El organismo expuso que estos delitos definieron quién invirtió, quién abrió negocios y quién permaneció en territorio. “La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios”, afirmó el texto.

Datos compartidos por la organización indicaron que en el año se registraron 8 mil 585 víctimas, un incremento de 5.2 por ciento respecto al periodo previo. Además, los municipios fronterizos concentraron 11.8 por ciento de los casos, con un aumento anual de 15.2 por ciento. Coparmex sostuvo que estas cifras no incluyen la cifra negra por desconfianza y temor a represalias.

La organización explicó que Tijuana presentó ciclos complejos pero avanzó en la construcción de modelos locales de contención del delito. Señaló que esos esfuerzos podrían servir como referencia nacional para regiones con problemas similares. El documento aseguró que “este país no está condenado” y que requiere un Estado activo y una sociedad comprometida.

Demandas al Estado

Coparmex pidió al gobierno federal encabezar una estrategia nacional contra la extorsión que supere coyunturas políticas. El organismo solicitó armonización legislativa, presupuesto adecuado y fortalecimiento institucional. El documento expresó que se necesitan recursos acordes al impacto económico y social del delito.

A los gobiernos estatales y municipales, la organización solicitó depurar y profesionalizar corporaciones policiales para garantizar presencia territorial suficiente. También pidió cuerpos confiables que respondieran con eficacia ante situaciones de riesgo. En el texto se afirmó que “no hay estrategia que resista si no hay capacidad de respuesta”.

En el caso del Senado, Coparmex urgió la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión. La organización destacó que esta legislación ya fue votada en la Cámara de Diputados y que resulta crucial para la homologación de criterios. “México no puede esperar”, señaló el documento al describir la urgencia legislativa. –sn–

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