La jueza negó la libertad anticipada y confirmó requisitos incumplidos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La juez federal Ángela Zamorano Herrera negó la libertad anticipada solicitada por Javier Duarte de Ochoa y sostuvo que el ex gobernador no cumplió con las condiciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La audiencia concluyó con el rechazo formal de la petición tras revisar los argumentos de la defensa. Funcionarios judiciales confirmaron que el trámite quedó cerrado al no acreditarse los requisitos legales.

El expediente estableció que Duarte incumplió dos de los siete criterios necesarios para obtener la preliberación solicitada. La juez explicó que el requisito más relevante era no estar sujeto a procesos adicionales. Documentos oficiales mostraron que el exmandatario mantenía un caso abierto por desaparición forzada.

El exgobernador conservó un proceso penal en Veracruz relacionado con la acusación de entorpecer una investigación por desaparición. Dicho procedimiento había recibido un auto de no vinculación a proceso que debía ser revisado por un tribunal. Autoridades estatales indicaron que la resolución pendiente impediría conceder cualquier forma de beneficio anticipado.

Antecedentes del caso

La pena impuesta a Javier Duarte ascendió a nueve años de prisión y fue fijada para concluir en abril de 2026. El expediente confirmó que la sentencia quedó firme en 2018 tras un procedimiento abreviado aceptado por el acusado. Órganos judiciales detallaron que la inhabilitación para ejercer cargos públicos permanecía vigente durante el mismo periodo.

El ex gobernador fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala, tras una orden internacional emitida por autoridades mexicanas. Reportes de la Auditoría Superior de la Federación señalaron un desfalco superior a sesenta mil millones de pesos durante su administración. Investigaciones federales documentaron la utilización de alrededor de cuatrocientas empresas fantasma para desviar recursos.

El proceso judicial incluyó acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Autoridades federales señalaron desvíos de fondos destinados a programas de salud, educación y desarrollo social. La extradición de Duarte ocurrió en julio de 2017 y marcó el inicio formal de su proceso penal en México.

Audiencia y argumentos de la FGR

Durante la audiencia del 19 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó testimonios dirigidos a acreditar la improcedencia de la preliberación. La fiscalía subrayó que Duarte aún enfrentaba un proceso por desaparición forzada relacionado con hechos ocurridos en 2013. Los agentes ministeriales mencionaron que el exgobernador había realizado maniobras legales para retrasar procedimientos.

El Ministerio Público de la Federación señaló que Duarte habría demorado deliberadamente varias diligencias e incluso presentó certificaciones médicas que complicaron el avance de las causas. Funcionarios federales afirmaron que estas acciones afectaron la continuidad de los procesos en curso. Los registros oficiales confirmaron que dichas conductas fueron integradas al análisis de la jueza.

Cinco integrantes de la Fiscalía de Veracruz comparecieron como testigos para exponer las estrategias legales atribuidas al exmandatario. La fiscal Denise Moreno Córdova describió la interferencia del gobernador en el caso de un taxista desaparecido en 2013. Los testimonios abordaron acusaciones por peculado, incumplimiento del deber público y desaparición forzada del fuero común. –sn–

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