SN Redacción
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el gobierno de aquel país no enviará fuerzas militares a México de manera unilateral, aunque aseguró que su país está dispuesto a ofrecer apoyo en capacitación, equipo e inteligencia si el gobierno mexicano así lo solicita. «Podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con intercambio de inteligencia y con muchas otras cosas. Pero tendrían que pedirlo», sostuvo el funcionario federal estadounidense.
La Administración del presidente Donald Trump reveló ayer un emporio de casinos en México controlado por un grupo del crimen organizado de Albania, con operaciones también en Canadá y Polonia, que, aseguró, está al servicio del Cártel de Sinaloa para lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de EU reveló que el grupo es controlado por la Familia Hysa (Luftar, Arben, Fatos, Ramiz y Fabjon Hysa, además de Eselda Baku, antes Eselda Hysa, hija de Ramiz), la cual estaría detrás de por lo menos 10 casinos en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco, en colaboración directa con el Cártel. El único individuo señalado que nació en el país, considerado «comisionado» de operaciones del grupo, sería el sinaloense Gilberto López López.
Una juez federal vinculó a proceso a Alejandro Vera, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM 2012-2018), por el delito de delincuencia organizada, pero rechazó procesarlo por el lavado de 77.8 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra. En una audiencia de más de 12 horas concluida ayer en la madrugada, Guillermina Matías, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sujetó a procedimiento a Vera sólo por uno de los dos delitos que le imputó la FGR. Sin embargo, el exfuncionario se quedará preso en el penal del Altiplano, ya que la juzgadora le ratificó la prisión preventiva de oficio, al ser la delincuencia organizada un ilícito que tiene prevista esa medida cautelar.
A pedido del acusado, un juez federal determinó que a más tardar el próximo sábado a las 11:50 horas resolverá si le inicia un proceso a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen, por presuntamente ser el segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. De acuerdo con fuentes judiciales, en su primera audiencia ante Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca, el exagente de inteligencia se reservó su derecho a declarar.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) ordenó levantar medidas cautelares con las que Grupo Salinas ha conseguido retrasar, con la protección de un juez de la capital del país, el pago de una deuda en Estados Unidos que ronda 600 millones de dólares, unos 11 mil 100 millones de pesos.
Cuatro expolicías municipales de Lagos de Moreno, Jalisco, fueron sentenciados a 40 años de prisión por la desaparición forzada de cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí. Los condenados, detenidos en mayo de 2022, son Erick Irineo Hernández Larios, Óscar Abascal Polito, Juan Manuel Márquez de la Paz y Seyed Muhammad Husain Martínez Orozco. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la sentencia luego de que agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, presentaron pruebas suficientes ante el juez.
El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito en Atlanta, Georgia, otorgó un amparo a Delta y Aeroméxico para evitar la disolución; esta acción responde a la apelación de las dos aerolíneas, mientras se revisa la validez de esta medida en Estados Unidos.
En apenas una hora con 38 minutos, sin debate y con posturas exclusivamente técnicas «para no politizar» los fallos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ayer de manera definitiva siete de los nueve juicios fiscales multimillonarios promovidos por Grupo Elektra y Tv Azteca, algunos con hasta 16 años de antigüedad y más de 18 meses en espera de resolución en el Alto Tribunal. Por unanimidad, el Pleno confirmó las sentencias de Tribunales Colegiados que obligan a las empresas a liquidar créditos fiscales, en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige 48 mil 326 millones 928 mil pesos por concepto del impuesto sobre la renta (ISR), actualización, recargos y multas de los ejercicios de 2008 a 2013.
Con ello, en la Corte sólo quedan dos asuntos pendientes —uno de Nueva Elektra del Milenio y otro de Totalplay—, que suman más de 712 millones de pesos, los cuales se verán el próximo miércoles. Los siete juicios mencionados se desecharon en distintas votaciones —todas unánimes— porque los Ministros concluyeron que las impugnaciones de las firmas de Grupo Salinas no tenían interés constitucional excepcional, ya que el Máximo Tribunal había resuelto antes los mismos temas sobre la Ley ISR. Los fallos de la Corte también marcan precedente para tribunales y juzgados, que impactarán en juicios similares, incluso del mismo conglomerado, que combaten las mismas normas, lo que facilitará su resolución. Los siete asuntos se resolvieron mediante 15 proyectos, relativos a amparos directos en revisión, impedimentos y recursos de reclamación. Fuentes de la SCJN informaron que el pleno acordó previamente no «politizar» las resoluciones con pronunciamientos contra el conglomerado.
Ante lo que calificó como un «golpe fulminante a la justicia y al Estado de derecho en nuestro país», el Grupo Salinas anunció que acudirá a instancias internacionales para dirimir su litigio fiscal. Reprochó que las resoluciones emitidas por la SCJN «espuria» y sus Ministros «del acordeón», «nos obligan a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, con el propósito de asegurar la plena garantía y protección de nuestros derechos humanos». Anticipó que insistirá en la «eliminación de los cobros dobles inconstitucionales y las multas desproporcionadas, y exhibiendo ante los ojos del mundo todas las pruebas de la persecución política sistemática en contra del señor (Ricardo) Salinas Pliego y del autoritarismo de la mal llamada 4T. En un comunicado, se quejó de que entre los «Ministros ilegítimos, no hubo un solo cuestionamiento al guion enviado desde Palacio Nacional» consideró que las resoluciones envían «una señal peligrosa para las inversiones en México».
Horas después de la decisión unánime de los Ministros, la mayoría en la Cámara de Diputados respaldó que la SCJN desechara en definitiva los últimos recursos de Grupo Elektra y TV Azteca para impugnar siete créditos fiscales. En un comunicado conjunto, las bancadas de Morena, el PVEM y el PT afirmaron que la resolución de la SCJN fue tomada en apego a la Constitución. «Respaldamos firmemente las decisiones que, con apego a la Constitución, tomó sobre estos asuntos el Pleno de la Suprema Corte«, indicaron.
La propuesta del Banco de México (Banxico) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para limitar las comisiones en cobros con tarjetas bancarias, con el fin de promover el uso de esos instrumentos, ha generado inconformidad en el sector financiero. En su defensa, los grupos financieros argumentan que se trata de un control de precios con efectos contraproducentes y, además, se incentivará un mayor uso del efectivo en el país. El pasado 27 de octubre, Banxico y la CNBV sometieron a consulta pública ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el proyecto de las nuevas disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, con miras a reducir los costos de las operaciones de pago con tarjetas, mejorar las condiciones de los tarjetahabientes e incrementar el número de comercios que aceptan dicho pago en el país.
Luego de que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentaran derribar las vallas metálicas que resguardan Palacio Nacional, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantiene mesas de diálogo abiertas en distintos estados del país y cuestionó la necesidad de las recientes movilizaciones.
La historia del ya exjuez Luis Acayro Sánchez (Tenerife, 1976) no es nada habitual. No lo es que un tribunal decida echar a un magistrado de la carrera, pero lo es menos aún cuando la sentencia la firma un Tribunal Supremo totalmente fracturado. Tres votos a favor y dos votos en contra decidieron inhabilitar de la carrera judicial durante 10 años a este togado que poseía una plaza en Santander (Cantabria), desde donde llevaba años luchando contra la corrupción urbanística.
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dean Spielmann, hizo público ayer su informe sobre la ley de amnistía, a la que avaló en sus aspectos esenciales. Su conclusión es que la norma, que permitió el perdón de todos los implicados en causas judiciales por el procés en Cataluña, no es contraria al derecho comunitario en materia de terrorismo ni choca contra los intereses financieros de la UE.


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