Diariamente se cometen 12 invasiones a propiedades en la ciudad de México. Más recursos para impulsar el liderazgo de las mujeres en la ciudad de México. 

Por Luis Muñoz  

Protegidos o no por autoridades corruptas, lo cierto es que el delito de despojo se ha convertido en un auténtico cáncer que daña el patrimonio de infinidad de familias.

El problema no es de ahora, pero sí ha empeorado en los últimos años. Con todo lo que ha estado pasando, ya es hora de ponerles un hasta aquí a esas bandas criminales que actúan con absoluta impunidad.

El gobierno de la ciudad no puede ni debe minimizar estos atropellos, ni hacerse de la “vista gorda”.

El diputado Diego Garrido (PAN) ha denunciado y documentado numerosos casos en los que las familias ven amenazadas sus propiedades.

Para tener una idea de la gravedad de esta situación, el legislador dio a conocer algunos datos, que no son pocos ni aislados.

En materia de despojo, Garrido expuso que las cifras son alarmantes: desde 2018 hasta junio de 2025, se han denunciado un total de (casi) 29 mil despojos, lo que equivale a unas 12 invasiones violentas diarias en la Ciudad de México.

El método es lo de menos. 

El despojo de propiedades es el delito de ocupar un inmueble ajeno, ya sea mediante violencia, amenazas o de forma furtiva, demostrando el propósito de apropiarse de él. 

Se sanciona incluso si la posesión del bien es dudosa o está en disputa. Las penas por este delito han aumentado en algunas jurisdicciones, como el estado de México, que aprobó hasta 25 años y 6 meses de prisión, y la ciudad de México ha lanzado estrategias para combatirlo.

El despojo no solo arrebata el patrimonio forjado con años de esfuerzo de familias enteras, también genera incertidumbre jurídica que inhibe la inversión, por ello se busca una solución integral, modificando el marco normativo con el fin de sancionar de manera más enérgica a quienes cometen el delito de despojo y ofrecer seguridad y certeza jurídica a los propietarios de cualquier inmueble ante la invasión ilegítima de sus bienes.

Los cambios sustanciales en esta materia, dijo el diputado Garrido, son: que la pena mínima para el delito de despojo se eleva de 5 a 6 años y la máxima de 10 a 11 años de prisión.

Sin embargo, esas penas parecen poco severas pues no solucionan el problema si los autores del delito alcanzan la libertad bajo fianza.

De acuerdo a lo que se sabe, el delito de despojo actualmente no está incluido en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México, conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Eso significa que la prisión preventiva oficiosa se aplica únicamente para un listado específico de delitos considerados de alto impacto o graves, tales como delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, violación, feminicidio, robo de casa habitación, entre otros, pero hasta donde se sabe, el delito de despojo no aparece en este listado.

Es importante destacar que se adiciona como métodos de comisión la “simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad, atacando directamente el fraude documental que es el modus operandi de la delincuencia organizada.

Además de sancionar a quien mantenga la ocupación del inmueble tras ser requerido por la autoridad. Lo más importante es que el delito se considera continuo hasta que la víctima sea restituida en el derecho. Esto obliga a la pronta actuación de las autoridades y a que el delito comience a computarse hasta posterior en que se restituya el inmueble a la víctima.

Hoy, la férrea defensa del diputado Diego Garrido de estas familias vulnerables ante el despojo de su propiedad, abre la posibilidad de estas bandas dejen de actuar impunemente bajo el cobijo de algunos funcionarios corruptos.

MÁS RECURSOS AL LIDERAZGO DE MUJERES

La diputada Martha Ávila aclaró este jueves que la propuesta de aumentar del 5% al 10% los recursos que se destinan a actividades para el desarrollo y capacitación del liderazgo político de las mujeres, no implica incrementar el presupuesto total de los partidos políticos, sino reorientar una mayor proporción de los recursos ya asignados hacia el impulso de liderazgos femeninos.

El objetivo de la reforma precisa que con este aumento se busca fortalecer la paridad de género, reducir la discriminación y violencia política contra las mujeres, así como garantizar no solo su presencia numérica en los espacios de decisión, sino también su formación y participación efectiva en la vida pública.

La diputada Ávila, representante del Distrito 28 de Iztapalapa en el Congreso de la Ciudad de México, presentó previamente una iniciativa en materia de financiamiento público para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en la Ciudad de México.

Destacó los avances alcanzados en materia de paridad de género, y dijo que por primera vez en la historia de México una mujer de izquierda ocupa la Presidencia de la República y, otra, la capital del país, comprometidas con las causas sociales y la igualdad sustantiva.

Sin embargo, subrayó que persisten brechas de discriminación y violencia política que impiden el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Por ello, explicó, la iniciativa tiene como fin garantizar condiciones reales para el desarrollo de liderazgos femeninos, donde estas sean capaces de incidir con libertad e igualdad en los espacios de la esfera política y en la toma de decisiones.

*Periodista: lm0007tri@yahoo.com.mx

Columna anterior: Piden a la Contraloría investigar al alcalde de Coyoacán

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