Congreso de Durango aprobó reformas penales y fortaleció sanciones médicas.
Por Martín García | Reportero
El Congreso de Durango aprobó la Ley Nicole y modificó el Código Penal estatal para prohibir cirugías estéticas en personas menores de 18 años. La reforma incluyó excepciones para procedimientos reconstructivos con justificación médica. También incorporó sanciones más severas contra falsos profesionales de la salud.
La Comisión de Justicia presentó el dictamen ante el Pleno durante sesión ordinaria y señaló la corresponsabilidad de padres y centros hospitalarios. El documento apuntó a la concientización sobre los riesgos de estos procedimientos en menores de edad. Asimismo, la comisión subrayó la necesidad de reforzar la supervisión de quienes realizan estas intervenciones.
La Ley Nicole se originó por el caso de una menor de 15 años que falleció tras una cirugía estética realizada por la pareja de su madre. El dictamen planteó penas de dos a seis años de prisión a quienes se atribuyeran falsamente títulos o grados académicos. También estableció multas que oscilaron entre 200 y 500 UMA.
Sanciones y controles
El dictamen del Congreso indicó penalidades adicionales para quienes efectuaran servicios profesionales sin acreditaciones válidas. Las autoridades estatales precisaron que la falsificación de competencias afectó directamente la seguridad de pacientes. La reforma contempló mecanismos para identificar a responsables y fortalecer la vigilancia institucional.
Las modificaciones al Código Penal estatal añadieron penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes realizaran procedimientos médico-quirúrgicos sin certificación especializada. El texto legislativo incluyó multas de 300 a 600 UMA para estos casos. Las autoridades afirmaron que las medidas respondieron a un incremento de intervenciones riesgosas en la entidad.
El Congreso reportó que hospitales privados y consultorios independientes serían sujetos a revisiones periódicas. La legislación planteó criterios de evaluación para verificar certificaciones profesionales. El dictamen expuso que estas medidas buscaban reducir incidentes relacionados con prácticas irregulares.
Implicaciones legales
Los legisladores indicaron que la Ley Nicole generó nuevas obligaciones para instituciones médicas. El texto enfatizó que los centros hospitalarios debieron corroborar la autenticidad de las acreditaciones de su personal. También señaló que la omisión de esta verificación implicaría consecuencias legales.
La reforma precisó que padres o tutores compartirían responsabilidad al autorizar intervenciones prohibidas. El Congreso destacó que la corresponsabilidad se aplicaría cuando existieran daños derivados de procedimientos no reconstructivos en menores de edad. Asimismo, la legislación determinó que estos casos serían investigados bajo criterios de protección de la infancia.
El dictamen sostuvo que las autoridades de salud debieron integrar un registro actualizado de especialistas certificados. Los legisladores apuntaron que el objetivo consistió en facilitar verificaciones para la ciudadanía. La medida incluyó coordinación con colegios médicos y organismos certificadores. –sn–


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