El Estado Mexicano aprobó una nueva ley y envió un mensaje contra la extorsión.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La diputada Azucena Arreola Trinidad afirmó en tribuna que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión estableció un límite firme a este delito, e indicó que la aprobación de la minuta se realizó durante la sesión de hoy en el pleno.

La legisladora federal explicó que la norma buscó cerrar espacios legales que facilitaban la operación de grupos dedicados a la extorsión y que afectaban a miles de personas en el país. La representante chiapaneca señaló que la reforma se integró a una estrategia nacional orientada a restituir la seguridad pública.

La diputada Azucena Arreola Trinidad aseguró que con esta legislación se recuperaría la tranquilidad del pueblo de México, al definir mecanismos que reforzaron la actuación de las autoridades competentes. Relató que comerciantes, transportistas y víctimas directas expresaron su exigencia de contar con instrumentos legales sólidos para enfrentar a los responsables. Indicó que la norma respondió a esa solicitud reiterada en distintos espacios institucionales.

La legisladora puntualizó que la ley incorporó veinte modificaciones distribuidas en quince artículos y un transitorio considerado clave para su implementación. Añadió que las disposiciones fortalecieron las sanciones aplicadas a quienes cometieron este delito y limitaron posibles prácticas evasivas ante la autoridad judicial. Subrayó que el marco legal se actualizó para impedir ventajas jurídicas que favorecieran a grupos delictivos.

Reformas y penas más severas

La diputada explicó que las penas aumentaron a rangos de quince a veinticinco años de prisión con el propósito de evitar que personas sentenciadas obtuvieran beneficios de libertad anticipada. Detalló que la reforma buscó romper incentivos que facilitaron el crecimiento de la extorsión en varios estados del país. Indicó que estas penas se homologaron con entidades que ya aplicaban sanciones de entre diez y quince años.

Señaló que algunas legislaciones locales mantenían castigos reducidos pese a la gravedad del delito y que la reforma federal corrigió estas disparidades. Apuntó que el mensaje de la minuta fue claro al cancelar la percepción de que la extorsión representaba un negocio de bajo riesgo para los responsables. Añadió que las penas efectivas se ajustaron para asegurar su cumplimiento sin excepciones.

La legisladora precisó que el cambio legal blindó el objetivo central de homologar castigos e impedir la liberación anticipada de personas sentenciadas por extorsión. Expuso que las medidas reforzaron el trabajo institucional para impedir que los responsables evadieran sus condenas por vacíos procesales. Sostuvo que el nuevo marco normativo cerró rutas de escape utilizadas por operadores delictivos.

Responsabilidad institucional y centros penitenciarios

Indicó que la reforma restableció sanciones severas dirigidas a servidores públicos vinculados con actos de corrupción relacionados con la extorsión. Explicó que diversas autoridades, entre ellas algunos fiscales, agentes del Ministerio Público, custodios y policías de distintos niveles, quedaron sujetas a controles más estrictos. Añadió que la norma buscó eliminar prácticas de omisión que facilitaron este delito durante años.

La legisladora exigió el fin de la complacencia institucional que permitió la repetición de actos delictivos en varias regiones del país. Recordó que numerosas extorsiones se realizaron desde el interior de centros penitenciarios y reclusorios, lo que evidenció fallas estructurales en los mecanismos de vigilancia. Expuso que la minuta planteó medidas específicas para atender este fenómeno.

Detalló que la ley endureció penas para quienes introdujeron dispositivos, facilitaron telecomunicaciones clandestinas o permitieron estas actividades desde cargos penitenciarios. Añadió que se estableció el uso obligatorio de inhibidores de señal en los centros de reclusión con el objetivo de evitar comunicaciones ilícitas. Indicó que también se impidió que personas que extorsionaron desde prisión accedieran a beneficios de preliberación. –sn–

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