Tortura diaria en Puebla persiste mientras CDH minimiza gravedad del delito. Cifras alarmantes.

Por Jorge Hernández | Corresponsal                                     

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que en los últimos ocho años se abrieron 2 mil 765 carpetas de investigación por tortura, incluyendo tratos y penas crueles, lo que equivale a casi un caso diario. Los datos revelaron que agentes ministeriales, policías municipales y estatales, así como custodios penitenciarios, cometieron estas prácticas. A pesar de la evidencia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, soslayó sistemáticamente estos delitos en su informe anual.

El documento de 17 cuartillas dedicó únicamente un renglón y medio al tema de la tortura, equivalente a 20 palabras, lo que evidenció la marginalidad con que fue tratado. Las cifras oficiales mostraron que los casos se concentraron en distintas regiones del estado y afectaron a múltiples víctimas. Esta omisión generó cuestionamientos sobre la función de supervisión y defensa de derechos humanos por parte de la CDH.

Los protocolos internacionales de detección de tortura, conocidos como Protocolos de Estambul, fueron mencionados por la titular únicamente para afirmar un compromiso teórico con su erradicación. Sin embargo, no se detallaron resultados ni acciones concretas contra los responsables. Esto provocó que la sociedad civil y expertos cuestionaran la efectividad de la supervisión de la CDH.

Críticas institucionales

Durante la presentación del informe en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), la presidenta invitó solo a simpatizantes y excluyó a ciertos medios de comunicación, entre ellos La Jornada de Oriente. El término “tortura” se mencionó una sola vez, reduciendo su relevancia frente a otros temas secundarios. La decisión de minimizar el tema fue interpretada como un intento de ocultar la gravedad de la situación.

La solicitud de información con folio 210448325000061 reveló que en lo que va del año la CDH recibió 11 quejas por tortura, lo que indica al menos un caso mensual que llegó a revisión oficial. Durante 2024, el primer año de gestión de Sánchez Soya, se registraron 64 quejas, lo que equivale a más de una por semana. Estas cifras contrastan con la escasa atención otorgada en el informe anual.

En los últimos tres años, la FGE abrió 251 carpetas de investigación por tortura, equivalente a 1.6 casos por día, sin que la CDH emitiera recomendaciones significativas ni informes detallados. La tortura es considerada la máxima violación a los derechos humanos y está tipificada en la Constitución del estado de Puebla como delito imprescriptible. Esta situación refuerza la percepción de ineficiencia y banalización por parte del organismo defensor.

La banalidad del mal

El análisis del informe anual mostró que la presidenta dedicó más espacio a la biblioteca de la CDH, publicaciones y folletos que a la tortura, con cinco párrafos frente a renglón y medio. Esta tendencia se observó en los últimos ocho años, período durante el cual la CDH recibió 719 quejas por tortura y emitió un número mínimo de recomendaciones. Expertos interpretan que la Comisión funciona como un organismo de ornato, cumpliendo formalidades sin enfrentar los crímenes de lesa humanidad.

Hannah Arendt, filósofa alemana citada por Sánchez Soya, describió la trivialización del mal como la “banalidad del mal”, concepto que aplica a organismos que minimizan crímenes sistemáticos. Arendt explicó que la burocracia puede ejecutar violaciones graves como procedimientos rutinarios, ignorando las consecuencias éticas y morales. El investigador Miguel J. Hernández Madrid, del Colegio de Michoacán, señaló que la cita ilustra cómo estructuras oficiales pueden normalizar abusos sin asumir responsabilidades.

La omisión del tema de la tortura evidencia que, pese a las leyes y protocolos, Puebla enfrenta un problema persistente de violencia institucional. La sociedad y organismos de derechos humanos exigieron transparencia, seguimiento de quejas y sanción a los responsables. La combinación de cifras oficiales y negligencia administrativa genera preocupación sobre la protección de garantías fundamentales en el estado. –sn–

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