Sheinbaum anuncia avances agrícolas y propone reforma de agua. Diálogo con el sector.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum indicó que alrededor de las 11:00 horas la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, ofrecería una conferencia para informar sobre avances con los sectores agrícola y transportista.
Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, señaló que se habían realizado mesas de trabajo con las partes involucradas y que el diálogo permanecía abierto. La mandataria agregó que algunos temas, como la Ley de Aguas, seguían en discusión en el Congreso.
Sheinbaum informó que se habían abierto foros en los que los interesados podían expresar sus opiniones sobre las concesiones de agua. La presidenta indicó que quienes tenían concesiones acaparadas no estaban de acuerdo con la nueva ley, pero se mantuvo el proceso de diálogo. Subrayó que se buscaba equilibrio entre el interés público y las voces de los sectores implicados.
Iniciativa de Ley General de Aguas
A inicios de octubre, el presidente Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. El objetivo era restituir el carácter nacional del agua y garantizar su acceso como derecho, conforme a los artículos 4 y 27 de la Constitución. La propuesta respondía a cambios legales de 1992 que habían permitido tratar las concesiones como bienes comerciables, provocando control insuficiente y uso ineficiente del recurso.
En la conferencia, Sheinbaum explicó que la reforma prohibía la transmisión y venta de títulos de concesión. Señaló que el agua seguía siendo un recurso de la nación y que solo se permitiría concesionarla para uso autorizado. La presidenta enfatizó que los cambios buscaban evitar abusos y garantizar la gestión responsable del recurso hídrico.
Entre los puntos relevantes, la iniciativa contemplaba la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales y el fortalecimiento de sanciones contra el robo o uso indebido. También se eliminaba la posibilidad de transferencia mercantil de concesiones. Estas medidas pretendían garantizar la conservación, planeación y administración adecuada de los recursos hídricos en todo el país.
Competencias y planeación
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, indicó que la Ley General de Aguas definía competencias claras para los tres niveles de gobierno. La norma fomentaba la planeación hídrica a distintas escalas y reconocía sistemas comunitarios de gestión. Esto permitiría una administración más ordenada y transparente del recurso en todo México.
Morales López explicó que se implementaría un nuevo Registro Nacional del Agua y se mejorarían los sistemas de medición y tecnificación para uso eficiente. La vigilancia y las sanciones se incrementarían para combatir delitos como el desvío ilegal y la corrupción. Estas acciones buscaban fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo del recurso hídrico.
La iniciativa contemplaba limitar el pago de la cuota de garantía a cinco años y priorizar la reasignación estratégica del recurso. Esto permitiría un uso más racional y equitativo del agua en todo el país. El presidente enfatizó que la gestión debía alinearse con el interés público y los objetivos de desarrollo sostenible.
Sanciones y combate al mercado negro
Se propuso combatir el mercado negro y el robo de agua mediante penas de uno a diez años de prisión y multas de 300 a 4 mil días de salario mínimo. Estas medidas buscaban disuadir prácticas ilegales y garantizar que el recurso se utilizara de manera responsable. La iniciativa establecía un marco legal más estricto para proteger a la población y los ecosistemas.
La Ley General de Aguas permitiría a agricultores y productores acceder a un marco regulatorio más claro y confiable. Sheinbaum señaló que la seguridad jurídica sobre el uso del agua beneficiaría directamente a las actividades productivas. Además, se mejorarían mecanismos de planificación y distribución para evitar conflictos entre usuarios.
El nuevo esquema legal proponía mejorar la transparencia en la gestión del recurso y evitar la concentración de concesiones en manos privadas. Se establecieron mecanismos de control más estrictos y participación comunitaria en la administración del agua. Esto reforzaba la supervisión y la rendición de cuentas frente a los ciudadanos.
El presidente Sheinbaum concluyó que la Ley General de Aguas garantizaría acceso equitativo, uso eficiente y protección del recurso como bien nacional. Destacó que la participación de todos los sectores en foros y mesas de trabajo fortalecía la legitimidad del proceso. La iniciativa buscaba consolidar un modelo sostenible y justo de gestión hídrica en México. –sn–
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