Productores reprobaron la iniciativa hídrica de Morena y legisladores advirtieron riesgos. Primer análisis

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erubiel Alonso Que, convocó al cuarto foro “Agua para Tabasco”, donde escuchó inquietudes de productores y dirigentes, y afirmó que la propuesta de Morena sobre la Ley General del Agua implicaba riesgos para el patrimonio local. En presencia del coordinador Rubén Moreira y de la diputada Leticia Barrera, señaló que el proyecto buscaba apropiarse de tierras, cultivos y parcelas en perjuicio de las comunidades. También llamó a construir una defensa conjunta, al resaltar la asistencia del dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Acosta, como señal de unidad tabasqueña.

El legislador expuso que el estado enfrentaba altos niveles de desempleo, caída económica y nuevos impuestos, mientras persistía el abandono en infraestructura y servicios públicos. Mencionó que no se construyeron calles, hospitales ni universidades en el periodo reciente, lo que agravó el malestar social. Indicó que la inseguridad también aumentaba mientras no existían soluciones concretas desde el gobierno federal.

A su vez, Rubén Moreira explicó que la iniciativa enviada por la Presidencia de la República incorporaba cambios simultáneos a la Ley General del Agua y a la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Precisó que el dictamen permanecía en la Comisión de Recursos Hidráulicos con solicitudes de opinión a la Comisión del Campo y a la Comisión de Ganadería. Aclaró que el proyecto formaba parte de un paquete legislativo con implicaciones técnicas y fiscales de amplio alcance.

Alcances de la iniciativa

El coordinador del PRI comentó que la Cámara de Diputados organizó tres foros regionales con sede en la Ciudad de México y participación restringida mediante Zoom. Sostuvo que ese formato reducía espacios de diálogo y alertaba sobre una posible aprobación acelerada sin deliberación nacional. Añadió que la ausencia de foros en estados productores impedía una evaluación completa de los impactos en el manejo del agua.

Moreira Valdez pidió a comunidades, especialistas y organizaciones informarse sobre los alcances del proyecto, ya que incluía nuevas obligaciones de registro, permisos y sanciones. Subrayó que esos requisitos afectarían directamente las actividades agrícolas y ganaderas del país. Concluyó que la responsabilidad legislativa consistía en difundir los contenidos y recuperar opiniones para evitar una aprobación sin debate público.

En su intervención, Leticia Barrera expuso que la propuesta de Ley de Aguas Nacionales penalizaba a usuarios y concentraba decisiones en un comité nacional sin espacios para actores locales. Explicó que la iniciativa vinculaba informes productivos con temas fiscales, lo que generaba inquietud entre campesinos. Llamó a una “revolución de conciencia” para defender tierras y agua como herencia histórica surgida de la Revolución Mexicana.

Riesgos para productores

La diputada afirmó que el PRI y la Confederación Nacional Campesina (CNC) recorrerían los 32 estados para escuchar productores y presentar una defensa legislativa amplia. Indicó que la unidad entre fuerzas políticas y organizaciones resultaba indispensable para enfrentar un proyecto que alcanzaba la vida diaria de las comunidades rurales. Recordó que el acceso al agua constituía un elemento estratégico para el desarrollo nacional.

El secretario técnico del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Sulub Caamal, señaló que la iniciativa representaba un riesgo directo para campesinos y pequeños productores. Explicó que la tierra no podría transferirse junto con el derecho de agua, lo que implicaba pérdida patrimonial significativa. Agregó que la transferencia de predios con agua podía derivar en multas millonarias y penas de prisión de hasta doce años.

En el foro participaron Ramón Cornelio Gómez, delegado de la CNC; José Reyes Sánchez, exrector de la Universidad de Chapingo; Rafael Acosta León, dirigente estatal del PRD, y Miguel Barrueta Cambrano, presidente del PRI en Tabasco. Los ponentes señalaron que la iniciativa debía considerar que el estado sufría inundaciones recurrentes y no escasez hídrica. También solicitaron incluir criterios técnicos regionales para evitar normativas centralizadas sin conocimiento territorial. –sn–

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